En los últimos meses, el país ha sido testigo de revelaciones extremadamente graves sobre corrupción y malas prácticas. Entre ellas destacan los audios filtrados del abogado Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva e imputado por varios delitos. La magnitud de estas revelaciones y la cantidad de aristas involucradas han generado un clima de saturación, en el que la opinión pública parece haber perdido la capacidad de asombro. Sin embargo, en medio de este complejo entramado, resulta crucial volver la atención a un nombre que aparece de manera recurrente en estos escándalos: Julio Ponce Lerou.

Ponce Lerou es conocido no solo por su relación familiar con el dictador Augusto Pinochet, sino también por la cuestionable manera en que se hizo con el control de SQM. Su historia está marcada por episodios graves de violación a las leyes del mercado de valores y financiamiento ilegal de la política.

 El "caso cascadas" es solo uno de los hitos que ilustran su proceder, por el cual, como se ha sabido, habría sido sancionado en términos mucho más benignos de los propuestos por el fiscalizador, producto justamente del tráfico de influencias. Las infracciones al mercado de valores que se le imputaron siguen siendo investigadas por la Securities and Exchange Commission (SEC) en Estados Unidos.

Justamente debido a estos antecedentes, SQM ha invertido en los últimos años grandes sumas de dinero en una campaña de lavado de imagen, financiando iniciativas ambientales y caritativas en el norte del país, además de gastar en publicidad más que grandes marcas de consumo masivo, sin vender un solo producto final en Chile que justifique semejante despliegue.

Sin embargo, justo cuando muchos pensaban que estos casos estaban definitivamente cerrados, surge una nueva y alarmante revelación: si los audios y las acusaciones son veraces, el cierre de esos casos en la Tercera Sala de la Corte Suprema habría sido resultado de un nuevo entramado de corrupción y tráfico de influencias. En él estarían involucrados la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y el exfiscal Manuel Guerra, a instancias del abogado Luis Hermosilla, en favor de Ponce Lerou.

Este hecho, de por sí grave, adquiere una relevancia aún mayor si se considera el contexto actual: el Estado de Chile, a través de Codelco, ha decidido asociarse con Ponce Lerou para el desarrollo de la estrategia nacional del litio hasta el año 2060. Este acuerdo, que debería concretarse en enero de 2025, convierte a Ponce en el principal socio del Estado en este recurso estratégico.

Pero el panorama se complica aún más, ya que este acuerdo está siendo impugnado no solo por el segundo mayor accionista de SQM, sino también por comunidades indígenas del Salar de Atacama y diversos actores mediante acciones legales y administrativas. Todas, instancias que han sido vinculadas a las redes de influencia de Hermosilla.

Frente a este contexto, la pregunta no es solo si el gobierno chileno y sus instituciones eran conscientes de con quién se están asociando, sino también si las decisiones futuras respecto de caso en que se encuentren en juego intereses de Ponce Lerou, en las distintas instancias judiciales y administrativas, serán tomadas con plena objetividad y ecuanimidad. La historia ha demostrado que Julio Ponce, apodado en otros tiempos como el "Yernísimo", siempre encuentra la manera de ganar, incluso después de haber sido derrotado.

Es imperativo, por tanto, que la ciudadanía y los organismos encargados de impartir justicia se mantengan vigilantes ante un proceso de fusión con la empresa pública más importante que, de no ser conducido con transparencia, podría generar consecuencias profundamente negativas para el país y para el manejo de un recurso tan estratégico como el litio que sigue teniendo alta demanda en el mundo.