El 22 de septiembre pasado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, envió una carta a RN pidiendo que la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se retracte de las afirmaciones hechas sobre que el Presidente Gabriel Boric tenía conocimiento que Lucía Dammert, ex coordinadora de asesores de La Moneda, tendría que testificar ante el FBI por un caso de tráfico de drogas. 

Esto fue afirmado por un medio digital, lo que fue desmentido posteriormente por el Gobierno. Esto coincidió con que Dammert dejó su puesto el mismo día de la publicación. 

Martorell se refirió a esto en un programa de televisión, donde afirmó que “el Presidente Gabriel Boric sí sabía que Lucía Dammert iba a dar esta declaración como testigo, él sabía perfectamente que esto iba a ocurrir, y sabía incluso antes de nombrarla”.

Frente a la petición de retractarse de sus dichos, un grupo de 72 ex autoridades del gobierno de Sebastián Piñera, firmaron una carta donde señalan que “con preocupación hemos conocido el contenido de la carta enviada por la Ministra del Interior (…) puesto que la democracia conlleva inexcusablemente la libertad de expresión y de opinión, y su irrestricto respeto está garantizado en nuestra legislación y refrendado por numerosos tratados internacionales a los que Chile adhiere, expresamos nuestro rechazo a ese tipo de intervenciones gubernamentales“, consigna La tercera.

Silenciar la crítica

Entre los firmantes de la carta destacan Jaime Bellolio, Cecilia Pérez, Rodrigo Delgado, Víctor Pérez, Marcela Cubillos, Evelyn Matthei, Isabel Plá, Cristián Monckeberg, Enrique Paris, Juan José Ossa, Karla Rubilar y Felipe Ward.

La misiva señala que las declaraciones de Tohá “son inapropiadas, primero, porque se emiten desde el espacio de mayor poder político; luego, porque fragilizan la libertad de expresión; y, finalmente, porque pretenden instruir a un partido político, por el actuar de una militante”.

El grupo calificó de “grave” que se pretenda “silenciar la crítica política al Presidente de la República, Gabriel Boric”, y aseguran que “distinguir la institución de la persona que ostenta el cargo es fundamental para el funcionamiento sano de la democracia”.