Por Antonia Paz

Hay decisiones legislativas que, bajo la apariencia de protección de la ciudadanía, terminan produciendo exactamente el efecto contrario. La indicación aprobada en la Comisión de Economía del Senado, impulsada por los senadores Diego Ibáñez y Gastón Saavedra, que pretende prohibir las plataformas de apuestas en línea en Chile, constituye un ejemplo preocupante de cómo la demagogia puede imponerse sobre la racionalidad legislativa, la evidencia y el interés público.

El proyecto de ley contenido en el Boletín N° 14.838-03 nació precisamente para enfrentar una realidad que nadie puede desconocer: las apuestas online existen, movilizan enormes cantidades de dinero, operan mayoritariamente desde el extranjero y carecen de un marco regulatorio específico que permita al Estado fiscalizarlas eficazmente, exigirles impuestos y proteger a sus usuarios y, muy especialmente, la infancia y adolescencia de nuestro país. 

Su propósito era terminar con esa situación. No promover el juego irresponsable ni favorecer a sus operadores, sino someter una actividad existente a reglas estrictas, controles efectivos, obligaciones tributarias y supervisión estatal. Tanto que se trata de un proyecto ya aprobado por la Cámara de Diputados bajo el impulso del gobierno de los propios patrocinadores de la indicación, hoy en la oposición por mandato popular. 

Sin embargo, los senadores Ibáñez y Saavedra han decidido hoy sustituir esa lógica por una prohibición general, acompañada de sanciones penales, bloqueos digitales y restricciones a los medios de pago. Todo ello invocando la protección de niños, niñas y adolescentes, la prevención de la ludopatía y el combate a la ilegalidad.

Objetivos que, por supuesto, merecen pleno respaldo. Lo que resulta profundamente cuestionable es utilizar esas causas legítimas para justificar una solución que amenaza con hacer imposible su cumplimiento. 

Porque las apuestas online no desaparecerán por una declaración legislativa. Internet no reconoce las fronteras que algunos parlamentarios parecen imaginar y las plataformas internacionales pueden recurrir a mecanismos tecnológicos, financieros y operacionales que dificultan extraordinariamente una prohibición efectiva.

La pregunta que estos senadores deberían responder es bastante sencilla: ¿qué ocurrirá con los miles de chilenos que seguirán apostando cuando las plataformas sean prohibidas? Los senadores conocerán la historia de la ley seca y sus consecuencias ? 

La respuesta más probable es que una parte significativa de esa actividad se desplazará hacia circuitos clandestinos, plataformas extranjeras no supervisadas, mecanismos alternativos de pago y operadores que no tendrán incentivo alguno para someterse a los controles nacionales.

Es decir, en nombre del combate al mercado ilegal, se corre el riesgo de fortalecerlo y no se mide ni parece preocupar.

Y las consecuencias pueden ser particularmente graves.

Sin una industria sometida a regulación, el Estado pierde la posibilidad de exigir identificación robusta de los jugadores, verificación biométrica de identidad y edad, límites de apuestas y depósitos, mecanismos de autoexclusión, detección de conductas problemáticas y sistemas efectivos de prevención de la ludopatía.

También debilita la posibilidad de fiscalizar los flujos financieros, cruzar información de medios de pago, identificar operaciones sospechosas y establecer obligaciones específicas de prevención del lavado de activos.

Por cierto, la prohibición no impide que el Estado persiga delitos o investigue operaciones financieras ilícitas. Pero una cosa es perseguir desde fuera un mercado clandestino y otra muy distinta es disponer de operadores identificados, autorizados, auditados y obligados a entregar información permanente a las autoridades.

La diferencia es enorme.

Existe, además, una dimensión fiscal que parece haber desaparecido del debate.

Mientras las apuestas continúen desarrollándose en plataformas extranjeras al margen de un régimen tributario específico, importantes recursos seguirán saliendo del país sin generar la recaudación que una industria formalizada podría aportar al erario nacional.

Recursos que podrían financiar precisamente aquello que los autores de la indicación dicen defender: prevención y tratamiento de la ludopatía, educación sobre juego responsable, protección de menores, fiscalización tecnológica y persecución de actividades ilícitas.

Prohibir sin conseguir eliminar la actividad significa renunciar a recaudar, renunciar a controlar y, paradójicamente, dejar más desprotegidos a quienes se dice querer proteger.

Hay también una contradicción difícil de explicar. La indicación mantiene espacios de juego autorizados para Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción, hipódromos y casinos regulados, mientras pretende excluir a otros operadores de apuestas online.

Si el problema es la adicción, el endeudamiento o el riesgo para los menores, corresponde establecer estándares exigentes y coherentes de protección para todas las modalidades pertinentes, sin perjuicio de sus diferencias regulatorias. La ludopatía no distingue entre operadores estatales y privados.

Tampoco resulta razonable sostener que cobrar impuestos equivale a premiar la ilegalidad. Precisamente, legislar para establecer licencias, requisitos de ingreso, tributación y sanciones significa sustituir una actividad no autorizada por un sistema sometido al imperio del derecho. 

Es más, se pierde la oportunidad de eliminar la evidente asimetría con la industria del juego físico, de mayores cargas fiscales y de estricta regulación y régimen de inversión. Curioso a estas alturas tantos errores y tantas omisiones. 

Nadie sostiene seriamente que regular una actividad económica implique aprobar todas sus consecuencias. Regular significa establecer límites, imponer obligaciones y hacer exigibles responsabilidades.

El legislador puede legítimamente optar por una prohibición. Pero tiene la obligación de demostrar que ella ofrece mejores resultados que un régimen de autorización estricta, fiscalización, tributación y sanciones. Y esa demostración no puede sustituirse por consignas ni por declaraciones de superioridad moral.

Más aún, resulta jurídicamente discutible que, durante la tramitación de un proyecto concebido para regular las plataformas de apuestas online, se pretenda reemplazar su orientación fundamental mediante una indicación de prohibición general. Ello exige examinar rigurosamente su admisibilidad a la luz de las ideas matrices del proyecto y de las reglas constitucionales sobre formación de la ley.

No basta con obtener una mayoría circunstancial en una comisión parlamentaria para resolver todas las interrogantes de constitucionalidad, coherencia normativa y eficacia regulatoria que semejante modificación plantea.

Chile necesita una legislación moderna, exigente y eficaz para las apuestas online. Una legislación que establezca licencias estrictas, impuestos adecuados, trazabilidad de operaciones, controles de identidad, prohibición efectiva del acceso de menores, límites a la publicidad, prevención de la ludopatía y mecanismos de cooperación internacional.

Y, sobre todo, una legislación que permita al Estado saber quién opera, quién apuesta, cómo circula el dinero y quién responde por las infracciones.

Nada de eso se consigue simplemente declarando prohibida una actividad que seguirá encontrando canales para funcionar.

Los senadores Ibáñez y Saavedra pueden presentar su indicación como una victoria moral contra las apuestas online. Pero legislar no consiste en competir por quién formula la prohibición más severa ni en atribuirse el monopolio de la protección de la infancia.

Consiste en adoptar decisiones capaces de producir resultados reales.

Porque la verdadera irresponsabilidad legislativa no está en regular una actividad riesgosa para controlarla, sino en prohibirla sabiendo que puede continuar existiendo, pero ahora sin controles suficientes, sin protección efectiva y sin contribuir al financiamiento de las políticas públicas.

La demagogia puede producir buenos titulares. Lo que difícilmente produce son buenas leyes.

Y Chile necesita buenas leyes, no prohibiciones destinadas a transformar un mercado que hoy se pretende fiscalizar en uno todavía más oscuro, clandestino e incontrolable.