Luis Castillo Opazo (38), el autoproclamado "insurrecto" que fue indultado -junto a otros 12 condenados- a fines del año pasado, le pidió el perdón al Presidente Gabriel mediante una carta en la que reivindicó su "divino derecho a la rebelión".

Según publicó el portal Ex-Ante, el 24 de marzo del 2022 le escribió una misiva al Mandatario, que decía: "Muy respetuosamente a Ud. vengo a solicitar me conceda el 'indulto presidencial' dentro de sus facultades (...), ya que yo sólo salí a luchar por mis derechos como todo ciudadano común lo hizo en el marco de la revuelta social, haciendo valer el 'divino derecho a la rebelión popular', ya que nuestros derechos estaban siendo vulnerados por el gobierno de Chile".

Aunque Boric fue electo recién dos años después del estallido social, le apuntó que "en éste, su actual gobierno, por el cual salimos a luchar por un país en democracia y dignidad, hoy me encuentro como 'preso político de la revuelta popular', lejos de mi familia".

Luego, el 15 de junio, el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, remitió a la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, el expediente de solicitud de indulto particular de Castillo Opazo, documento en el que se detallaba la sentencia que cumplía de cuatro años de cárcel por seis  delitos de desórdenes públicos, tres de daños simples, cuatro de robo en lugar habitado y un delito de daño calificado; y su prontuario previo al 18-O, que consiste en cinco condenas y 26 causas en su contra.

También se exponían las conclusiones del Tribunal de Conducta del complejo penitenciario La Serena, que consideró "desfavorable" otorgarle la gracia y alertó de un riesgo de reincidencia muy alto: "El solicitante no es acreedor a la gracia de indulto".

"Se evidencian rasgos de trastorno narcisista de la personalidad con rasgos antisociales, los cuales están determinados por sentimientos de grandeza. Carece de empatía y comportamiento arrogante, junto con un amplio historial delictual asociado a su patrón antisocial", sostuvo, subrayando que "posee un deficiente reconocimiento de las conductas ilícitas realizadas, dado que independientemente de reconocer su participación en los hechos, tiende a justificar y relativizar, con escasa perspectiva social, al momento de evaluar el daño ocasionado, negando incluso uno de sus delitos asociado a robo en lugar no habitado".

El 30 de diciembre el Gobierno oficializó que el Presidente Boric había decidido indultar a 12 condenados por delitos vinculados al estallido social, además del exfrentista Jorge Mateluna, quien purgaba una pena de cárcel por el asalto a un banco -delito que él ha sostenido que no cometió-.

A lo largo del año Urra envió a la entonces ministra Ríos una serie de informes reservados sobre quienes solicitaban la gracia: incluyendo riesgos de reincidencia "altos" y "muy altos" y una falta de conciencia de los delitos cometidos, la institución penitenciaria había recomendado no otorgarle el indulto a los seis presos asociados a la crisis social, cuyas libertades la oposición impugnó ante el Tribunal Constitucional, de acuerdo con Ex-Ante.

Estos seis casos son los de Castillo Opazo y de Brandon Rojas Cornejo (22), Bastián Campos Gaete (23), Jordano Santander Riquelme (38), Claudio Romero Domínguez (21) y Felipe Santana Torres (22).

Sólo en el caso de Mateluna -también llevado al TC- se mostró favorable a extinguirle la pena, pues "mantiene todos sus informes psicosociales positivos, no teniendo inconvenientes para reinsertarse a la sociedad".

El TC pidió como medida la copia de todos los expedientes de los indultados y también copia de todos los dictados desde 1981 hasta la fecha, bajo reserva, condición que el Gobierno abogó por mantener.

Fue consultado por esta publicación el actual ministro de Justicia, Luis Cordero, quien respondió que "el expediente íntegro de los indultos está en el Tribunal Constitucional, que pidió reserva de esa información", y puntualizó que "los antecedentes son mucho más complejos que el que está contenido en la referencia que se realiza".

"Pero lo que he aprendido en mi vida profesional es que los abogados no litigamos por la prensa", cerró.

El TC revisó ayer los requerimientos de senadores de oposición contra los siete indultos referidos, pero no llegó a acuerdo y resolvió dictar nuevas medidas para avanzar en el proceso.