Por Mario López M.

Una subterránea disputa entre duros y no tan duros se da al interior del Gobierno. Están claros que deben cumplir los compromisos de campaña con los violadores de DDHH, pero estiman que este sería el peor momento. Además, no es llegar e indultar o dar beneficios. Tratados Internacionales lo prohíben y transformarían a Chile en el paria internacional.

Una nueva y soterrada discusión atraviesa a la derecha e involucra esta vez a familiares e internos de Punta Peuco y Colina I. Reclaman que Sebastián Piñera aún no cumple los compromisos que asumió durante la campaña presidencial para atraer los votos de la “familia militar” y reconocen que la paciencia se acaba.

La derecha más dura, representada por la UDI y José Antonio Kast, quien se apersonó incluso en Punta Peuco para convencer a los criminales allí internos de que esta vez sí les cumpliría, presionan por que se otorgue urgencia al proyecto anunciado a principios de abril por La Moneda.

Desde el gobierno no desconocen los acuerdos, pero confiesan que tras los últimos desaguisados –protocolo de aborto, nombramiento fallido de gobernadores, seremis, subsecretarios, declaraciones impropias de ministros, compras anuladas y la guinda de la torta, la frustrada designación del hermano del Presidente en la embajada en Argentina-, “el horno no está para bollos”.

“Cumpla los compromisos”

“En esa oportunidad el gobierno dijo que se otorgarían beneficios como arresto domiciliario a condenados por delitos de lesa humanidad e incluso no se descartaba conceder indultos, sin embargo hasta la fecha, ya transcurrido un mes, no pasa nada”, apunta una fuente de la agrupación “Camaradas de Punta Peuco” a Cambio21. La molestia es evidente y a ello respondería la estrategia de presentar la solicitud de cuatro nuevos indultos que llevó a Piñera el abogado Raúl Meza, representante de casi todos los condenados por delitos de lesa humanidad. El objeto, reconocen, es acelerar las “soluciones comprometidas”.

Meza llegó a La Moneda con una gruesa carpeta con documentos y antecedentes que acreditarían el estado de los requirentes y donde constarían sus enfermedades terminales. La puesta en escena incluyó al coordinador nacional de la ONG “No Están Solos”, Armando Abarzúa, y a algunos familiares de los condenados. Según el abogado, el indulto facilitaría que los reclusos abandonaran el penal por razones humanitarias, pudiendo así tener “una muerte digna junto a sus seres queridos”.

No era lo único que pretendía, pues pidieron “al Presidente Piñera que le ponga suma urgencia al proyecto de ley que conmuta la pena de prisión efectiva por arresto domiciliario a los internos de avanzada edad y a los enfermos terminales”, planteó en un comunicado la ONG.

“Se le recordará el cumplimiento de las promesas que hizo durante su campaña a la familia militar, que le entregó nuevamente su confianza para dirigir los destinos de esta patria”, sentenció. “Evidentemente esta ley beneficiará al 80% de los que hoy están cumpliendo pena en Punta Peuco”, reconoció Raúl Meza.

“No es tan fácil”

Sin embargo, en sectores de la misma derecha e incluso en algunos asesores de La Moneda, la cuestión no es no querer cumplir los compromisos, sino cuándo cumplirlos, pues la decisión no es tan fácil, atendido a que informes en derecho encargados por el Palacio de Gobierno cuestionarían la procedencia de la medida, producto de Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Chile que declaran imprescriptibles y no indultables los delitos de lesa humanidad. No solo eso, tampoco se les podrían conceder beneficios intrapenitenciarios.

“Un nuevo resbalón podría costar muy caro, solo que esta vez sería de impacto mundial, al ser Chile el único país en el mundo que en esta materia no cumpliría los Tratados  Internacionales y podría poner a nuestro país al margen del Derecho Internacional”, reconocen desde Renovación Nacional. La propuesta gubernamental dada a conocer a principios del pasado mes concede a los beneficiarios poder optar por arresto domiciliario o en instituciones “adecuadas a su situación de salud o avanzada edad”.

Desde las organizaciones de DDHH y la oposición, el cuestionamiento fue abierto: denuncian que la medida oculta la voluntad de entregar un perdonazo e instaurar la impunidad.

El senador socialista Juan Pablo Letelier, criticó duramente el proyecto: “Digamos las cosas como son. Hay un sector de la derecha que quiere que los presos de Punta Peuco, es decir, los responsables de delitos de lesa humanidad, salgan de la cárcel”, dijo el legislador, quien agregó que las personas que están condenadas por esos crímenes evitaron la justicia por más de 30 años y que sus condenas son largas porque en Chile se eliminó la pena de muerte, por lo que pasarán el resto de su vida presos.

Maquillando la impunidad

La diputada del Partido Comunista Karol Cariola afirmó que con este proyecto, al que se quiere dar suma urgencia, en realidad se encubre una ley de impunidad bajo la apariencia de una ley humanitaria. Ella ya aclaró que no apoyará la idea cuando sea discutida en el Congreso.

Igualmente crítica es la Presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien dijo que el Presidente Sebastián Piñera está “cumpliéndole a sus socios de antaño”, haciendo presente que muchos partidarios de la dictadura y cómplices están hoy en diversos cargos públicos del Gobierno.

El senador Letelier entiende que tras la norma humanitaria dirigida a enfermos terminales está en realidad un perdonazo: “Si eso se quiere revisar –porque ese es el tema de fondo y no porque estén enfermos–, entonces que lo digan abiertamente. Yo soy partidario de que los autores de crímenes atroces cumplan la pena, terminen presos y cumplan toda la pena presos”, aseguró el parlamentario, agregando que los que hay detrás de estas medidas es el compromiso realizado por Piñera en campaña tanto a la UDI como a familiares de internos de Punta Peuco.

Lorena Pizarro asegura que “el derecho internacional humanitario referido a este tema tiene como objetivo final la no repetición de estos crímenes”, cuestionándose además desde el mundo de los DDHH que la propuesta del Gobierno no distingue el delito cometido, por lo que, de hecho, incluye los de lesa humanidad y tampoco requiere requisitos como el arrepentimiento o colaboración con la causa, elemento sustancial para poder alcanzar verdad en estas materias como conocer el paradero de los detenidos desaparecidos o las circunstancias de las ejecuciones políticas o las torturas.

¿Juez y parte?

Uno de los cuestionamientos inmediatos dice relación con quién realizará la calificación de la “enfermedad terminal” o la “demencia” de los internos no solo de Punta Peuco sino que también de Colina I que pudieran acogerse a los beneficios. Según la defensa de los violadores de DDHH, ella debiera realizarse por el Hospital Militar.

No dejó de llamar la atención que entre noviembre y diciembre pasado aumentó considerablemente el número de internos de ambos penales que se trasladaron para ser periciados en el Servicio Médico Legal (SML), situación similar, aseguran, a la ocurrida en pleno paro de los trabajadores de ese organismo que mantuvo turnos de emergencia.

Patente está el recuerdo del peritaje que estableció la inimputabilidad por demencia de Ariosto Lapostol, el comandante del regimiento de La Serena donde se masacró a más de un decena de prisioneros en el caso Caravana de la Muerte, realizado en 2016 por el doctor Ítalo Sigala, sometido posteriormente a sumario por la doble militancia en el SML y fiscalías.

Sigala, quien actualmente estaría asignado a la biblioteca del SML, seguiría ligado profesionalmente al Hospital FACH y a la Base Aérea El Bosque. Su evaluación permitió que Lapostol fuera declarado inimputable y escapara del juicio penal que tiene procesado a varios de sus subalternos y a los miembros vivos de la Caravana de la Muerte.

A petición judicial la pericia fue luego revisada y desvirtuada en forma unánime por una junta de médicos de diversas especialidades. No solo eso, los integrantes del equipo volvieron a entrevistar a Lapostol y determinaron que sí era imputable, pues solo presentaba deterioros propios de la edad que no afectaban su conciencia clara de los hechos que se le atribuyen y las consecuencias de ellos. Todavía más, también se revisaron otras causas de Derechos Humanos donde el experto se habría “equivocado”.

Más de 200 pericias a violadores de DDHH

Profesionales al interior del SML le han cuestionado varias intervenciones y pericias en materia de DDHH, donde el patrón sería la declaración  de Sigala que el periciado “padecía deterioro cognitivo”, anticipando una “demencia senil inicial”. Así ocurrió en el caso Colombo, por ejemplo, respecto del ex agente Nelson Fuentealba, de quien diversas otras pericias multidisciplinarias habían concluido que el represor solo “simulaba” enfermedad para evitar ser condenado.

“No solo desacreditó a colegas exculpando a violadores de DDHH, sino que no concedió la condición de ‘víctima de la represión’ a una mujer que debió ser periciada profesionalmente en su condición mental para determinar las eventuales patologías consecuencia de su sufrimiento, tal como establecen los protocolos de DDHH a nivel mundial”, aseguraron fuentes al interior del SML a Cambio21.

A propósito del Caso Lapostol nuestro medio contactó al doctor Sigala, quien reconoció que ha sido objeto de seis sumarios y justificó en celos profesionales los problemas que ha tenido. También aseguró que “el señor (ministro Mario)  Carroza me ha mandado a hacer como cien pericias a militares, he hecho doscientas en los últimos dos años de militares, he visto a la cúpula de la DINA varias veces y nunca ha habido una objeción, jamás”.

Punta Peuco y Colina I, desde adentro

El cambio de Gobierno anunció “tiempos mejores” para los internos de las dos cárceles que reúnen el mayor número de condenados y procesados por delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura. Punta Peuco mantiene su tradicional sistema de visitas de dos veces a la semana por módulos (de 11 a 16 horas), donde se atiende a los familiares y amigos en un patio bajo carpas o toldos y se comparte almuerzo y cocina, o en caso de los  enfermos, en sus dormitorios (dos internos por pieza). Los controles son bastante más laxos que en Colina I.

En el resto de los días, mientras Miguel Krassnoff se concentra en el nuevo libro que está escribiendo (tiene visitas los martes y domingos), Raúl Iturriaga Neumann –con visitas los miércoles  y sábados-, se sienta en una silla en el patio, solitario, taciturno, “se le ve triste”, dice una fuente a Cambio21.

“Krassnoff tiene un estado físico impresionante para su edad. Comienza su periplo muy temprano, tipo 6 a 6:30 AM,  se ducha y hace su cama y luego ejercicios y máquinas. Tipo 8 a 8:30 después de la cuenta, desayuna. Si no escribe, lee en una especie de biblioteca libros de leyes. Le gustas las plantas, pero como todos los oficiales no hace jardinería, eso es para los clases”, agrega.

Similar es el comportamiento de Fernando Laureani, “el que bebe café y tostadas al desayuno de manera casi ritual; es medio maniaco también en eso”, describe nuestro contacto.  A él se le vio afectado por la muerte del coronel (r) René Cardemil, quien era su interlocutor permanente.

El coronel (r) Pedro Espinoza, por su parte, quien estaría aquejado de una dolencia gástrica, “también es retraído, pasa casi solo todo el día”.  

Quien hace de maestro de ceremonias durante el día, incluido el de las visitas, es Álvaro Corbalán, quien recorre todos los módulos y mesas saludando y hablando con los otros presos, en especial con un teniente nuevo que llegó hace poco.

Uno que se encuentra más alejado del grupo es el ex fiscal Fernando Torres Silva. Aparte de hacer yoga casi no conversa con nadie. Algunos de los otros condenados afirman, entre bromas y en serio, que está pensando muy seriamente en “ser declarado interdicto”.

Los conflictos entre Krassnoff y Corbalán y entre varios y Espinoza a propósito de las declaraciones judiciales en que se inculpan de manera cruzada, han deteriorado la convivencia del grupo. Solo se juntaron cuando los visitó José Antonio Kast para contarles de los acuerdos con el entonces candidato Piñera. A pesar de ello siguen manteniendo la estructura de mando, donde los rangos se respetan solo entre ellos mismos. No se aplica eso sí al teléfono con monedas, de constante uso y disputas.

En Colina I, donde hay 46 internos y se espera la pronta llegada de otros 17, no se encuentran los nombres más emblemáticos de los aparatos represivos de la dictadura. Tampoco existe el nivel de organización que se aprecia en Punta Peuco. Hay también más civiles y clases. Gozan de kinesiólogo todos los días, médico los viernes de 9 a 15 horas y dentista tres veces por semana. Los viernes se cierra la enfermería solo para ellos y cuentan con la asistencia permanente de una enfermera (de 8 Am a 17 horas) y cuatro paramédicos jóvenes. Se asegura que ellos no serían financiados por Gendarmería, sino por las familias y agrupaciones que respaldan a los internos.

Ellos tienen cocinera aparte, no comen del rancho. Buena parte del mobiliario de las celdas, el jardín y la decoración es obra de los criminales internos, aunque sin los lujos y comodidades de Punta Peuco. Salen a patios –sin cancha de tenis- entre 7:30 y 8 AM y son encerrados cerca de las 21 horas. Las visitas son más estructuradas, los miércoles y domingos.

Grave: Comenzó el proceso de perdonazos

A partir del 15 de mayo de 2018 y por el plazo de un año, el Contralor General de la República autorizó a Piñera, para que conceda indultos por vía administrativa, liberándolos del proceso de toma de razón. En otras palabras, chipe libre.

Este es el texto del escandalos inicio del perdonazo:

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I SECCIÓN LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.056 | Lunes 14 de Mayo de 2018 | Página 1 de 2

Normas Generales

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EXIME TEMPORALMENTE DE TOMA DE RAZÓN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDEN INDULTOS

(Resolución)

Santiago, 11 de mayo de 2018.- Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente:

Núm. 13.

Vistos:

Las facultades que me confiere la Constitución Política de la República; lo dispuesto en la

ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, especialmente en sus artículos 10 y siguientes, y lo señalado en la resolución N° 1.600, de 2008, de esta Entidad Fiscalizadora.

Considerando:

1.- Que, la Constitución Política de la República dispone que la Contraloría General ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración del Estado y que, en el ejercicio de esa función, tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por esta Contraloría, o representará la ilegalidad de que puedan adolecer.

2.- Que, el inciso 5° del artículo 10 de la ley N° 10.336 faculta al Contralor General para dictar disposiciones sobre exención de toma de razón en los términos que expresa.

3.- Que, un correcto ejercicio de las potestades de control, considerando los recursos disponibles para la fiscalización de todos los órganos que integran la Administración del Estado, exige priorizar y revisar las materias consideradas esenciales por el Contralor General.

4.- Que, en mérito de lo prescrito en el artículo 10.4.5 de la resolución N° 1.600, de 2008, de esta Contraloría General, están afectas a toma de razón los actos administrativos que conceden indultos.

5.- Que, en los últimos años se ha observado que, en general, la tramitación de dichos actos administrativos se ha ajustado al marco normativo, sin haberse formulado observaciones de relevancia. Al mismo tiempo, es posible evidenciar que se ha dado cumplimiento a las principales observaciones efectuadas por esta Contraloría General, por lo que actualmente, la mayoría de dichas actuaciones son cursadas en el trámite de toma de razón.

6.- Que, teniendo presente lo expresado, se ha estimado procedente adoptar como medida temporal, el eximir del control preventivo de legalidad los actos administrativos sobre la materia indicada.

7.- Que, en dicha decisión se ha tenido presente lo expresado, así como los principios de eficacia, eficiencia y economicidad, que obligan a racionalizar el uso de los recursos humanos destinados al ejercicio de dicha potestad de control, privilegiando los controles de reemplazo.

8.- Que, en virtud de lo dispuesto en el inciso 6° del artículo 10 de la ley N° 10.336, los actos exentos del referido trámite de toma de razón serán objeto de control posterior a través de mecanismos alternativos.

Resuelvo:

Artículo 1°.- Exímanse de toma de razón los actos administrativos que conceden indultos.

Artículo 2°.- Las exenciones de toma de razón aludida en el artículo precedente regirá desde el 15 de mayo de 2018 hasta el 15 de mayo de 2019, ambas fechas inclusive.

Artículo 3°.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá remitir a la Contraloría General, en el mes de diciembre de 2018, una nómina que individualice todos los decretos dictados sobre la materia, con expresión de su numeración, fecha, objeto o contenido y sujetos.

Artículo 4°.- Lo señalado en el artículo anterior es sin perjuicio del cumplimiento de otras medidas que disponga el Contralor General, en el ejercicio de sus atribuciones, con el objeto de controlar la legalidad de los actos de la Administración y de hacer efectivas las responsabilidades que procedan.

Artículo 5°.- Los decretos exentos que se dicten en cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto, deberán ajustarse a lo ordenado por la resolución N° 1.600, de 2008, de esta Contraloría General, especialmente a lo prescrito por su artículo 12.

Artículo 6°.- La presente resolución será aplicable a los actos administrativos dictados a partir del 15 de mayo de 2018.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial.- Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Manuel Cortés Sarmiento, Secretario General Subrogante.