Por Matilda Pope

El presente de las mujeres tal vez puede parecer distinto al del siglo pasado, pero lo cierto es que si bien los contextos culturales han evolucionado y nuestras problemáticas hoy tienen una mayor visibilización, seguimos siendo asesinadas por nuestras parejas actuales o pasadas, seguimos ganando menos por el mismo trabajo y continuamos haciendo en gran medida todo aquel trabajo no remunerado de cuidados que permite el desarrollo de los otros en la sociedad, una realidad global, en especial en América Latina.

En el poder las mujeres seguimos siendo sub-representadas y muchas veces nuestras representantes en los espacios de toma de decisión no tienen una conciencia de género y se transforman más bien en socias estratégicas del patriarcado, desarrollando modelos de liderazgos masculinizados y sesgados que sólo refuerzan el machismo y la competencia avasalladora entre nosotras. 

En Latinoamérica la crisis de representatividad se ha hecho patente, ya no es un fenómeno social que se encuentra a punto de explotar, en Chile estalló de la mano con todas las manifestaciones feministas que desde el 2016 se vienen dando en las calles, primero con el movimiento transversal #niunamenos y todos los años con el 8M. La evidencia está a todas las luces, las profundas desigualdades que nos cruzan atraviesan por cierto los poderes del Estado y nutren una cuarta ola feminista que se eleva en un mar de injusticias y dificultades que viven las mujeres.
 

¿Qué esperamos hoy las mujeres en un mundo que se transforma vertiginosamente y donde los varones no han hecho su tarea fundamental de modificar sus masculinidades?, ¿qué hacemos para empujar el carro de la evolución de una manera más certera que nos permita avanzar con la urgencia que se requiere en igualdad de género?. Una de las respuestas que se alza firme y fuerte es la que dio hace unos días la reconocida antropóloga y feminista, Marcela Lagarde, a propósito de dos femicidios en México que adquirieron una connotación pública internacional, no sólo por la crueldad del asesinato mismo de la pequeña Fátima y las declaraciones y filtraciones a la prensa del femicidio de Ingrid, sino además por el tratamiento que los poderes del Estado, los medios de comunicación y la opinión pública le otorgaron al tema. Además de asesinarnos, nos lastiman a todas las mujeres vivas que observamos que la culpa recae en las víctimas y la impunidad en los asesinos.

 

La economía inestable de este último tiempo ha hecho que miles de mujeres en el mundo, especialmente en América Latina pierdan sus empleos y aumente la tasa de ocupaciones informales con las cuales hacen frente a la económica doméstica, sin resguardo previsional alguno y la posibilidad nula de ahorrar se embarcan en un futuro incierto y con la misión de sacar adelante el presente, sea cual sea el costo. Así el ciclo de la pobreza se mantiene circularmente, y en un país como en Chile, ninguna mujer es libre de esta situación. La fragilidad de los derechos sociales es la línea de la pobreza para las mujeres con trabajos dependientes e independientes, técnicas, profesionales, todas estamos a un filo de sucumbir ante el más mínimo percance, es ahí cuando el Cambio Constitucional asoma con esperanza porque no es posible seguir manteniendo un Estado Subsidiario, donde los privados hacen lo que quieren y su mayor objetivo es sacar utilidades ventajosas. La tasa de hogares monoparentales con Jefatura de hogar de mujeres es en Chile cada día más alta, sin embargo el Estado aún no está a la par con esta realidad, ni siquiera en la paridad de sus representantes.

Generar Estados feministas que se hagan responsables de las desigualdades de género de manera multidimensional y no en pinceladas sectoriales, es un desafío permanente para Chile. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos anteriores, especialmente y mención aparte del Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, la institucionalidad de género ha ido lenta, al ritmo de un Estado que en su conjunto  no ha dejado de ser misógino, machista y opresor. Convive en su interior una cultura que aún se niega a los avances de fondo, a proyectar presupuestos con enfoque de género, a capacitar a sus funcionarios y funcionarias, no como meta por el Programa del Plan de Modernización del Estado sino como parte de la actualización permanente de conocimiento y de prácticas democráticas que subyacen a la administración pública. ¿Cuántos de los funcionarios/as públicos están por ejemplo demandados de pensión de alimentos, cuántos han tenido juicios y condenas por violencia contra las mujeres?, ¿se hace cargo el Estado, como empleador, de estos temas?, ¿ampara a los agresores?.

Por otro lado y muy atentamente vamos siguiendo como se plantea la Acusación Constitucional a la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, quien frente a los últimos hechos de violencia desmedida a las mujeres manifestantes no se ha hecho cargo como así mismo tampoco lo ha hecho de los avances en materia de Igualdad de Género ni a los acuerdos internacionales suscritos. Ella, sumergida en la cultura de los privilegios, al parecer sólo asumió una tarea ideológica donde el lugar que ella ocupa es un favorecer constante a quienes no creen en la participación de las mujeres. ¿dónde están las acciones para que las mujeres participen en las instancias democráticas?, ¿dónde está la responsabilidad del Estado para promover la autonomía política de las mujeres?, ¿Cómo está enfrentando la cesantía de las mujeres desde antes del estallido social?, ¿Tiene que aparecer una publicidad sexista para que el tema sea prioridad en su agenda?. Una autoridad que no se antepone a las situaciones, no puede estar a cargo del presente ni del futuro de las mujeres.

Un Estado Feminista no es equipo transversal de Tecnócratas del Género, es el resultado de desarrollar una tarea conjunta con los recursos, voluntades políticas y prioridades que más de la mitad de la población merece, y no sólo aquellas de los quintiles más bajos, sino todas. Todas las mujeres desarrollan estrategias de sobrevivencia para poder responder a lo que se demanda de ellas, no es justo que la violencia sea parte de la carga mental que asumimos, no es posible que en el mercado laboral las primeras desempleadas frente a una crisis seamos las mujeres. No es justo que el aparato estatal en sus políticas públicas no responda a los sesgos brechas de género sino más bien al conflicto misógino y machista enfrentando a esta rebeldía inminente de cambiar lo establecido.