Foto: Nuevo Casino de Talca construído a 100 metros del único Humedal de la capital del Maule. Imagen de la inundación de hace tres años. En el recuadro rojo, el lugar donde se construye
Gabriel Muñoz, abogado de la Fundación Defendamos la Ciudad y conocido por su oposición al polémico proyecto Punta Piqueros en Concón, se involucró en la controversia por la construcción de un casino junto a un humedal urbano en Talca. Tras solicitar los planos del megaproyecto, la Municipalidad le negó el acceso, lo que motivó un recurso ante el Consejo para la Transparencia.
La controversia por la construcción del nuevo Casino Dreams de Talca suma un nuevo protagonista. Se trata del abogado Gabriel Muñoz, oriundo de la capital maulina y representante de la Fundación Defendamos la Ciudad, quien cuenta con una reconocida trayectoria en conflictos urbanísticos y ambientales, particularmente por su férrea oposición al proyecto Punta Piqueros, emplazado en el sector de las dunas de Concón.
Esta vez, Muñoz busca esclarecer cómo un complejo de juegos y convenciones de casi 8 mil metros cuadrados obtuvo autorización para construirse junto al Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Sin embargo, su primera gestión ante la Municipalidad de Talca abrió una nueva controversia: la Dirección de Obras Municipales (DOM) se negó a entregar los planos y antecedentes técnicos del proyecto, argumentando la protección de intereses comerciales y económicos.
"Es la primera vez que nos pasa que un edificio con ese nivel de impacto ambiental no muestre sus planos. ¿Por qué? La naturaleza del proyecto da cuenta de tal impacto público y ambiental que no hay ninguna razón jurídica para oponerse a entregar esos documentos", cuestiona Muñoz.
La negativa municipal que desató una nueva disputa
El 31 de agosto, el abogado solicitó mediante la Ley de Transparencia el expediente completo del permiso de edificación otorgado al casino en julio de 2025.
Sin embargo, la Asociación Gremial Agrícola Central, propietaria del terreno, se opuso a la divulgación de los antecedentes, argumentando que podrían verse afectados sus intereses comerciales y económicos.
La Dirección de Obras Municipales acogió parcialmente esa oposición y rechazó entregar los planos y otros documentos técnicos. La decisión fue posteriormente formalizada mediante un oficio firmado por el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz Avendaño.
Entre los antecedentes proporcionados apareció una resolución que confirma que el proyecto fue modificado en agosto de 2026, aumentando su superficie edificada de 7.655,23 a 7.933,14 metros cuadrados, es decir, una ampliación de 277,91 metros cuadrados. También se incrementó su capacidad de ocupación, de 4.490 a 4.587 personas.
Para Muñoz, conocer los detalles de esas modificaciones es fundamental.
"Aquí, la única respuesta clara que tuvimos de parte de la Municipalidad es que el proyecto fue modificado. Pero ¿cuáles fueron esas modificaciones? ¿Cuáles fueron las observaciones de la Dirección de Obras Municipales? Aquí sólo estamos pidiendo transparencia, porque la falta de transparencia puede llevar a la corrupción", sostiene.
Frente a esta situación, el 21 de octubre el abogado presentó un amparo ante el Consejo para la Transparencia, registrado bajo el Rol C14625-26, con el objetivo de obtener el expediente íntegro del permiso de edificación y sus modificaciones.
La presentación cuestiona que se utilicen argumentos de confidencialidad comercial para restringir el acceso a documentos que forman parte de una autorización pública. Muñoz busca obtener los planos de arquitectura, fundaciones, memorias de cálculo y demás antecedentes técnicos que permitan conocer qué fue autorizado y qué modificaciones se aprobaron.
Excavaciones y aguas subterráneas: las interrogantes pendientes
La disputa por los planos tiene también una dimensión ambiental. En los antecedentes presentados inicialmente al Servicio de Evaluación Ambiental se describieron fundaciones de aproximadamente 1,4 a 1,6 metros de profundidad. Sin embargo, información entregada posteriormente por la empresa identificó obras subterráneas que alcanzan hasta los 3 metros.
La diferencia cobra especial importancia por la cercanía del proyecto al humedal urbano y la presencia de aguas subterráneas en el sector.
El acceso a los planos de fundaciones, memorias de cálculo y demás antecedentes técnicos permitiría contrastar lo informado durante la tramitación ambiental con las obras finalmente autorizadas y determinar si existen diferencias relevantes entre ambos antecedentes.
A las dudas técnicas se suman las reuniones de lobby sostenidas por gestores del proyecto con autoridades municipales y organismos vinculados a la tramitación de sus permisos, gestiones cuyo contenido y secuencia también forman parte de los antecedentes de interés público.
Un casino bajo revisión ambiental y con dos querellas
La intervención de Muñoz ocurre en un momento especialmente complejo para el proyecto.
El Servicio de Evaluación Ambiental del Maule inició un procedimiento de invalidación de la resolución de junio de 2025 que determinó que el casino no requería ingresar al SEIA. El pronunciamiento está siendo revisado y podría quedar sin efecto si se establecen los fundamentos legales para invalidarlo.
Paralelamente, el Ministerio Público investiga antecedentes relacionados con dos querellas presentadas en el contexto del proyecto, destinadas a esclarecer eventuales delitos y responsabilidades penales.
