Con la excelente labor fiscalizadora ejercida últimamente por la Contraloría General de la República, bajo la conducción de Dorothy Pérez, la casi totalidad de los agentes públicos como empresarios y ciudadanía, incluyendo a los distintos partidos políticos, según sus propias declaraciones en los medios de comunicación, han expresado que así se combate la corrupción, luego sin cálculos para no incomodar a los mimados de siempre. Muchos de los anteriores lo han expresado así, en circunstancias de que, por sus habituales comportamientos, los podemos definir como pillines.
Este reconocimiento, entre otras cosas, por haberse detectado, en auditorias realizadas a diversos servicios públicos entre los años 2024 y marzo de 2025, un completo y vulgar desorden con abultadas cifras que llegaron a los $ 1,5 billones, sí queridos lectores, con "b". Mejor ni hablar de las licencias médicas truchas para que 25.000 "enfermitos" pudieran viajar tranquilamente a diferentes lugares del mundo.
Sobre lo anterior, debemos tener presente que gracias a los impresionantes avances tecnológicos que tenemos, a disposición de los 19 millones de chilenos, en la actualidad es más fácil detectar a aquellos acostumbrados a saltarse las reglas del juego para obtener ventajas en sus iniciativas de inversión y también a otros tantos que frecuentemente obtienen impropios "regalos" del Estado. Años atrás era muy difícil pesquisarlos y por ello sus fraudes están prescriptos y por ende, son hechos ilegales consumados, a buen recaudo debido a la impunidad. En cambio, desde hace pocos años, con la utilización masiva de la Inteligencia Artificial, las redes sociales y los teléfonos celulares, casi todo se sabe y por lo tanto es más sencillo hallar los engaños, siempre y cuando exista la voluntad de enfrentarlos, lo que sí está haciendo con convicción la Contraloría.
Dentro del ámbito de nuestra especialidad hemos denunciado con hechos irrefutables que las municipalidades son los entes públicos más incapaces para ejercer sus atribuciones. Sus direcciones de obras municipales (DOM) son verdaderas fuentes de ratería, lo que se produce porque los alcaldes son renuentes a controlar a los funcionarios que se desempeñan en esos cargos, aunque en ocasiones son "socios" para cometer desfalcos, sobre todo utilizando las corporaciones municipales, lo que hemos verificado en diversas de esas corporaciones autónomas, por ejemplo en Las Condes e Iquique en estos días. Para conocer las graves implicancias del desacato de la municipalidad de Iquique a los dictámenes de Contraloría, recomendamos leer crónica del DF en link https://www. defendamoslaciudad.cl/ noticias/item/8955-diario- financiero-permisos- irregulares-de-obras- inmobiliarias-en-iquique- desatan-conflicto-entre- alcalde-y-actores-del-sector
El marco regulatorio de Vivienda y Urbanismo establece, con suma claridad, que para ejercer la gravitante función de DOM en las comunas de 40.000 habitantes y más, se debe tener el título profesional de arquitecto o ingeniero civil, lo que no siempre sucede por diferentes razones, nunca atendibles. En las comunas chicas, cualquier técnico de las decenas de miles que se originan en los llamados institutos profesionales y centros de formación técnica, pueden dedicarse a tramitar permisos de edificación, dejándose en claro que, por nuestra parte, no hay un desaire a ellos, sino tan solo evidenciamos que sus campos laborales tienen otras características y menores exigencias.
A modo de ejemplo, en la comuna de Alto Hospicio, región de Tarapacá, territorio que tiene más de 150.000 habitantes, ese cargo lo ocupa una persona que no tiene ninguna de esas 2 profesiones universitarias, motivo por el cual el alcalde podría sostener, para justificar su falta, que en esa comuna no residen ni arquitectos ni ingenieros civiles o bien que los pocos que hay, no tienen mayor interés en postular al cargo de DOM, ello a pesar de que los sueldos son bastante atractivos.
Desde esta tribuna le manifestamos a dicha autoridad que, si desea cumplir la ley y por ende disponer de un profesional con las necesarias competencias técnicas, en Iquique hay innumerables arquitectos e ingenieros civiles que estarían interesados en ocupar esa función municipal. Como el trayecto entre ambas comunas es corto, solo 13 kilómetros, y para acceder a Alto Hospicio solo se requiere subir el cerro en las mañanas y bajar en las tardes, le proponemos al alcalde Patricio Ferreira que proceda en consecuencia.
Finalmente, como no todo en tan malo en los municipios, reconocemos el alto nivel desplegado por ciertos DOM, como por ejemplo los arquitectos Yuri Rodríguez, Joan Saavedra y Paola Fuenzalida en las municipalidades de Casablanca, Viña del Mar y Pudahuel, respectivamente. Pero sería sensato que más adelante todos estos cargos, con las modificaciones legales de rigor, sean ocupados por funcionarios que tengan contratos de planta y ojalá accediendo a los mismos por el Sistema de Alta Dirección Pública.
Como un post scriptum, con el mejor espíritu de cooperación, le recomendamos a Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, que le exija a todas las municipalidades que dispongan de sus propios Planes Reguladores Comunales (PRC), pues debido a esa ausencia, en el 25% de las 346 municipalidades que hay en el país se cometen todo tipo de barbaridades.
