Una carta publicada en el diario El Mercurio sobre la “curiosa apreciación del SII” es más que un testimonio anecdótico: es la ilustración perfecta de un sistema que ha perdido conexión con la realidad y con el principio básico de justicia tributaria.

Que el Servicio de Impuestos Internos (SII) incremente en un asombroso 43% el avalúo fiscal de una propiedad que fue incendiada hace dos décadas en el Lago Lleu-Lleu no es solo un error administrativo: es la demostración de que el mecanismo actual de reavalúo carece de control, transparencia, proporcionalidad y racionalidad.

Lo que debería ser un proceso técnico destinado a reflejar de manera justa el valor real de los bienes raíces se ha convertido en una maquinaria automática, donde el Estado ajusta los valores por algoritmo y tabla, sin pisar el terreno y sin atender a las circunstancias concretas de cada contribuyente.

Este caso es apenas un símbolo de lo que miles de familias están enfrentando en todo Chile. Avalúos que suben sin justificación objetiva, valorizaciones desproporcionadas y cobros que terminan por asfixiar a propietarios que muchas veces ya no tienen recursos para enfrentar estas alzas, afectando incluso la casa propia, primera vivienda y patrimonio familiar esencial.

Además, el nuevo reavalúo de los bienes raíces no agrícolas, programado para enero de 2026 —fijado siempre en el interregno de un gobierno que termina y antes de la llegada del siguiente— se perfila como un nuevo golpe a la clase media y a los adultos mayores, justo en el momento más crítico de su economía doméstica.

Frente a esta realidad, Chile necesita detener urgentemente este proceso, congelar los reavalúos y revisar a fondo el mecanismo que los habilita. No podemos seguir aceptando que el SII opere con facultades omnímodas, sin contrapeso ni fiscalización real, aplicando una suerte de “impuesto encubierto” sobre las propiedades, a costa de la tranquilidad y patrimonio de los ciudadanos.

Hoy es una casa quemada en Tirúa. Mañana serán miles de viviendas familiares en todo el país, valoradas al alza mientras sus dueños apenas pueden sostenerse en un contexto de altos costos de vida, inflación pasada y estancamiento económico.

El principio de equidad tributaria no solo exige que todos paguen impuestos; exige que estos sean proporcionales, justos, fundados y razonables. Y lo que está ocurriendo en materia de reavalúos se aparta completamente de este principio.

Por eso, esta columna no es solo un llamado a detener el próximo reavalúo: es un llamado a replantear el sistema completo de valorización fiscal, a establecer mecanismos de revisión independiente, a dar garantías reales de que ninguna persona será víctima de decisiones absurdas como la relatada por un lector en El Mercurio, y, en definitiva, a reconstruir la relación de confianza entre Estado y contribuyentes que hoy está peligrosamente erosionada.

Que el sentido común es el menos común de los sentidos, es una frase que solemos escuchar a diario, pero que el Estado pierda el sentido común de esta manera, parece ser algo novedoso.