Botellas de ron a 150 mil pesos, cobros por el denominado “derecho a baño” para facilitar encuentros sexuales y la utilización de cuentas bancarias de menores de edad para triangular dineros, fueron algunos de los antecedentes expuestos ayer por la Fiscalía durante la formalización de los gendarmes y una civil acusados de liderar una presunta estructura de corrupción y tráfico de influencias en los módulos de alta peligrosidad de la cárcel de Puerto Montt.

Según informó el diario El Llanquihue, la fiscal Nathalie Yonsson del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), detalló los delitos y faltas a la probidad presuntamente cometidos por los uniformados. Asimismo, se confirmó que testigos protegidos aportaron información clave en la causa.

Lo que el Ministerio Público presentó ante el tribunal corresponde a una presunta empresa de servicios ilícitos.

En el centro de la acusación para el módulo 43 se situó al suboficial mayor y ex dirigente, Mario Palma Lincura, junto a los funcionarios Francisco Romero y Senén Orellana.

Según el relato fiscal, basado en testimonios de internos e interceptaciones telefónicas, estos funcionarios cobraban una tarifa a los reclusos para permitirles mantener relaciones sexuales en sus visitas en los sanitarios, práctica que los gendarmes habrían facilitado activamente a cambio de dinero.

Para complementar la actividad comercial, los allanamientos revelaron que los funcionarios ingresaban medicamentos tipo Sildenafil (Viagra) para su venta. La oferta incluía alimentos y alcohol: sándwiches, “pichangas” a 50 mil pesos, tablas de sushi a 30 mil y el mencionado alcohol para fiestas de fin de año a precios elevados.

Según los antecedentes vertidos en la Sala Dos, la corrupción también tenía aristas tecnológicas en los módulos 41 y 42, custodiados por el ex dirigente gremial Edgardo Cerna y el cabo Nicolás Toro.

La Fiscalía denominó a este sector como el “Banco Estado”, debido a la impunidad con la que operaban las estafas telefónicas. Los internos, cubiertos con mantas o toldos para evadir las cámaras, realizaban llamadas extorsivas.

La fiscal Yonsson expuso un nexo directo: una víctima en Temuco denunció una estafa cuyo origen se rastreó hasta un celular activo en Alto Bonito, dispositivo que ya estaba siendo interceptado por la PDI como parte de la indagatoria contra los gendarmes.

La estructura no operaba solo con efectivo. La imputada civil, Marcela Moreno Soto, fue señalada como la receptora externa. Según la investigación, facilitaba sus cuentas bancarias para recibir pagos de familiares de los presos.
Un antecedente agravante expuesto fue la utilización de la cuenta de su hija de 14 años para triangular dineros, que luego eran retirados y entregados en efectivo —en sumas superiores a los dos millones de pesos— al suboficial Palma.

De acuerdo a la indagatoria de la PDI, la red ejercía presión sobre el personal que no participaba. La Fiscalía relató el amedrentamiento a un gendarme que, tras interceptar un “pelotazo” con un celular, se negó a entregarlo a los imputados Palma y Orellana. Al día siguiente de realizar la denuncia, el funcionario encontró en su casillero un dibujo de un arma blanca tipo estoque, interpretado como una amenaza directa.

Previamente, los defensores Matías Gallardo y Gustavo Riveros intentaron anular el proceso cuestionando el uso de la Ley 20.000 para investigar el patrimonio de los funcionarios y la validez de los testimonios anónimos.

El juez Rolando Díaz desestimó los argumentos y validó la detención: “Había fundamentos para disponer la orden... la resolución se sostiene por sí misma”.

Cuatro gendarmes de la cárcel de Puerto Montt habrían sido suspendidos por vender curantos a reos

En la audiencia, la Fiscalía exhibió mensajes del 8 de octubre de 2024 entre los imputados, donde se lee textualmente: “A veces no a todos, tienes que aceptar una moneda sí”. Además, se mencionó que otra funcionaria de Gendarmería, esposa de uno de los imputados, reconoció en su declaración la venta de productos como curanto, promocionada en redes sociales.

Los ocho imputados quedaron bajo resguardo en la cárcel de Alto Bonito, para continuar la audiencia.