En seis días más ya conoceremos y analizaremos los resultados del segundo plebiscito constitucional, probablemente con una alta participación ciudadana de “los votantes obligados”.

Según las encuestas de los últimos días parecen ser infructuosos los esfuerzos comunicacionales de la derecha y la ultraderecha por convertir este plebiscito constitucional en “un segundo referéndum sobre la mala gestión del gobierno” -ya hay consciencia mayoritaria de que el país está frente a un gobierno plagado de dificultades- ya hay un cierto sentido común de que estos plebiscitos tienen que ver con un orden mínimo de consensos que permitan una vida fructífera en sociedad y que el texto elaborado por la ex Convención en 2022 como la propuesta que apoyó mayoritariamente la ultraderecha en el Consejo Constitucional ahora son fórmulas constitucionales generadas por las mayorías circunstanciales que se crearon en esos órganos, que no hubo ningún interés por construir consensos transversales, porque en la primera se impusieron voces radicalizadas como la de Stingo, Atria, Barraza, Montero y otros y en la segunda tentativa se impusieron Luis Silva, Hevia, Barchessi que vinieron a generar nuevos cerrojos a un texto constitucional conservador al cual se sumaron diversos actores desde la derecha.

Pareciera que a la mayoría ciudadana no está disponible a respaldar textos identitarios, plagados de ideologismos, representativo de sectores sobre representados -ya sea en la Ex Convención como en el Consejo Constitucional- y termina rechazando masivamente o votando en Contra estos intentos de imponer visiones sesgadas sobre las reglas comunes que deben tener las sociedades por décadas. Esta irresponsabilidad de las élites políticas en ambos órganos ha provocado un hastío o cansancio constitucional de las mayorías que ven como se han perdido 4 años de debate constitucional inconducente.

De ocurrir lo que predicen las encuestas es claro que la sociedad chilena quiere que se cierre este debate constitucional y que la sociedad mantenga las reglas de la Constitución del 2005, que tiene una fórmula razonable de reformas con quorum de 4/7 que la da estabilidad a un país que se cansó de tanto ensayo constitucional.

Por otra parte, la publicidad política ha sido “un caos narrativo” como lo describe un experto, se apela a una emocionalidad destructiva, la derecha solo fustiga al gobierno, se apelan a demasiadas fake news  lo que ha acentuado el hastío constitucional ya que el rating de la franja cayó 5% en relación a proceso de septiembre 2022. La ciudadanía no es convencida de su voto por los debates televisivos, ni la franja electoral, ni tampoco por los insertos que son generados por una élite política de la cual tiene mucha desconfianza.

En materia de lecturas políticas está claro de que si triunfa el En Contra el principal perjudicado será José Antonio Kast que fue el liderazgo que ganó el 7 de mayo, ya que en el Consejo impulsó “su Constitución” y ese texto no logró aprobarse; pero sus defensores señalaran que a pesar del traspié sigue instalado como el principal aspirante a ganar las elecciones presidenciales del 2025 ya que obtendría un porcentaje superior al 40% el próximo domingo.

Este resultado es la expresión de una ciudadanía que se cansó del tema constitucional, que  a poco andar se dio cuenta que sus urgencias como la seguridad, el combate a la delincuencia, la generación de nuevos empleos, una mejor educación y salud no se lograba por esa vía sino por acuerdos políticos transversales que permitan salir del estancamiento político-económico y social en que Chile ha estado desde 2013.

 El hastío con el tema constitucional que probablemente se expresará el domingo 17 debiera dar paso a una etapa de acuerdos políticos transversales para avanzar en la agenda ciudadana que reclama más seguridad, más combate al crimen organizado y las bandas delictuales, a un pacto por reimpulsar el crecimiento económico con equidad social y responsabilidad fiscal como lo han estado trabajando el mundo político con el Ministerio de Hacienda, la implementación del Acuerdo Educacional logrado entre Senado y Ministerio de Hacienda construido en el marco del debate de la ley de Presupuesto 2024 y que el deterioro de la calidad educativa que mostró la prueba PISA/OCDE revelan que es una tarea urgente para las familias chilenas.

 Ojalá exista ese espacio político para los acuerdos antes de que se desate la campaña electoral de octubre 2024 que renovará autoridades en Municipios y Gobiernos Regionales. Chile necesita acuerdos para empezar a resolver los dramas que vive nuestra sociedad y es tarea de la política empezar a implementarlos.