"Estas son las elecciones presidenciales más importantes desde el año 1970", nos dice de inmediato Juan Claudio Reyes, sociólogo de la Universidad de Chile y analista político; asesor parlamentario y experto en políticas públicas.
A cuatro semanas de la elección presidencial, este profesional que en la dictadura fue detenido y relegado por órdenes del dictador junto a otros DC, hace un análisis de "lo líquido" que está la contienda presidencial. 

Y no podemos dejar de reflexionar el estado en que se encuentra el país donde en un poco más de 35 días elegiremos a dos personas -con certeza- que irán a la segunda vuelta en diciembre y que dirigirá Chile a partir del 11 de marzo próximo: Un Presidente de la República procesado por la Fiscalía, por cohecho, soborno y delitos tributarios; una elección presidencial, donde un candidato hace campaña desde el extranjero, porque no puede entrar al país, por deber la mantención de sus hijos; otro candidato que niega su condición de lobista y de recibir indebidamente plata de las empresas pesqueras, más otro candidato que proclama la pérdida de derechos de las personas con posturas sexuales diversas y que casi proclama como héroes a los más grandes violadores de derechos humanos que hayan nacido en nuestra patria...

 

 

Es distinta a las demás, es cierto. Pero ello se debe más bien al ambiente en que se produce.

La movilización social iniciada en octubre del año 2019 demostró el profundo malestar de la mayoría ciudadana con los “logros” de los 30 años de democracia, que se refieren, fundamentalmente, a la enorme inequidad que se fue instalando, como fruto del modelo neo liberal, instaurado por la fuerza, en dictadura y, seguido dócilmente, en democracia, por un grupo muy transversal de “técnicos”, especialmente economistas, que tomaron el camino fácil de seguir con las políticas regresivas que no se aplican en ninguna parte del mundo y que, permitieron repartir los logros del crecimiento de la economía, de manera brutalmente desigual.

Entonces, en ese marco se desarrolla esta elección y, entonces, como nunca, la base del mensaje de unos y otros candidatos es, la mantención de aquello o, el cambio profundo de esas condiciones. Por ello parece ser una contienda más confrontacional.

 

En primer lugar, el hecho que, por primera vez, desde la mayoría de centro izquierda, incluyendo a la candidata DC, se plantea, derechamente, el cambio del modelo y la búsqueda de un nuevo acuerdo nacional, a favor de un sistema que tenga algunas bases distintas a las actuales, que tienen que ver con el concepto básico de Justicia Social, tan dejado de lado, lo que implica salarios mínimos superiores a la línea de la pobreza, pensión básica que no envíe a la indigencia a la mayoría de los jubilados, plan garantizado de salud, educación de calidad para todos y, equidad territorial, que permita a todos los ciudadanos, una vida digna, en el entorno en que viven.

Entonces, nuestra derecha criolla, que se acostumbró a vivir del privilegio, especialmente de una constitución que puso por encima de todo el derecho de propiedad, se siente amenazada y, los grandes empresarios, que pasaron a ser, un buen grupo de ellos, millonarios de nivel mundial, están dispuestos a mover lo que sea necesario, para impedir los cambios necesarios.

Eso es lo que está en la base de la contienda electoral, esta vez. Ello la hace la elección presidencial más importante, desde el año 1970.

 

Ello corre en paralelo a la elección de noviembre y, sin duda, juega un papel demasiado importante en la actual coyuntura.

No hay que olvidar que, la decisión de plebiscitar el llamado a redactar una nueva constitución no fue por acuerdo de la institucionalidad política, sino el resultado de una gran movilización popular, que hizo temblar toda la institucionalidad del país, al punto que se temió lo peor. Es muy importante no olvidar esto, porque la lección es, especialmente para los partidos políticos, que su desconexión con los movimientos sociales y con la organización comunitaria, los alejó de la gente y, por ello, la mayor parte de los convencionales no proceden de los partidos, especialmente de los más tradicionales.

 

Entonces, hay que aceptar que, la actual convención constituyente es más representativa que otras instituciones, como el parlamento, por ejemplo.

Por ello, la propuesta de Constitución que haga esta convención, debiera ser ampliamente respaldad por la ciudadanía y, a partir de allí, espero, tengamos un orden constitucional, donde los derechos sociales garantizados primen sobre el derecho de propiedad y, el reconocimiento de un estado plurinacional de paso a los acuerdos necesarios para terminar con el conflicto en la Araucanía, con la devolución de los territorios robados a la nación mapuche.

Esas son las expectativas que tengo del proceso constitucional.

 

Hay que reconocer que en nuestras instituciones están ocurriendo fenómenos que no han estado muy presente en nuestra historia.

Un Presidente de la República procesado por la Fiscalía, por cohecho, soborno y delitos tributarios; una elección presidencial, donde un candidato hace campaña desde el extranjero, porque no puede entrar al país, por deber la mantención de sus hijos; otro candidato que niega su condición de lobista y de recibir indebidamente plata de las empresas pesqueras, más otro candidato que proclama la pérdida de derechos a las personas que tienen posturas sexuales diversas y que casi proclama como héroes a los más grandes violadores de derechos humanos que hayan nacido en nuestra patria, etc., es un cuadro que no conoce nuestra historia.

Si a ello se suma el desprestigio del conjunto de las instituciones políticas, desde la presidencia hacia abajo, pasando por el parlamento y los municipios, es un cuadro que debe llamar a la reflexión ciudadana, pues es imperioso devolver el prestigio de la institucionalidad política, como mecanismo esencial del funcionamiento de una democracia estable.

Ello es de la máxima importancia pues, uno de los requisitos ineludibles, para sostener el necesario crecimiento de la economía, esperemos que esta vez con una mayor preocupación sobre la forma de repartir esos beneficios, no se puede sustentar con instituciones políticas tan debilitadas.

 

No es fácil, pareciera ser que el electorado se encuentra en un estado “muy líquido”; esto es, no parece tener fuerte asidero en sectores, donde mantiene de un modo relativamente estable, sus preferencias.

Si así fuera, lo esperable sería que alrededor de un 80% votara por las opciones que se identifican con la votación a favor del apruebo, en el plebiscito constitucional, lo cual es difícil que ocurra.

 

Existe, en todo caso, la posibilidad que la segunda vuelta se pudiera resolver entre el candidato que se sitúa hacia el extremo de la izquierda, con una propuesta de difícil pronóstico, para poder implementar cambios estructurales sin considerar la gobernabilidad necesaria para llevarlos adelante y, por otro lado, la candidata de centroizquierda que ofrece, similarmente, el cambio del modelo neo liberal, con alta preocupación para que ello sea posible, generando condiciones de gobernabilidad imprescindibles, para una transición hacia un nuevo sistema, sin caer en procesos de mayor inestabilidad, como la que existe ahora.

 

No es fácil, por otro lado, esperar que pueda ser elegido un candidato que representa, con muy pocos matices, la continuidad del actual gobierno, que cuenta con escasísimo apoyo o, peor aún, con el candidato de la extrema derecha, con propuestas muy rechazadas y que, en otros países han generado explosiones sociales muy complejas.