Operación Libertad 2018.
interpol.int

Unas 350 posibles víctimas de explotación sexual y trabajados forzados fuera rescatadas en América Latina y el Caribe, tras un operativo policial donde participaron 13 países.

En la publicación hecha en la página web de la Interpol, se especifica que más de 500 policías de 13 países detuvieron a un total de 22 personas durante la denominada Operación Libertad, llevada a cabo entre el 3 y el 9 de abril.

En la operación policial fueron hallados adultos y menores de edad que trabajaban en clubes nocturnos, granjas, minas, fábricas y mercados al aire libre. Según Interpol, los traficantes contactaban a inmigrantes en situación irregular, "desesperados y vulnerables", para atraerlos "con promesas de una vida mejor".

El coordinador de la unidad contra la trata de Interpol, Cem Kolcu, recordó que los traficantes de personas no especifican las condiciones de trabajo a las que se enfrentará la víctima en su destino final. En este sentido, explicó que en el operativo se identificaron a mujeres forzadas a trabajar en espacios del tamaño de un ataúd.

En Guyana, las mujeres ejercían la prostitución en lugares próximos a minas de oro que, por encontrarse alejados, imposibilitaba su escape o facilitaba su rápido traslado en el caso de que las mafias fueran detectadas por las autoridades, según explicó una responsable del Ministerio de Seguridad Pública de ese país, Diana O'Brien. 

Migrantes víctimas de las mafias
Para asegurarse de que las víctimas recibieran la atención necesaria después de su rescate, los servicios sociales y las ONG realizaron entrevistas después de la operación y prestaron sus  servicios de apoyo.

Sin embargo, debido a que pueden ganar más dinero del que podrían obtener en sus países de origen, algunas víctimas no se identifican como tales, lo que dificulta la recopilación de pruebas y el enjuiciamiento de los casos sospechosos de trata. Además, otras víctimas son manipuladas e intimidadas para que proporcionen información falsa.

La Operación Libertad ha sido coordinada desde Barbados, pero en ella han participado también autoridades de Antigua y Barbuda, Aruba, Belice, Brasil, Curazao, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, las islas Turcas y Caicos y Venezuela.