SIGUE EL DOLOR DE CABEZA POR LAS ALZAS TARIFARIA ELÉCTRICA

El alza de las tarifas eléctricas ha generado múltiples efectos. Según el Banco Central (IPOM junio 2024) las tarifas residenciales crecerán un 59% en promedio durante el primer trimestre del 2025 y en este segundo semestre será alrededor de un 30%, lo que postergó la convergencia de la inflación en 3% para el año 2026.

Este fuerte impacto generó además, una presión parlamentaria por aumentar los subsidios a las familias vulnerables, ante lo cual el gobierno -lunes pasado- debió anunciar una expansión a 4,7 millones de subsidios a las familias vulnerables del 40% del Registro Social de Hogares hasta el año 2027. Esta mayor cobertura implica un mayor financiamiento fiscal de US$ 320 millones que se generarán vía sobre recaudación IVA, impuestos verdes y sobre cargos a clientes industriales de consumos superiores a 5.000 KWH principalmente.

Hoy, además, este proceso presenta una baja inscripción de familias vulnerables al subsidio eléctrico. Sólo se han inscrito 1.122.000 familias y hay 4,7 millones de subsidios lo que revela problema de asimetría de información, de la complejidad del proceso de postulación con el requisito de la Clave Única para acceder al formulario final, la brecha digital existente aún en el mundo popular y el poco esfuerzo comunicacional colocado por Gobierno y Municipios en difundir el subsidio y la postulación.

Por un lado, la élite política reclama una falta de información sobre “el tarifazo” y por otro lado se observa un preocupante bajo número de inscritos entre las familias populares que podrían acceder al subsidio que mitigará las altas alzas.

¿Qué estará pasando?  En el mundo popular el Municipio es la clave para acceder a los beneficios y pareciera que el Ministerio de Energía no realizó una adecuada alianza informativa con los Alcaldes para llegar a esas familias vulnerables para inscribirse.

Esta falta de conexión del gobierno con el mundo popular se refleja en el nivel de aprobación a la gestión gubernamental que sólo llega al 27% en los sectores D y E, mostrando que esta administración tiene poca conexión con las familias vulnerables y probablemente la baja inscripción tiene que ver con la desconfianza hacia el gobierno Boric.

En la JUNAEB nos enteramos que aún no se entregan los útiles escolares a los alumnos vulnerables o prioritarios que habitualmente están al inicio del año escolar, revelando como ya ocurrió con los SLEPS que no es prioridad para el MINEDUC el recuperar la calidad educativa.

Cuando la informalidad laboral se estaciona en cerca del 30% existe consenso de que lo relevante es mejorar la calidad educativa para enfrentar las dificultades futuras en el mercado del trabajo. Pero lo único que se tiene son varias señales de que mejorar la calidad de los aprendizajes no es parte de la agenda prioritaria del MINEDUC.

A esta desconexión con mundo popular, la administración Boric debe enfrentar las querellas internas con el Partido Comunista que cuestiona la labor de los organismos policiales en la Villa Francia y habla de “montaje” en un allanamiento a un grupo delictivo que usaba el comedor popular Luisa Toledo como fachada o cuando sigue reiterando su crítica a la Justicia y a la Fiscalía por las cautelares preventivas en el caso de Daniel Jadue y alienta una campaña internacional para mostrarlo como un perseguido político cuando está siendo investigado judicialmente por amparar la corrupción en el caso farmacias populares.

Veamos cómo resuelve estos inéditos conflictos sociales y políticos con el mundo popular y un partido de su coalición revelando el desgaste gubernamental de cara a las próximas elecciones municipales, donde al parecer nadie quiere pagar los costos de ser “gobiernista”.

Complejo panorama.