Por años, el sistema de licencias médicas en Chile ha sido una válvula de escape que, lejos de responder únicamente a necesidades sanitarias legítimas, ha devenido en un sofisticado, tolerado y masivo sistema de abuso de recursos públicos. La reciente investigación de la Contraloría General de la República, liderada por la contralora, Abogada Dorothy Pérez, lo ha dejado en evidencia: más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.

Pero lo más grave es que no se trata de una red oculta, como señala la propia contralora. Se trata de un fraude institucionalizado, a la vista de todos y que nadie quiso ver, al punto que los anuncios de promoción de licencias médicas se hacen a vista y paciencia de todos, via internet.

Ni los jefes de servicio, ni los ministros, ni los propios gerentes o encargados de personal de empresas públicas y privadas hicieron algo efectivo durante años para corregir el rumbo. En cambio, fue necesario que el órgano contralor ejerciera su rol con independencia y rigurosidad para que por fin se empezara a hablar de responsabilidades. La realidad, sin embargo, es más compleja que algunos titulares: esto no se reduce a licencias médicas truchas de unos pocos médicos emisores ni a empleados que aprovecharon la laxitud del sistema.

Es un fracaso colectivo del Estado y sus controles internos, y digámoslo con claridad donde sólo quienes puedan acreditar uso racional y adecuado de las licencias médicas se salvan, por cierto la gran mayoría de los chilenos.

El punto anterior es tan crítico, que no vendría mal una revisión por la Contraloría de los casos de licencias médicas denegadas o cuestionadas a quienes estando incluso hospitalizados, les fueron negadas o postergadas y pagadas con exceso de postergación y retraso, personas que tienen más derecho que nadie a estar indignadas y exigir una pronta explicación de sus situaciones, pues si ahí donde se extiende una licencia trucha y defrauda al país en su conjunto existe abuso, simplemente no tiene nombre aquella que se posterga y cuestiona en personas enfermas reales que nada tienen que ver con estos escándalos. 

Chile subsidia, a través del 5% del 7% de cotización de salud, miles de millones anuales en licencias médicas. El 69% de las licencias sospechosas fueron emitidas a través de Fonasa, pero el 31% restante provino del sistema isapres, lo que revela que el problema atraviesa transversalmente todo el aparato de salud y previsión social.

Mientras tanto, países desarrollados llevan años conectando sus sistemas de salud y laborales para que los médicos cuenten con acceso en línea al historial de licencias de sus pacientes, evitando duplicidades, reincidencias sin fundamento y diagnósticos reiterados.

El caso del trabajador desvinculado en Maule por “falta de probidad” —licencia médica mientras participaba en actividades recreativas— podría sentar un precedente para establecer responsabilidades más allá del fuero burocrático, tanto en el sector público como privado. El comentario del empresario Bernardo Larraín Matte lo resume con claridad: “Hay una cierta impunidad dentro del aparato público que perjudica tanto a los buenos funcionarios como a los ciudadanos”. Y tiene razón.

¿Cómo se llegó a este nivel de deterioro institucional? Parte de la respuesta está en la inercia de los gobiernos, en la tolerancia cómplice de quienes consideran estos abusos como parte del paisaje del Estado, y en la falta de reformas sustantivas al sistema de subsidios por enfermedad. ¿Qué hacer ahora?

Primero, terminar con el velo de impunidad. El cruce de datos —con aerolíneas, buses, hoteles, cuentas bancarias— debe ser norma, no excepción y para ello no se requiere ley, sólo voluntad y acción decidida. Segundo, crear un sistema de licencias con trazabilidad digital y visado automático según criterios clínicos objetivos, de manera que sea la evidencia médica y no sólo la declaración del paciente la que funde la decisión del médico, pero con agilidad y sin postergación ni esperas para los reales enfermos del país.

Tercero, establecer incentivos positivos: rebajas en la cotización de salud o abonos en cuentas individuales de contingencia para quienes no usan licencias sin justificación, tienen chequeos preventivos al día y llevan vidas saludables, auditables incluso con IA.

Y cuarto, comenzar a hablar de transparencia activa de datos no clínicos, como el número de días de licencia por persona y el gasto comprometido en ello, accesibles a empleadores y autoridades sin vulnerar la privacidad del diagnóstico.

Lo advertimos: este no es un escándalo pasajero. Es un sistema estructuralmente roto, que mina la legitimidad de la función pública y deteriora los principios de justicia y equidad. Que haya sido la Contraloría —y no el Gobierno— la que liderara esta fiscalización, honra a Dorothy Pérez, pero deja en evidencia una vergüenza institucional que debe ser corregida con urgencias, carácter, voluntad y reformas reales.