Por Alfredo Peña R.

La Asociación Gremial Agrícola Central, propietaria del terreno en Talca, frente al estadio fiscal, donde el grupo de casinos Dreams ejecutaría y construiría el casino de juegos de la empresa, presentó en las últimas semanas al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Región del Maule una Consulta de Pertinencia (CP) informando una modificación de las instalaciones del recinto ex-FITAL. Toda esta acción administrativa se realizó en medio de la grave acusación de colusión  de la empresa Dreams por parte de la Fiscalía Nacional Económica.

Con dicha presentación se pretende que las obras que se construirían en esa zona que está declarada como inundable, no tengan que ser evaluadas ambientalmente mediante el Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental, por lo cual el humedal urbano que está en ese mismo lugar, y lo referente a inundaciones, no será revisado mediante dicho instrumento del Estado. 

Esta presentación se hizo pocos días antes que la Fiscalía Nacional Económica decretara que esta empresa de casinos, dueña del Monticello y de otros casinos en el país, había cometido ílicitos, coludiéndose con otras empresas del sector casinos. Es más la empresa Dreams es la que tiene la mayor multa determinada por la acción de la Fiscalía Nacional Económica, a cuya sanción llega a la gigantesca cifra de 112 millones de dólares, la más alta aplicada en la historia del país a una empresa desde que se investigan los delitos de colusión.

¿Porqué no se evalúa ambientalmente?

Con esta presentación, se pretende plantear el escenario de que las obras que se construyan no tengan que ser evaluadas ambientalmente, al estar amparadas en una modificación de proyecto, por lo cual los impactos que esta obra pudiera generar sobre el Humedal Río Claro se omitirían. Por otra parte, se hace necesario determinar cuales serán las obras de mitigación que debieran exigirse en relación a las inundaciones a las que se ha expuesto en los dos últimos años este sector de la ciudad de Talca.

El año pasado, tanto el Río Claro como otros afluentes se salieron de su cauce e inundaron toda esta zona afectando casas, tiendas, locales comerciales, centros universitarios, campos y el estadio Fiscal de Talca que quedó convertido en una piscina, no pudiendo utilizarse por más de cuatro meses, tal como se ve en la foto.

Los efectos potenciales sobre el Humedal Río Claro y los problemas de inundaciones que ha enfrentado la zona en los últimos dos años no serían revisados mediante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esta situación suscita dudas sobre si el proyecto es realmente una modificación o si, por el contrario, se trata de un nuevo proyecto que debería someterse a la evaluación ambiental pertinente.

Históricamente, no se han encontrado registros de edificaciones en el lugar, lo que dificulta la justificación de una modificación del proyecto ante el Sistema de Evaluación Ambiental. Este hecho es especialmente relevante, dado que la ubicación se encuentra en una macrozona saturada y a escasa distancia del humedal, el cual ha sido afectado por inundaciones en los dos últimos inviernos debido al incremento del río.

Personeros y organizaciones del medio ambiente de la ciudad de Talca señalan a Cambio21 que es fundamental determinar qué obras de mitigación se requerirán para abordar las inundaciones en el sector. La comunidad y diversas organizaciones ambientalistas están en alerta, cuestionando la viabilidad de omitir una evaluación ambiental en un área tan sensible.

La consulta de Pertinencia fue emitida el 29 de agosto del presente año, siendo oficiada y distribuida a las entidades competentes el 8 de octubre de 2024.

La SEREMI del Medio Ambiente, la Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región del Maule tienen un plazo máximo de 10 días hábiles, a contar de la fecha en que reciban el oficio, para pronunciarse al respecto.

Cambio21 hizo consultas a distintos organismos del Estado del Maule y a nivel nacional sobre este documento y todos señalaron que "estaba en estudio".

El desenlace de esta situación dependerá de la respuesta de las autoridades competentes, quienes aún no se pronuncian al respecto.

Consultadas organizaciones medio ambientalistas de la ciudad, aseguraron que la comunidad espera que se garantice la transparencia y rigurosidad en el proceso, con el fin de proteger el medio ambiente y prevenir futuros desastres en una zona históricamente afectada por inundaciones.

La colusión del grupo Dreams, que construiría el casino de Talca

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó hace diez días un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acusando a las empresas Dreams, Enjoy y Marina del Sol, junto con cinco de sus ejecutivos y accionistas, de coludirse para afectar los procesos de licitación de casinos realizados por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) durante 2020 y 2021.

El organismo persecutor busca imponer multas millonarias y la revocación de los permisos de operación otorgados en dichas licitaciones.

La FNE ha solicitado al TDLC multas que suman 151,9 millones de dólares, la mayor cifra solicitada en la historia del organismo. Además, el ente persecutor exige la revocación de 10 permisos de operación obtenidos en las licitaciones de 2020 y 2021. Estos permisos pertenecen a los siguientes casinos:

Dreams: Monticello, Temuco, Valdivia, Punta Arenas
Enjoy: Santiago, Los Ángeles, San Antonio
Marina del Sol: Calama, Talcahuano, Osorno
Según la ley, los permisos tienen una vigencia de 15 años, lo que significa que los efectos de la colusión podrían extenderse hasta 2038 o 2039, afectando la competencia y el desarrollo del sector.

¿Qué implica la revocación de los permisos de operación?

La Ley de Casinos (Ley 19.995) establece que, si un casino pierde su permiso de operación, este queda disponible para una nueva licitación. Sin embargo, una cuestión clave es si las empresas sancionadas podrán participar en futuras licitaciones.

El Decreto Ley 211 señala que el TDLC tiene la facultad de prohibir a las empresas sancionadas participar en concesiones del Estado por un plazo de hasta cinco años. Aunque la FNE no solicitó explícitamente esta medida, el TDLC puede aplicarla si lo considera pertinente.

Impacto en los directivos y accionistas involucrados
El artículo 21 bis de la Ley de Casinos establece que los directores, gerentes y accionistas de una empresa cuya licencia haya sido revocada no podrán participar en futuras licitaciones por un periodo de 15 años. Entre los ejecutivos acusados figuran:

Nicolás Imschenetzky (Marina del Sol)
Jaime Wilhelm (Dreams)
Claudio Fischer (Dreams)
Claudio Tessada (Dreams)
Henry Comber (ex-Enjoy)
Este punto es especialmente relevante, ya que si la revocación es interpretada como un acto de colusión, los involucrados quedarían inhabilitados para participar en la industria durante dicho periodo.

¿Podría la sanción afectar futuros procesos licitatorios?
Si el TDLC determina que hubo colusión, podría restringir la participación de Dreams, Enjoy y Marina del Sol en futuras licitaciones, lo que alteraría significativamente la dinámica de la industria. Los expertos advierten que si los accionistas de las empresas involucradas son condenados por colusión, tampoco podrían participar a menos que vendan su participación en las compañías.

El artículo 18 de la Ley de Casinos señala que los accionistas de las sociedades operadoras deben ser personas naturales o jurídicas que no hayan sido condenadas por delitos graves. Por lo tanto, si los accionistas de Dreams, Enjoy o Marina del Sol son sancionados por colusión, la única opción sería que vendan su participación para que las empresas puedan participar en futuras licitaciones.

Ministro de Economía: Una recaudación menor a la región y a la comuna por los actos de colusión

El Ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió sobre la colusión donde destacó que la Fiscalía ha presentado “muy buenos antecedentes” que evidencian la coordinación entre las tres empresas para influir en las licitaciones. Según sus declaraciones, algunos ejecutivos se comunicaban entre sí para evitar la competencia real al presentarse con ofertas desproporcionadas.

“Esto implica una recaudación menor para el Estado y las instituciones regionales que dependen de los recursos generados por estos casinos”, explicó el ministro, subrayando la gravedad de la situación. Además, advirtió que esta posible colusión podría tener consecuencias penales una vez concluya el proceso judicial.

Grau, además reveló que Marina del Sol, bajo el mando del empresario Nicolás Imschenetzky, fue la empresas que confesó su participación en esta colusión a cambio de evitar sanciones.

Jorge Grunberg, fiscal nacional económico, señaló que esta colusión permitió a las empresas renovar sus permisos por 15 años con propuestas significativamente inferiores a las que se habrían presentado en un proceso competitivo.