Con fecha 12 de octubre de 2022 se publicó en el vespertino La Segunda la columna de opinión titulada "La otra verdad de los guetos verticales" suscripta por Fernando Marín, miembro de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), en la cual fustiga a las instituciones del Estado al manifestar en epígrafe que "La sucesión de acciones u omisiones que se contradicen entre sí fueron factor importante en generar un grave problema" (sic). 


Ese mismo día le enviamos a Mauricio Gallardo, director de ese medio de prensa, la respuesta que merecía la columna antes mencionada para que así sus lectores conocieran el efectivo desarrollo de los hechos, lo que reiteramos los días 13 y 14 del mes en curso y como dicho periodista tomó la decisión de censurarla para así establecer como hechos ciertos las acusaciones del arquitecto Marín, nos vemos en la obligación de desmentirlo a través de este medio comprometido con la verdad y con la libertad de expresión. 


Pues bien, en la burda columna que no se pudo desmentir en la propia La Segunda, dicho columnista dice que entre los años 2014 y 2016 se otorgaron 75 permisos de edificación con agrupamiento continuo en un sector de la comuna de Estación Central que no contaba con un Plan Regulador Comunal (PRC) y que, por ello, al no estar fijada la altura de los edificios en un instrumento regulador, la Seremi Metropolitana de Santiago emitió su ORD. 2138 del 2 de abril de 2016, estableciendo que todos los actos administrativos eran ilegales, haciendo hincapié que una interpretación administrativa no puede tener efecto retroactivo. 


Le aclaramos a ese arquitecto y al mismo medio que le dio cobertura noticiosa que, con fecha 10 de julio de 2007, 108 meses antes del año que él alude, su colega Luis Eduardo Bresciani, en su condición de funcionario público jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, emitió su ORD. N° 0549 dirigido al señor Marco Antonio Vidal, director de Obras Municipales (DOM) de Estación Central, informándole que no es posible la edificación continua, sin normas que la delimiten, enfatizándole que no procede que el DOM señale una altura a este tipo de edificación, en tanto no se perfeccione dicha norma en el instrumento de planificación respectivo. 


El funcionario del gobierno central instó al funcionario municipal a que no tuviera un comportamiento arbitrario y éste, como era su deber, acató esa instrucción ministerial. Así fue como el señor Vidal, de profesión ingeniero civil, obviamente nunca cursó permisos de edificación con agrupamiento continuo y cuando falleció en el año 2013, asumió el cargo de DOM de Estación Central el arquitecto Armin Seeger, quien a partir del año 2014 empezó a otorgar permisos con esa característica, sabiendo que eran improcedentes. 


Por ese motivo quien suscribe, con otras 5 cinco personas, arquitectos Miguel Lawner, Miguel Prieto, Jonás Figueroa, ingeniero civil Antonio García y dirigente social Alejandro Verdugo, que tienen competencia en la materia, interpusimos una querella criminal por el delito de prevaricación administrativa en contra de los funcionarios municipales que cursaron los aludidos 75 permisos. Enseguida, el actual alcalde Felipe Muñoz, amplió la querella en contra de otros funcionarios desobedientes de su municipio.     


La causa judicial está siendo investigada por la fiscal Giovanna Herrera, titular de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, dejándose en claro que este episodio fue resuelto por la Contraloría General de la República, mediante varios dictámenes que declararon la ilegalidad de los permisos, lo que fue ratificado por otros tantos fallos de la Corte Suprema, con lo cual se evidencia que en este caso no hubo "retroactividad" y que, las instituciones públicas actuaron conforme al mandato legal.  


En el período en que Rodrigo Delgado ejercía el cargo de alcalde, se otorgaron innumerables recepciones finales de obras, a pesar de que la Contraloría lo impedía, situación que entendemos tendrá que analizar en su mérito la fiscal Herrera, señalándose finalmente que están avanzadas las conversaciones, ya que en Chile los edificios ilegales no se demuelen, para que los titulares de los proyectos aporten compensaciones económicas a favor de la comunidad de Estación Central, contra las recepciones finales de obras de sus edificios, como una forma de resarcir a los perjudicados y solucionar esta situación pendiente.