Este año está iniciándose la implementación de la ley de la Nueva Educación Pública que se aprobó el 2017 durante la gestión Bachelet y que busca revertir más de 35 años de “municipalización/alcaldización” de la educación pública que significó una pérdida importante del prestigio social de la educación pública.

 Los colegios públicos/municipales no pueden seguir siendo sinónimo de “mala educación” lo que ha significado una merma importante de matrícula (entre 2010-2017 la matrícula cayó en 32%, cerca de 600.000 alumnos abandonaron sus aulas) ni tampoco sólo puede atraer a los hijos/as de familias vulnerables socialmente (según Casen 2015 más del 65% del alumnado proviene de los quintiles más vulnerables).

 El desafío de la Nueva Educación Pública es que sus colegios vuelvan a ser espejos de la pluralidad social de los territorios, donde coexiste esa diversidad social que significa el Chile del siglo XXI, donde hay integración social.

 

Si queremos avanzar hacia una sociedad inclusiva y tolerante, no sexista, respetuosa de los derechos ciudadanos; la educación pública y sus colegios deben ser un espacio donde estos valores se vivan, sea en la interacción entre los jóvenes como con los docentes y al interior de la comunidad educativa; por lo tanto, los colegios deben re-construirse apuntando a esta mixtura social. Eso enseñará a los estudiantes en la cotidianeidad que son iguales en derecho, en ciudadanía, en capacidad de respeto y tolerancia por las diferencias con los otros, pero también en los aprendizajes pertinentes para un mundo que evolucionó a una velocidad mayor a la imaginada.

 Los exitosos casos de países desarrollados se sustentan en potentes sistemas de educación pública con integración social. Eso ocurre así en Estados Unidos, en Europa y en Asia y aquí en Chile no hemos podido sortear “la trampa de los países de ingresos medios” porque carecemos de una Educación Pública de calidad.

La derecha conservadora no logra entender que una educación segregada socialmente, inequitativa y donde la calidad educacional depende del bolsillo de las familias no es un aporte al desarrollo del país, no mejora las capacidades productivas ni el capital cultural de la ciudadanía y de seguir así, seguiremos dependiendo de las materias primas, en especial de exportar cobre.

Pero esta tarea no puede ser solo de los docentes, ni sólo de las familias, ni tampoco sólo de los estudiantes se requiere un proceso de convergencia social de expertos, políticos, medios de comunicación, economistas, Universidades, Parlamento y los actores educacionales para que promovamos y trabajemos por una Nueva Educación Pública y donde Ministerio de Educación debiera jugar un rol activo – y no pasivo-.

 La construcción de una Nueva Educación Pública de calidad nos debiera unir a todos y todas, porque es nuestra llave hacia el desarrollo. El resto es música.