El estadio de la Universidad Católica, recientemente remodelado y conocido como Claro Arena, emplazado en la parte alta de la comuna de Las Condes, incumple la seguridad contra incendios y por ende, pone en entredicho la seguridad de sus usuarios: deportistas y público en general que asiste a conciertos y eventos. Terceros expertos han advertido que las pinturas intumescentes, aplicadas en la estructura metálica del estadio carecen de respaldo normativo. Según consta, se utilizó el producto Fire Control de la empresa Sherwin Williams, el cual jamás ha contado con validación para elementos horizontales o inclinados y que, además, perdió en el año 2023 su aprobación para elementos verticales mediante resolución N°581 del Minvu del año 2022. 

En consecuencia, la protección contra incendios de ese equipamiento mayor es cuestionable, requiriendo una pronta revisión técnica por parte de dicha municipalidad, la cual ya solicitamos por escrito con fecha 10/09/20225 a Rocío Crisosto, en su calidad de directora de obras municipales (DOM), y a la jefa de recepción final de los proyectos de tal DOM, Rossana Meschi. Esta interpelación iba con copia a Carolina Casanova, Seremi Minvu de la región metropolitana de Santiago y a Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes.  

Este deplorable hecho trae inevitablemente a la memoria lo acontecido en el puerto de San Antonio, donde la Contraloría Regional de Valparaíso, al revisar la construcción del Estadio Municipal, determinó que las pinturas intumescentes instaladas no contaban con las certificaciones exigidas por la norma chilena NCh3040.Of2007. En ese vinculante dictamen N°  E505855/2024, se estableció con toda claridad que dicha norma es oficial en nuestro país y, por tanto, de aplicación obligatoria en obras públicas y privadas cuando los contratos firmados disponen cumplir con todas las normas chilenas.

La denuncia ingresada por la fundación Defendamos la Ciudad en Contraloría, bajo el N° E34068-2025, da cuenta de que cientos de obras públicas presentan deficiencias similares, reconocidas por la propia dirección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en sus diversos oficios. Si bien esa denuncia aún se encuentra en trámite en el ente fiscalizador, resulta evidente que debe aplicarse el mismo criterio establecido en San Antonio: la señalada norma NCh3040.Of2007 es exigible y no puede ser reemplazada por simples informes sin respaldo.

Frente a esta situación pendiente, no basta con que el Minvu siga entregando respuestas evasivas, lo que ha hecho hasta ahora. Es indispensable que el ministro, Carlos Montes, se decida a firmar, la actualización de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) en materia de seguridad contra incendios, lo que este columnista le ha dicho a Vicente Burgos, jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) de ese ministerio. Los lectores se sorprenderán al saber que el propio Minvu, con antelación, catalogó como urgente esta actualización que,  inexplicablemente, continúa guardada en un hermético cajón de tal ministerio. Mantenerla sin promulgarla sólo agrava la incertidumbre normativa y expone a miles de personas a riesgos evitables.

Por lo tanto, aprovechando esta publicación, le solicitamos a la Contraloría General de la República que extienda su dictamen a todas las obras del país, instruyendo sanciones ejemplares cuando se verifique la mala aplicación o la utilización de productos fuera de norma. Asimismo, exigimos que la alcaldesa de Las Condes fiscalice ella misma el estadio Claro Arena por la protección contra incendios y las pinturas irregulares utilizadas, pues se trata de un recinto masivo donde la vida de miles de asistentes depende de la correcta protección contra incendios.

No puede admitirse que, en obras financiadas con recursos públicos o en proyectos privados de gran envergadura, se validen simples “papeles” sin sustento normativo. La seguridad de las personas debe primar sobre cualquier interés económico o político. La experiencia de San Antonio lo demostró: sin fiscalización rigurosa del MOP y aplicación estricta de las normas oficiales, la ciudadanía queda expuesta a riesgos inaceptables.

En mérito de lo expuesto, esperamos que la propia contralora, Dorothy Pérez, exija que todos los proyectos que estipulan “cumplir con las normas chilenas”, deben necesariamente ceñirse a la mencionada NCh3040.Of2007, con  lo cual se evitarán las manoseadas interpretaciones laxas que terminan en vulneraciones graves a la seguridad. Asimismo confiamos que el ministro Montes, haciendo un paréntesis en su preocupación por la toma de un terreno en San Antonio, promulgará ojalá esta semana la actualización de la OGUC en seguridad contra incendios. Lo peor sería, si no lo hace, lamentar más adelante una tragedia anunciada.