Las balaceras, los fuegos artificiales, el miedo en que viven miles de familias de comunas de ingresos medios y sectores populares no sólo ocurre en Maipú, también está ocurriendo en Quilicura, Pudahuel, La Granja, Peñalolén, La Pintana por nombrar a algunas.
Hay un hecho indesmentible es que la drogadicción, la delincuencia y la influencia de las bandas de Narcos ha ido aumentando en estas comunas y a las familias no les queda otra opción que casi vivir encerradas en su hábitat familiar.
Incluso durante la pandemia algunas bandas de narcos fueron más ágiles para ayudar con cajas de mercaderías a las familias sin ingresos y empleos ante la lentitud del gobierno.
Son territorios donde no hay presencia estatal, de las instituciones públicas. Carabineros no está desplegado en esos barrios porque la dotación policial en las comunas de la zona sur y norponiente es bajísima. En Quilicura hay un carabinero por cada 1.010 habitantes según informe del 2019 –realidad que no ha cambiado- mientras que en las Condes es cada 500 habitantes; tampoco se sabe de trabajo de inteligencia policial para desbaratar “la influencia” de estas bandas en la vida local.
No hay inversión gubernamental ni municipal para prevenir el consumo de drogas en los jóvenes mediante acciones deportivas, culturales, mejor educación pública, atención en salud mental que evite la caída en ese circuito infernal que es la drogadicción en el mundo popular y de clase media.
No hay inversión en recuperar espacios públicos en esos territorios como aumentar las luminarias, recuperar sitios eriazos y convertirlos en infraestructura deportiva y/o cultural.
La ausencia de inversión pública –cualquiera sea la instancia- está dejando una ruta libre a los Narcos, que nos costará caro como país.
Es hora de reaccionar, la clase política no puede seguir estando indiferentes ante la expansión de esto. EL 11 de abril al elegir nuevos gobiernos municipales y regionales ojalá la ciudadanía considere esta lucha contra la drogadicción como cuestión prioritaria para el futuro.
