A pesar de que en nuestro país los asuntos que tienen mayor cobertura mediática se relacionan con la farándula, la salud, los resultados de las encuestas presidenciales, el crecimiento de la economía y la falta seguridad, a continuación aludimos a lo que acontece con 2 negocios inmobiliarios y en tal sentido, la fundación Defendamos la Ciudad ha estado ejerciendo por muchos años un rol de fiscalización en la búsqueda de que los mercados funcionen bien, pues así se legitima el sistema de libre mercado que rige en nuestro país. Por ello, damos a conocer lo sucedido en Las Condes y en Ñuñoa con 2 millonarios proyectos, cuyas incorrecciones no han merecido el interés periodístico de los medios del establishment.    

A solicitud de un empresario pyme, nos involucramos y nos vimos en la obligación de denunciar en todas las instancias competentes el permiso de edificación Nº 40 otorgado el 10 de abril de 2013 por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes a la Inmobiliaria Mixto SpA, empresa ligada al Banco de Santander, acto administrativo que consideró que el proyecto, consistente en un edificio de oficinas de 22 pisos, más un pequeño apéndice de 2 pisos, localizado en el terreno de Isidora Goyenechea 2915, sector El Golf, que contempla una altura máxima de 15 pisos.

El proyecto fue considerado como un Conjunto Armónico, luego brindándole el municipio al inversionista los beneficios de mayores constructibilidades y alturas, más otros que no estaban admitidos, según la regulación urbanística de nivel nacional y dictámenes de la Contraloría General de la República. Este proyecto fue comprado posteriormente por Copec al Banco Santander.  

Se entregaron los antecedentes en la Contraloría, órgano fiscalizador que en su categórico y completo dictamen Nº 40.724 del 21 de noviembre de 2017, documento que debe ser conocido por los editores de los medios y por los agentes públicos y actores privados que se relacionan con esta actividad comercial, leer link 
https://www.contraloria.cl/ buscadorpdf/dictamenes/ 040724N17/html

DICTAMENES - Número Dictamen: 040724N17 - Vivienda y urbanismo, conjunto armónico, planes reguladores, permisos de edificación
Sobre juridicidad de los permisos de edificación N°s 4, de 2013, 126, de 2014 y 26, de 2016, de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes.
www.contraloria.cl
estableció que tal permiso era ilegal porque se aplicaron muy mal las tablas del respectivo Plan Regulador Comunal (PRC). Como sabemos que en la municipalidad de Las Condes, sobre todo en las administraciones de Joaquín Lavín, las trampas son habituales, como ese alcalde no obligó a su funcionaria dependiente que procediera a firmar el acto de invalidación y debido a que la Contraloría no trasladó el caso al Ministerio Público, con el abogado Humberto Rosales interpusimos una acción judicial en la Corte de Apelaciones de Santiago, admitida a tramitación el 7 de marzo de 2019, pues el permiso de edificación no había sido notificado a la Junta de Vecinos del sector, tal como lo ordena el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).

El litigio llegó a la 3a Sala de la Corte Suprema, la que en fallo del 7 de abril de 2020, rol N° 16.585-2019, sin considerar para nada las ilegalidades acreditadas por la Contraloría, dado que la funcionaria municipal no invalidó el acto administrativo, resolvió que "la DOM al haber resuelto el 21 de enero de 2019 la solicitud de invalidación dio respuesta a los actores, resulta evidente que dio respuesta a lo solicitado por ellos" (sic) y así, con esta asombrosa liviandad se rechazó la acción judicial. Suponemos que los 5 jueces que firmaron esa risible sentencia no entendieron el sólido dictamen de la Contraloría y se asustaron por las implicancias que tendría en el mercado un fallo apegado a derecho, pero que perjudicaba a una institución financiera. Entonces se podría deducir que Copec está utilizando este magnífico edificio porque no sabía que el permiso obtenido por una filial del Banco Santander era ilegal y se evidencia una vez más, que este tipo de singulares episodios son recurrentes en nuestra angosta y larga faja de tierra.   
     
En ocasiones anteriores nos hemos referido al proyecto de 4 torres de 32 pisos c/u de la empresa Fundamenta, ejecutándose en la comuna de Ñuñoa, por el cual el juez Sergio Muñoz formuló exigencias técnicas que molestaron al inversionista, quien como represalia, lo denunció por unas presuntas ayudas a su hija, también jueza, lo que significó su destitución del Poder Judicial. Para transparentar la situación entablada por Muñoz, tiempo atrás le solicitamos a la Seremi Minvu que revisara el estudio de los conos de sombra de este proyecto, pues en la opinión del suscripto y del ingeniero civil, Rodolfo Acha, ex funcionario del Minvu, estaba mal elaborado.  

La respuesta de dicha Seremi Minvu, a pesar de que tenemos una excelente opinión de su titular, abogada y arquitecta Carolina Casanova, la objetamos de plano y por ello el 11 de junio de 2025, pusimos los antecedentes en poder de la Contraloría para que se pronuncie sobre el permiso de edificación N° 296/2018 otorgado para la construcción de los tres edificios de viviendas y uno de oficinas de esa empresa. La denuncia ante el ente fiscalizador, a sabiendas que todas las ilegalidades están prescriptas, solo tiene por objeto que se determinen las responsabilidades administrativas por la aprobación del mencionado permiso y que, en definitiva, se reconozca formalmente la ilegalidad del permiso para así evitar que se repitan situaciones similares en el futuro, con lo cual, por el largo transcurso del tiempo,  queda en evidencia que los edificios de Fundamenta no corren ningún riesgo.  

Nuestra acusación en contra del DOM de Ñuñoa ante la Contraloría dice relación a que ese mega proyecto inmobiliario fue aprobado en base a una normativa del PRC de Ñuñoa que no definía la altura máxima de edificación permitida para edificación aislada sobre continua en la zona urbana Z-1A de ese instrumento normativo, donde además el permiso se otorgó en el año 2018, pocos días antes de la entrada en vigencia de una modificación a dicho PRC que limitaba la altura a 15 pisos en la zona.

Desde esa época, la educada y organizada comunidad de Ñuñoa y la Fundación Defendamos la Ciudad han presentado múltiples reclamaciones por la proyección de sombras excesivas de las torres, falta de luz natural y errores técnicos en el estudio respectivo. Entre las principales irregularidades denunciadas se pueden mencionar las siguientes: 

1. Estudio de sombras estuvo mal elaborado por el privado, proyectado desde un plano erróneo (no desde la altura de la edificación continua como lo establece la norma), incumpliendo por lo tanto el artículo 2.6.12. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
2. Ausencia de parámetros urbanísticos claves, como la altura máxima para la zona Z-1A, al momento del otorgamiento del permiso de edificación .
3. Uso indebido de beneficios urbanísticos, acumulándolos simultáneamente por fusión de terrenos y por Conjunto Armónico, lo cual está expresamente prohibido por la OGUC (art. 2.6.8), misma ilegalidad que tuvo el permiso de Las Condes.
4. Desconocimiento o tergiversación de circulares y oficios técnicos de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, especialmente las DDU-313 y DDU-311, que establecen criterios sobre altura máxima y estudios de sombra.
Se debe saber que la 3a Sala de la Corte Suprema, presidida por el entonces juez Sergio Muñoz, ya había exigido que el asunto de la falta de luminosidad de las 4 torres, debía ser resuelto por la Administración, lo que, después de tantos años, será descifrado próximamente por la Contraloría, único órgano del Estado que ejerce su función con probidad y apego a la ley.

Finalmente, cuando se ratifiquen las irregularidades, incluyendo la del estudio de los conos de sombras de las 4 torres de Fundamenta en Ñuñoa, ¿la institucionalidad reconsiderará la destitución del ex juez Sergio Muñoz? y respecto del edificio en Las Condes ¿Copec habrá tenido conocimiento que el Banco Santander se lo vendió con un permiso trucho?