Por Antonia Paz

Tras revisar con cuidado dos audiencias de lobby celebradas en los últimos días de mayo recién pasado entre la Asociación Gremial Agrícola Central de Talca (AGAC) y autoridades del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), queda en evidencia una práctica perfectamente legal… pero peligrosamente funcional: el uso sistemático de la Ley del Lobby como mecanismo de influencia bajo la apariencia de simple “entrega de antecedentes”.

Ambas reuniones —una con la Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, y otra con el Director Regional del Maule de esa misma entidad, Roberto Olave— giraron en torno al mismo tema: la “Modificación del Parque Ferial AGAC” donde se estaría construyendo el nuevo Casino de Talca, en medio del único Humedal Urbano que tiene la ciudad de Talca a sólo tres kilómetros del centro de la capital del Maule. 

Singularmente, la ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas, jefa de las dos autoridades descritas, oficializó el Humedal Urbano hace sólo 5 meses y estuvo en la ribera del río y caminó con vecinos y organizaciones medio ambientales, señalándoles el respeto por la flora, fauna y otras especies que hay en el lugar.

Volvamos a las dos reuniones. A pesar de tratarse de unas consultas de absoluta pertinencia técnica, en vez de seguir los canales ordinarios de tramitación, presentando los proyectos a través de las organizaciones que el Estado tiene para aceptar o no su evaluación, se optó por dos audiencias presenciales en menos de cinco días, con directivos de la asociación exponiendo su postura y “entregando información”.

¿Dónde está el problema?

La Ley N° 20.730 fue concebida para transparentar la influencia de intereses privados en la toma de decisiones públicas. Sin embargo, lo que estamos presenciando es una transformación sutil: la institucionalización del lobby como parte rutinaria de la gestión de proyectos, no como una herramienta excepcional y controlada.

No hay ilegalidad evidente, pero sí una zona gris que merece atención:

• ¿Hasta qué punto estas audiencias están reemplazando evaluaciones técnicas, desnaturalizando la función del lobby?
• ¿Es posible que los criterios técnicos estén siendo “precocinados” por presión organizada?
• ¿Cuándo el “entregar antecedentes” se convierte en “condicionar decisiones”?

La Contraloría General: Una aliada clave para reforzar los controles del Lobby

En este contexto, la labor de la Contraloría General de la República adquiere un valor estratégico. Su historial de fiscalización independiente y su rol como garante del principio de probidad la posicionan como la institución idónea para abrir una auditoría temática sobre el uso y alcance de las audiencias de lobby en procesos evaluativos ambientales y administrativos.

Se vuelve urgente analizar con criterios objetivos cuándo:

1. Se detecta repetición de audiencias para el mismo proyecto en corto plazo.
2. Existen decisiones técnicas pendientes, sujetas a presión indirecta.
3. Se involucra a altas autoridades antes de contar con antecedentes oficiales consolidados.

La Contraloría no solo puede revisar estos patrones; puede emitir instrucciones generales que fortalezcan el control interno de los organismos públicos, reforzando el principio de mérito técnico por sobre la influencia estratégica.

La Ley del Lobby fue una conquista ciudadana. Pero como toda herramienta poderosa, su uso debe ser observado. No basta con registrar las audiencias. Es hora de evaluar su contenido, su oportunidad y, sobre todo, su impacto. Y en esa tarea, la Contraloría tiene una función clave: no como acusadora, sino como garante institucional de la integridad pública.

Porque si el lobby se convierte en el atajo preferido para allanar caminos que deberían ser regulados con evidencia técnica, la transparencia corre el riesgo de volverse espectáculo. Y ahí es donde el ojo atento —y proactivo— de la Contralora marca toda la diferencia.