El crimen de Alejandro Correa, ocurrido en mayo de 2020, dejó una herida abierta en su familia. El empresario pagó con su vida el haber denunciado la usurpación de sus terrenos en Quilpué, en una historia que durante años simbolizó la tensión entre el derecho de propiedad y la inacción de las autoridades frente a las tomas.

Esta semana, con la demolición de las viviendas irregulares, esta dolorosa historia comienza a cerrarse. Para la socióloga Valentina Correa, su hija, el hito trasciende lo material: se trata de un acto de justicia hacia su padre y de la confirmación de que aún existe el Estado de derecho en Chile.

"Siento satisfacción, orgullo, tranquilidad y la sensación de que la misión está cumplida, tanto por mi familia como por el país del que yo quiero ser partícipe", afirma.

Al ser consultada sobre el rol del Estado y una presunta revictimización hacia su familia al forzarla a recurrir a la Corte de Apelaciones, señaló:

"Más que revictimización, yo diría que el Gobierno actuó con desidia hacia mi familia y hacia todas las personas que consideraban que nuestra causa era justa. Si hubiese sido de su interés, porque alguna vez el Gobierno lo declaró a través del ministro (Carlos) Montes, diciendo que empatizaba con el dolor de la familia, ellos tenían la oportunidad de haber brindado protección y resolución a este conflicto de forma mucho más anticipada, en el primer año de Gobierno, pero ellos nos empujaron a ir a tribunales" dijo.

"Hoy el ministro Montes dice que están acatando una resolución judicial, cuando en verdad esto es responder a una resolución de su propio ministerio. Entonces, efectivamente, este Gobierno dilató y prolongó el sufrimiento de mi familia", reiteró Valentina Correa.