Por Antonia Paz

Por años, el gobierno anterior construyó una imagen internacional de liderazgo ambiental basada en discursos, cumbres climáticas, fotografías oficiales y una narrativa permanente sobre transición ecológica. Chile debía aparecer ante el mundo como ejemplo de responsabilidad ambiental y compromiso climático.

Pero tras el fin de esa administración, ocurrido el 11 de marzo de 2026, comienza lentamente a aparecer una realidad mucho menos glamorosa: bajo toneladas de retórica verde quedaron obligaciones internacionales básicas simplemente incumplidas.

Una de las más graves dice relación con los PCB —bifenilos policlorados—, probablemente uno de los contaminantes industriales más peligrosos aún presentes en infraestructura eléctrica alrededor del mundo.

Chile es Estado Parte del Convenio de Estocolmo. Y ese tratado no establece recomendaciones opcionales ni declaraciones aspiracionales. Impone obligaciones concretas, exigibles y con plazos definidos.

Entre ellas:

identificar y registrar equipos con PCB;
retirar de uso dichos equipos antes del 31 de diciembre de 2025;
asegurar su eliminación ambientalmente racional antes de 2028.
Es decir, cuando terminó el gobierno de Boric, Chile ya debía tener identificado el universo de transformadores y condensadores potencialmente contaminados existentes en el país y contar, además, con un plan operativo serio de retiro y reemplazo.

La pregunta es devastadora:
¿Dónde está ese catastro?

Porque si hoy organizaciones civiles como la Corporación Ambiental BioEcoterra deben oficiar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y a la Superintendencia del Medio Ambiente para preguntar si el Estado siquiera sabe dónde están esos equipos, entonces el problema ya no es técnico. Es político e institucional.

Y resulta todavía más incomprensible que ni siquiera existiría —hasta donde públicamente se conoce— un levantamiento completo respecto de empresas del propio Estado.

¿Existe un catastro exhaustivo en Metro de Santiago?
¿En Empresa de Ferrocarriles del Estado?
¿En Codelco?
¿En ENAP?
¿En puertos, subestaciones, faenas mineras o infraestructura estratégica?

Si ese registro existe, ¿por qué no ha sido transparentado? Y si no existe, la situación es aún peor.

Porque no resulta razonable pensar que un gobierno que hizo del ambientalismo uno de los ejes centrales de su identidad política simplemente “olvidó” implementar obligaciones esenciales de un tratado internacional suscrito y  ratificado por Chile.

Menos aún cuando los PCB no son una discusión académica ni un riesgo abstracto. Son contaminantes asociados a cáncer, daño neurológico, alteraciones endocrinas, efectos reproductivos y contaminación persistente de ecosistemas completos.

La omisión es demasiado grave para relativizarla u olvidarla.

Durante cuatro años vimos una administración obsesionada con la comunicación ambiental, con la construcción simbólica de superioridad ecológica y con discursos permanentes sobre sostenibilidad. Sin embargo, en paralelo, aparentemente no existió capacidad —o voluntad— para ejecutar una tarea elemental de gestión pública: saber dónde están los contaminantes peligrosos que el propio Estado se comprometió internacionalmente a retirar.

Y aquí emerge una interrogante incómoda:
¿Fue incompetencia, desidia burocrática o existieron presiones para no abrir una caja negra potencialmente millonaria para empresas públicas y privadas? O existe alguna otra razón que desconocemos para incumplir un tratado de tal importancia ? 

Porque levantar un catastro serio habría significado enfrentar costos enormes:
reemplazo masivo de transformadores,
tratamiento de residuos peligrosos,
paralizaciones programadas, nuevas exigencias regulatorias, y eventualmente responsabilidades administrativas y patrimoniales.

Es decir, exactamente el tipo de problema que destruye el relato del ambientalismo fácil.

La nueva administración recibe una herencia sencillamente vergonzosa: un tratado incumplido, plazos internacionales vencidos, posible ausencia de catastro nacional, falta de transparencia, y aparentemente ninguna política pública robusta de retiro y eliminación.

Todo ello mientras Chile seguía presentándose ante el mundo como campeón climático.

La verdadera protección ambiental no consiste en multiplicar discursos ni asistir a cumbres internacionales. Consiste en hacer el trabajo incómodo: fiscalizar, identificar riesgos, transparentar información,
invertir recursos, y ejecutar planes reales aunque políticamente no generen aplausos.

Porque el ambientalismo serio no se mide por la cantidad de fotografías oficiales. Se mide por la capacidad de un Estado de cumplir aquello que firma.

Y en materia de PCB, el gobierno anterior dejó demasiadas preguntas abiertas para un país que pretendía dar lecciones ambientales al resto del mundo.