La Contraloría General de la República acaba de confirmar lo que ya muchos advertían: el proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES) no solo es un error político y técnico, sino una verdadera amenaza para las finanzas públicas del país. Su aplicación generaría un gasto estimado en casi US$ 5 mil millones, erosionando gravemente la regla fiscal de balance estructural y comprometiendo aún más las ya deterioradas finanzas del país. En palabras simples, el FES crea deuda, y mucha, en un Estado que ya bordea los límites de su sostenibilidad financiera.

El dictamen del ente contralor no podría ser más lapidario. Si se aplican los criterios contables correctos —es decir, si se reconoce que los préstamos estudiantiles son gasto efectivo y no mera inversión recuperable—, el déficit estructural del país se dispararía, anulando de golpe los supuestos equilibrios que el propio ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, había prometido cuidar. Y mientras el país se enfrenta a niveles de endeudamiento público cercanos al 45% del PIB, el Gobierno persiste en una lógica populista que confunde justicia social con simple contabilidad electoral.

El rector Juan Carlos de la Llera lo resumió con claridad: el FES no es la única solución posible al CAE y éste “requiere mayor madurez y análisis”. Y tiene razón. Porque el problema no es el crédito, sino el mal diagnóstico. Chile no necesita más deuda disfrazada de gratuidad, sino un sistema eficiente, sustentable y transparente.

Las verdaderas prioridades: los niños que no votan

Mientras La Moneda insiste en poner todos los recursos fiscales en la educación universitaria —la más visible y políticamente rentable—, la educación preescolar y escolar sigue abandonada. Son precisamente esos niveles, donde se define la equidad real de oportunidades, los que sufren la precariedad de infraestructura, déficit docente y falta de acompañamiento familiar. Pero claro, los niños pequeños no votan, y eso parece bastar para relegarlos al olvido.

El FES no resolverá la manoseada “desigualdad educacional”, que la gratuidad ha disminuido sustancialmente, y solo trasladará su costo a las próximas generaciones. Además, al forzar una dependencia estatal y burocrática de las universidades respecto del financiamiento público, el proyecto erosiona la autonomía académica y convierte la educación superior en un sistema administrado políticamente, no guiado por el mérito ni por la excelencia.

Un país al borde del autoengaño

Chile parece haberse acostumbrado al espejismo del progreso sin esfuerzo: subsidios sin productividad, derechos sin deberes, gratuidad sin financiamiento. Pero el populismo contable tiene pies de barro. Lo que el Gobierno llama “avance social” no es más que una deuda diferida con cargo al futuro, y una grave amenaza para la estabilidad económica que tomó décadas construir.

Si la educación es la base del desarrollo, el FES es la piedra en el zapato. No asegura más oportunidades, ni mejora la calidad, ni fortalece la equidad. Solo maquilla las cifras y multiplica los pasivos de Chile, y no lo dice la oposición al Gobierno ni las Universidades, lo dice la primera mujer Contralora de Chile nombrada por este Gobierno.

La verdadera urgencia educacional está en los niños que aprenden mal, en los profesores que se sienten solos y en las escuelas que se caen a pedazos o que carecen de apoyo real. Y a ellos, lamentablemente, este Gobierno no les ha dedicado ni una fracción de la energía política que gasta en intentar justificar un proyecto tan caro como insostenible.