En el contexto de la Fiesta de la Independencia que se realizó este fin de semana en la ribera del Río Claro —en el entorno del Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco— se le consultó formalmente a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Las preguntas fueron concretas:


¿Qué medidas está adoptando la SMA para hacer efectiva la protección del humedal tras el fallo de la Corte Suprema?
¿Existirá fiscalización preventiva previa al evento masivo?
¿En qué estado se encuentran los recursos administrativos interpuestos hace más de 60 días y aún sin resolución?

La respuesta fue incompleta.

La SMA confirmó que existen denuncias en etapa de admisibilidad, pero omitió pronunciarse sobre los recursos pendientes, pese a que superan ampliamente los 60 días sin resolución. Tampoco informó de manera clara la realización de una inspección preventiva integral antes del evento.

La Corte Suprema estableció un estándar reforzado de tutela ambiental para humedales urbanos: la protección debe ser preventiva, permanente y eficaz. No basta con sancionar después; el deber es evitar el daño.

Sin embargo, hasta ahora no existe información pública que acredite medidas concretas destinadas a impedir afectaciones antes de que ocurran. Las sanciones posteriores no restituyen los eventuales impactos al medioambiente.

El fiscal en la región es, Bruno Raglianti, responsable de la conducción de estos procedimientos en la región.

La fiscalización ambiental no puede convertirse en un ejercicio reactivo ni en una administración de expedientes.

El riesgo es que, si no se inspecciona antes, se permitiría el riesgo.
Cuando no se resuelven recursos dentro de plazo, se debilita la protección efectiva.