A mediados de la década de los 50, del siglo pasado, Eugenio Gonzales, Senador, Rector de la U de Chile y uno de los destacados dirigentes del Partido Socialista, en un discurso en el Senado de la República planteaba: “… existe algún obstáculo insalvable para que los partidos de avanzada social, coincidentes en sus principios libertarios, similares en sus métodos políticos, representativos, en su conjunto, de la inmensa mayoría, encuentren las bases positivas de una acción solidaria en el Parlamento y en el Gobierno?” 

En una acepción más contemporánea diríamos que se refería a las fuerzas humanistas, progresistas, populares y por la transformación social. Para el pensador socialista estas fuerzas son las que postulan una democracia representativa, participativa y que supera la sola declaración formal de derechos civiles y políticos,   integrando efectivamente los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos como marco para una realización integral de la persona humana.

La pregunta y exhortación de Eugenio Gonzales han mantenido sostenida vigencia tanto en momentos de realizaciones y avances para Chile,  como cuando, absorbidas por miradas inmediatistas, estas fuerzas, han desaprovechado oportunidades para la superación del orden capitalista neoliberal y los valores de un individualismo antisocial, de competencia desenfrenada y de la supremacía de una lógica de mercado y  consumismo,  como fines en sí mismo.   

A meses de que el pueblo de Chile deba pronunciarse democrática y soberanamente por un texto de nueva Constitución que le será propuesta por un organismo de irrefutable legitimidad, parece pertinente replantearnos la pregunta de Eugenio González.

Entre los diversos obstáculos para la acción conjunta, un primer aspecto, dice relación con los términos y las referencias del debate e intercambio de ideas y propuestas políticas.

Con demasiada frecuencia priman la descalificación, la distorsión, intencionada, por la vía del tratamiento parcial y descontextualizado de declaraciones u opiniones dadas por personas, agrupaciones e instituciones. Ello conspira contra la claridad necesaria sobre los asuntos que se tratan y en el desprestigio general de la política y lo político.

Hace pocos días, el Alcalde Daniel Jadue fue objeto de descalificaciones, incluso de alardes ilógicos sobre su patriotismo, en relación con parte de sus declaraciones en una reciente visita a Venezuela. Debieron pasar varios días para que el mismo Alcalde comenzara a aclarar otras partes de estas y el contexto de las mismas. Se podrán compartir o no las opiniones emitidas, pero no es lícito recurrir a la distorsión exponiendo parcialmente sus declaraciones, invisivilizando las otras, y sobre esa base construir una línea argumental que lo descalifica injustamente.

Del mismo modo actúan algunos colectivos y expresiones dentro de la Convención Constituyente que no dudan en etiquetar de “traidores” a quienes disienten, total o parcialmente respecto de determinadas materias aunque ello fuese referido a aspectos de forma, o coherencia en las formulaciones.

Estas acusaciones y descalificaciones son lamentables y preocupantes porque forma parte de los procesos de la Convención que contempla como recurso del Pleno conocer, analizar y rechazar o devolver un informe de comisiones para su rectificación o mejoramiento. Se trata de los mecanismos de funcionamiento aprobados por ellos mismos.

En el primero de los ejemplos anotados se intenta inducir, -por vía de la distorsión de lo declarado, invisivilizando partes a conveniencia-, determinadas actitudes políticas en la opinión pública, tanto respecto a Jadue, así como de las diferencias, reales o supuestas, en las filas del Gobierno. Es la inescrupulosa herramienta de la posverdad.    

Algo de eso hay también en las expresiones de algunos convencionalistas. La intolerancia manifestada no se compadece, en ningún caso, con el espíritu que, por esencia, se supone rige en una instancia de debate democrático, respetuoso de las diferencias y que busca reglar, justamente, las formas y mecanismos de resolución de las diferencias y contradicciones en la convivencia social en sus diferentes planos. 

La necesidad de superar  viejas prácticas de  la política son argumentos recurrentes en el proceso de generación de una nueva institucionalidad. La intolerancia, la descalificación de las opiniones no son coherentes con los principios que aspiramos que ilustren el debate en el seno de una sociedad ordenada en torno a los principios humanistas, de cooperación e inclusión.  

La sociedad se constituye de “libres, iguales y diversos”, parafraseando a Hanna Arendt. Ello requiere admitir con templanza y respeto la existencia de contradicciones, diferencias, el reconocimiento de matices, gradaciones y formas diversas en el enfoque de los problemas, incluso de variantes dentro de las posiciones que comparten, en lo sustantivo, visiones de sociedad,   signadas por un común denominador valórico, y que permitirían definir equivalencias programáticas de base.  

La “auto atribución” de la verdad está profundamente reñida con la esencia misma de esta, que tiene como característica un origen pluralista y un desarrollo multiforme. Mientras mayores sean las referencias que se procesan, más consistentes y legítimos, serán los  acuerdos y consensos alcanzados. 

La exhortación de Eugenio González contiene muchos más desafíos, pero, “el camino de mil leguas, comienza con el primer paso”. El de la calidad y rigurosidad en el debate.