"Un acuerdo sin precedentes, el más extraordinario del mundo".

Así describió el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el convenio en materia de migración alcanzado con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, este lunes durante la visita al país como parte de su gira por Centroamérica.
El Salvador accedió a recibir deportados de otras nacionalidades, informó Rubio.

"Y también se ofreció a hacer lo mismo con criminales peligrosos que están actualmente bajo custodia y cumpliendo su condena en Estados Unidos, a pesar de que sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales", añadió el jefe de la diplomacia estadounidense tras haberse reunido durante tres horas con el mandatario en su residencia del lago de Coatepeque, a las afueras de San Salvador.

Bukele lo suscribió en un mensaje en inglés compartido en la red social X.

"Le hemos ofrecido a EE.UU. la oportunidad de externalizar partes de su sistema penitenciario", explicó en la publicación.
"Estamos dispuestos a aceptar solo a criminales presos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra megaprisión (CECOT) a cambio de una tarifa", matizó, refiriéndose a la prisión que inauguró hace dos años para presuntos miembros de la MS-13 y Barrio 18, las dos pandillas más poderosas de la región.

Considerada la más grande de América Latina, se publicitó como diseñada para albergar a 40.000 detenidos, pero se calcula que hoy por hoy hay unos 15.000.
"La tarifa sería relativamente baja para los EE. UU., pero significativa para nosotros, lo que haría que todo nuestro sistema penitenciario fuera sostenible".
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No quedó claro si la administración Trump está barajando la posibilidad de enviar ciudadanos estadounidenses presos a El Salvador —ni de qué mecanismo se agarraría de querer hacerlo—, pero Rubio dijo que su país está "increíblemente agradecido" por el ofrecimiento y que ya se lo mencionó al presidente de EE.UU.

"Ningún país ha hecho nunca una oferta de amistad como esta", añadió.
Este martes, en la siguiente escala de su gira, en Costa Rica, en un rueda de prensa ofrecida junto al presidente Rodrigo Chaves, Rubio volvió a insistir en la "generosidad" del gobierno salvadoreño, pero matizó: "Obviamente hay aspectos legales involucrados. Tenemos una Constitución. (...) La administración va a tener que tomar una decisión".

Sin embargo, el mismo Trump, mientras firmaba una serie de nuevas políticas en la Casa Blanca, confirmó este martes que ve con buenos ojos la propuesta hecha por Bukele de "externalizar el sistema penitenciario", enviando presos, ciudadanos estadounidenses incluidos, a El Salvador. "Animales", fue la palabra que utilizó para describir a dichos "criminales violentos".

El primero en aplaudir la oferta del gobierno salvadoreño fue contestó fue Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla que está ayudando a Trump a reformar el gobierno federal. "¡Gran idea!", respondió inmediatemente al mensaje de Bukele en X.

La intención de llegar a un acuerdo en cuestiones migratorias ya la había adelantado Mauricio Claver-Carone, el enviado especial del Departamento de Estado para América Latina, en una llamada con medios de comunicación el viernes.

Tras describir a Bukele como "el presidente más consecuente de la región" y "aliado clave" de la administración Trump, Claver-Carone adelantó que tratarían de revivir un acuerdo similar firmado en 2019 pero con "un mayor alcance" y de forma que se incluyera a presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal nacida en una cárcel de Venezuela.

La portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Tammy Bruce, aclaró este lunes que El Salvador prometió aceptar "inmigrantes ilegales violentos, incluidos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, pero también migrantes ilegales criminales de cualquier país".

En 2019, bajo el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), El Salvador accedió a convertirse en un "tercer país seguro" y a recibir así a deportados que tuvieran pendientes procesos de asilo, para que esperaran la resolución en territorio salvadoreño.

Lo hizo después de que funcionarios del primero gobierno de Trump eliminaran parte de la ayuda dirigida a la nación centroamericana, tras acusarla de no hacer lo suficiente para frenar la migración irregular. Pero el convenio nunca entró en vigor y fue rescindido por el gobierno de Biden en 2021.