El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un decreto que permite a civiles comprar y portar armas semiautomáticas que antes estaban reservadas al uso militar. Se trata de fusiles, carabinas y subametralladoras de asalto con cargadores extraíbles, de calibre superior al 22. La disposición, que también lleva la rúbrica del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deroga una norma vigente desde 1995 que restringía este tipo de armamento exclusivamente al ámbito castrense.

El decreto forma parte de una serie de medidas que el gobierno libertario ha impulsado para flexibilizar la tenencia de armas, en un país donde el acceso al armamento había estado estrictamente regulado durante las últimas décadas. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en 2022 uno de cada dos homicidios dolosos fue cometido con un arma de fuego, lo que refuerza las alertas de diversos sectores frente al posible impacto de esta liberalización.

Fin a un largo período de control
Hasta diciembre de 2023, Argentina mantuvo un Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que desde su creación en 2006 permitió la inutilización de más de 200 mil armas y dos millones de municiones. Ese enfoque, sin embargo, ha quedado atrás desde el cambio de gobierno.

En mayo de este año, el Ejecutivo introdujo la “tenencia express”, una modalidad de trámite digital que facilita la obtención de armamento. A través de la plataforma de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), tanto civiles como miembros de fuerzas armadas, policiales o de seguridad pueden acceder al procedimiento de forma completamente online.

Y ya en diciembre pasado, se había reducido la edad mínima para portar armas de fuego desde los 21 a los 18 años. En esa ocasión, la ministra Bullrich justificó la decisión:

“A los 16 años tienen derecho a votar. A los 18 pueden ir a la guerra, formar una familia o ser miembros de una fuerza de seguridad (…). ¿Por qué no podrían ser legítimos usuarios de armas?”, planteó.

Datos preocupantes
Actualmente, cerca de un millón de personas en Argentina tienen credenciales de usuario de armas de fuego, la mayoría hombres. Sin embargo, más del 65% de esas credenciales están vencidas, según reveló una investigación del medio Chequeado en mayo, a través de solicitudes de acceso a la información pública.

Si bien Milei en su época de diputado manifestó su apoyo a la libre portación de armas, como presidente había señalado que no era parte de su programa de gobierno. Sin embargo, esta nueva decisión confirma un giro en la política de control de armamento en el país, lo que genera inquietud entre organizaciones sociales, especialistas en seguridad y familiares de víctimas de violencia armada.

La nueva normativa reabre un debate sensible en Argentina, un país con más de 45 millones de habitantes y una larga tradición de regulación restrictiva respecto al armamento civil.