Para el Ministro de Defensa de este gobierno y como también sucedió con los de gobiernos anteriores, los hechos de corrupción, demostrados, en las Fuerzas Armadas y Carabineros, no alteran su visión y su discurso, de entenderlas como la “reserva moral de la Nación”. Parecen no aceptar que los fraudes descubiertos en Carabineros y el Ejército de Chile en los últimos años, no son casos aislados y que son parte de una red o de un sistema de corrupción institucionalizado en los niveles de sus mandos superiores
Desde esa equivocada postura formal, ocultan, desvirtúan o relativizan, la profundidad de una crisis moral extendida al interior de los cuarteles, con sus respuestas irrisorias pretenden dar a entender que las instituciones militares tienen la capacidad para resolver a través del “conducto regular” y de sus propias instancias orgánicas y de justicia militar, un cáncer que hace rato se expande sin control en la institución. El caso reciente del Capitán Rafael Harvey demuestra lo contrario, este oficial de Ejército denunció valientemente casos de corrupción institucional y que, por la acción encubridora de esos órganos internos y por la justicia militar, se encuentra procesado y condenado, acusado por el delito de sedición.
Es necesario acotar que el Capitán Harvey envió mas de 30 solicitudes de audiencia al Ministro de Defensa, Alberto Espina, para alertar a las autoridades de Gobierno de las irregularidades que había descubierto y denunciado, pero todas fueron denegadas, la autoridad política con una actitud mediocre, simplemente no le interesó saber sobre la conducta de sus subordinados. Un hecho que demuestra además, el ineficaz rol que cumplen los Ministros de Defensa, mas allá de lo formal, como jefes de un órgano superior de colaboración del Presidente de la República, asignados a funciones de gobierno y para la administración de la Defensa Nacional.
En la práctica los Ministros de Defensa son figuras decorativas, simples nexos comunicadores entre el real poder en las FFAA, que son sus comandantes en Jefe, con el Presidente de la República, es el rol del ministro actual, de los anteriores y de los que desempeñaron ese cargo en los años de la Concertación. Quienes han sido parte de las Fuerzas Armadas saben que a corto andar en sus cargos, estos funcionarios políticos se enganchan con la vida militar a nivel superior, la que viven los generales y almirantes, los visten con overoles de vuelo, chaquetas de pilotos, de tanquistas y empiezan a viajar por todo el país, a vivir sobornados entre las rutinas de cocteles y recepciones bastante suntuosas en la que los militares “les presentan sus respetos”.
Pero al evaluar a estos Ministros de Defensa por el cumplimiento de las funciones, las que según la ley les corresponde cumplir, estos aparecen bastante deficientes, basta comprobar la corrupción extendida que bajo su mando y frente a sus propias narices se institucionalizó las ultimas tres décadas. Es el indicador mas claro y demostrativo de que no cumplieron con sus deberes, que es velar por control y cumplimiento de las políticas y normas aplicables a los órganos que integran el sector defensa.
Si estos hubieran fiscalizado las actividades y hubieran supervisado su proba y eficiente administración, si hubieran supervisado, sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Hacienda, la inversión de los recursos asignados, servicios e instituciones del sector defensa, la corrupción en las FFAA no seria, al menos tan extendida ni institucionalizada como parece serlo hasta nuestros días.
Cuando se habla de corrupción se refiere a la acción y efecto de corromper (echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar) lo que seguramente en las instituciones armadas, como en las demás instituciones del estado y privadas, es de larga data, pero la depravación moral que hoy afecta a las FFAA, es la consecuencia, no la causa del problema. La causa es el poder dictatorial que se acompañó de fenómenos de corrupción más o menos extendidos y que en nuestro caso, en 32 años de democracia, ningún gobierno post dictadura se atrevió a identificar.
No se atrevieron a ver en el culto al pinochetismo la causa de la perversión moral de las FFAA, identificando en la dictadura, que los militares y la derecha consideran “salvadora de la patria”, el origen de la corrupción. La que es una suerte de ideología que continúa siendo dominante en las Fuerzas Amadas, lo que no significa que todos los militares chilenos sean Pinochetistas.
Durante la dictadura hubo una practica de subordinar a las élites a través de actos cuya realización dependía de la voluntad absoluta del poder civil-militar, en particular del dictador, a su vez personaje corrupto, extendidas o generalizadas a través de las políticas destinadas a hacer participar a los subordinados en actos delictuales. Esta práctica destructiva en las Fuerzas Armadas se ocultó y se oculta, entre los eslabones de la cadena de mando, generalizando la idea de que denunciar es sinónimo de una acción desleal, con los superiores, con la institución y en tiempos de Pinochet, con la dictadura.
De esta manera la tiranía civil-militar corrompió en mayor o menor medida a las viejas y a las nuevas elites, todos recordarán que las elites políticas y económicas que participaron en el origen de la dictadura estaban felices, estas se habían hecho del poder político y empezaron a ser parte de ese poder. Ellos inventaron una guerra y convencieron a sus súbditos que la habían ganado y por lo tanto, el Estado, el principal botín conquistado, se convirtió en la principal fuente de recursos para sus fines y para corromper a la sociedad.
Así la cúpula civil-militar que se hizo del poder, empezó a pagar por el apoyo y los favores concedidos, incluidas las grandes empresas norteamericanas que financiaron el golpe 2, construyendo una elite económica y política que creó grandes fortunas con los recursos de todos los chilenos y chilenas. De esta manera originaron la Constitución, vigente hasta nuestros días y le dieron forma al modelo económico que utilizó y utiliza al Estado para garantizar la concentración y la grosera acumulación de riqueza en pocas manos.
Toda esa cadena de corrupción se desgranó hacia abajo, desde el primer momento, ya sea favoreciendo a grandes empresarios, u a otros de menos envergadura, como los que habían facilitado sus propiedades para ser usadas como lugares de detención y tortura, o a quienes aportaron sus camiones y otros vehículos para el traslado de prisioneros, hasta permitir “la vista gorda” a los atropellos y a la expropiación arbitraria de bienes de aquellos partidarios del gobierno derrocado. En las FFAA, principales protagonistas del genocidio de 1973, el propio dictador repartió condecoraciones, reconocimientos y otras dadivas en busca de la lealtad de sus generales y oficiales subalternos, los que luego conformarían los órganos de persecución y exterminio de sus enemigos, generándose así, una cadena de complicidades, originadas en el temor y en la aceptación pasiva o activa de lo que estaba sucediendo.
Resulta insólito entonces que, a 47 años del golpe de estado incluyendo los 32 de democracia, y aun después de todo lo investigado, publicado y conocido, en el sentido de la participación de militares en actos de corrupción, de los cuales el propio dictador fue protagonista, robos y depredación de bienes públicos, de los crímenes atroces que cometieron en contra de millones de chilenos y chilenas. A pesar de todo ello, ningún gobernante fue lo suficientemente valiente para exigir responsabilidades por las atrocidades cometidas por los militares en contra de su pueblo, haciendo y exigiendo el reconocimiento explicito, de que el régimen de Pinochet no comenzó con una guerra, sino que, con el asesinato en serie, planificado y preparado con tiempo, donde la muerte del que se opusiese o no colaborase era obligada, incluyendo a militares patriotas, quienes se les opusieron y no participaron en sus tropelías
Nada de eso sucedió ni ha sucedido, por el contrario cobardemente los gobernantes post dictadura prefirieron algunos cambios cosméticos, los que no solo mantuvieron abiertas las puertas a la de corrupción, a sus causas, sino que también impidieron la necesidad aun vigente de una modernización de las Fuerzas Armadas. Basta revisar las normativas que rigen a las instituciones de la defensa, partiendo por la Constitución, para comprobar que son leyes hechas en dictadura y que estas normativas son las que permiten los privilegios de los generales, almirantes y oficiales subalternos, totalmente ajenos a la construcción y a la vida democrática del país, generando una condición que facilita y ha facilitado que la corrupción sea un sistema y no un conjunto de hechos aislados.
Las denuncias hechas por el Capitán Harvey no deben quedar en el olvido, son revelaciones que surgen desde el seno mismo de la institución, hechas por un militar consiente que busca terminar con los abusos, los mismos abusos y desigualdades que motivaron la protesta masiva de millones de chilenos y chilenas en octubre pasado. Pero por el peso de la tradición pinochetista corrupta, por los abusos imperantes en el ejercito, esa actitud honesta le valió, al Capitán Harvey, no el apoyo ni la protección para indagar sus bien fundamentadas denuncias, por el contario, significaron su paso a retiro, el Ministro de Defensa apresuró su baja y marginación de las Fuerzas Armadas, imposibilitándole de continuar su carrera militar.
Vale preguntarse entonces, que valor tiene el discurso hueco de este gobierno, de tolerancia cero a la corrupción en las FFAA, si un militar que se atrevió a denunciar a sus superiores por corruptos, es sancionado por el cuerpo de generales y por el Ministro de Defensa. Quitándole toda protección legal, por el solo hecho de atreverse a cuestionar a sus superiores, permitiendo que se le acuse en el ejercito, de deslealtad y de sedición.
Sin embargo y en la otra cara de la moneda, en la cara del pinochetismo aun vigente en las FFAA, generales, oficiales y suboficiales del ejercito, que han utilizado fondos de la producción del cobre destinados a las Fuerzas Armadas, para enriquecerse. O que, han hecho fraude con cientos de licitaciones públicas, sumándole a ello los cientos de militares delincuentes vinculados a crímenes de lesa humanidad, algunos de ellos, quizás la mayoría, aun están en sus filas o recibiendo sus pensiones suculentas, manteniendo sus grados y privilegios, a pesar de estar condenados por los delitos que cometieron.
A la luz de estos y otros antecedentes, de las denuncias hechas por el Capitán de Ejército Rafael Harvey, solo cabe decir que en el Ejército la ideología pinochetista está vigente, que puede ser no generalizada, pero que existe y es avalada por los altos mandos de la institución.
Mientras esto se perpetúe, la corrupción continuará siendo una conducta en las FFAA y algo mucho mas preocupante, seguirá vigente el argumento (cobarde) de la obediencia debida, que es contraria a la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles. Tratos, inhumanos o degradantes que se repiten y repiten, a manos de militares, como sucedió durante la rebelión social de octubre, periodo en el cual cientos de jóvenes manifestantes fueron encarcelados, mutilados y vejados por la fuerza militar y policial, hechos que aun están en el impunidad.
Un Ejército que permita estos desvalores en su interior y que son institucionalizados en la enseñanza de sus oficiales, se trasforma en una institución opresora, en un instrumento, en un ejercito presto a usar las armas para mantener los privilegios de los poderosos.
