Debemos recordar que el arquitecto Julio Leigh, en su calidad de director de obras municipales (DOM) de Concón, el 10 de enero de 2011 otorgó a la Inmobiliaria Punta Piqueros S.A el permiso de edificación N° 7 para que en su terreno de 3.093 m2 de la avenida Borgoño número 18.115 de esa comuna, acogiéndose a la Ley N° 13.364 del año 1959, conocida como ley Lorca, construyera un edificio de 10 pisos: 4 niveles sobre y 6 niveles bajo, respectivamente, de esa avenida, precisándose que para la recepción final del mismo se debía exigir un Estudio de Impacto sobre el Transporte Urbano (EISTU) o un Estudio de Accesos, según el criterio de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región de Valparaíso.
Se debe saber que en aquella época el territorio de Concón se regía por el Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar y antes del aludido acto administrativo terminal, el mismo Leigh había aprobado el 18 de enero de 2010 a esa empresa el anteproyecto N° 8. Está claro que este antiguo proyecto inmobiliario, localizado sobre rocas donde rompen las olas del mar, corresponde al polémico e ilegal hotel Punta Piqueros de los empresarios Said, Urenda y Bolocco.
Pues bien, conforme a un fallo de la Corte Suprema, en el mes de enero de 2024, la Seremi Minvu de la región de Valparaíso, Belén Paredes, ordenó la demolición del edificio pues no contaba con un permiso válido y por vulnerar el respectivo PRC, decisión ministerial que no fue acatada por la empresa y previamente, en septiembre de 2022, el alcalde Óscar Sumonte, por otras razones relacionadas con desobediencias sobre vialidades dentro de las dunas de Concón, se vio en la necesidad de destituir de su cargo municipal al díscolo Julio Leigh.
Han transcurrido más de 14 años y este proyecto turístico con una inversión del orden de los US$ 80 millones, según dicen sus dueños, continúa paralizado, teniéndose en cuenta que, en mayo de 2017, se publicó en el Diario Oficial el PRC de Concón, instrumento normativo que establece para el terreno en donde se emplaza el hotel, una altura máxima de 7 metros, equivalente a 2 pisos y medio. La Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, presidida por Patricia Arellano (QEPD), con razonamientos de fondo sumamente válidos ha sido la principal opositora al hotel. La posta en dicha corporación ciudadana fue tomada por la competente Cecilia Rojas.
Según recientes reportajes de algunos medios, el edificio del hotel ahora se denomina Punta Mar, conforme a una conciliación entre la municipalidad, el privado y la aludida organización ciudadana. Para ello el inversionista debe ingresar en la DOM de Concón un anteproyecto, habida cuenta que el 8 de agosto pasado los 2 contendientes fueron a la Corte Suprema para terminar la disputa judicial, pues el sentido común indicaba que era lo más sano para todos.
Se argumentaba que insistir en la demolición era perder el tiempo, entre otras cosas, pues la inmobiliaria estaba pidiendo en la justicia compensaciones económicas por la falta de servicio de la municipalidad. Nadie quería el perjuicio ambiental que produciría la demolición.
Los promotores del ingenioso pacto dicen que el nuevo proyecto Punta Mar será un complejo de oficinas y espacios, tanto gastronómicos como de oficinas, el que "conservará la altura de los 10 pisos" (sic), agregando el Diario Financiero que "el mix incluye además salas de reuniones y coworking, espacios para emprendedores, exhibición de arte, galería de creadores, spa, una piscina y otros fines".
Consideramos muy interesante esta proposición, la que será posible solamente si todos los interesados, tanto agentes públicos como actores privados, se pongan de acuerdo, mirando para el lado, que carece de importancia respetar la reducida altura contemplada para el edificio en su predio en el actual PRC de Concón.
Ellos tendrán que aducir, con fingida seriedad y formalidad, que el bien superior en este caso es mantener la estructura tal como está, porque con esos atractivos servicios ofrecidos gana la comunidad de Concón y sus veraneantes. El poder judicial, para no entorpecer el democrático acuerdo, no se inmiscuirá y así todos quedaremos felices con esta excepción a las reglas del juego urbano.
Finalmente, acorde a lo informado por El Mercurio de Valparaíso, se pretende que en un plazo de unos 5 meses, después del otorgamiento del nuevo permiso de edificación, será realidad el proyecto Punta Mar, pues el edificio está casi terminado. Así las cosas, los abogados Gabriel Muñoz de la Corporación Pro-Defensa y Juan Carlos Manríquez de los inversionistas, por cuales este columnista tiene una muy buena opinión, desarrollando sus habilidades interpretativas, sabrán como sortear los inconvenientes para que tenga éxito la modificación propuesta.
