El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pidió este miércoles, a través de la Subsecretaría de Justicia y del Departamento de Personas Jurídicas, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) la disolución de la Fundación ProCultura, investigada por el uso de cerca de $6 mil millones que recibió del fisco en el denominado caso convenios.
De acuerdo con un comunicado, la cartera hizo la solicitud "tras un acucioso procedimiento de fiscalización, en atención a antecedentes sobre irregularidades, faltas y/o delitos cometidos por la identidad, sus miembros y terceros en la administración y uso de fondos públicos".
"En el marco del mencionado procedimiento de fiscalización, entre otras acciones, en reiteradas ocasiones se solicitó distinto tipo de documentación a la entidad, obteniendo respuesta nula, incompleta o sin resultado íntegro a la fecha, de su parte", detallaron.
Lo anterior, luego de advertir que la fundación creada en 2010 por el siquiatra amigo de Boric, Alberto Larraín, Ilonka Csillag y Dolores Casanova, no respondió de forma íntegra los requerimientos realizados en el marco del procedimiento instruido por el organismo, el 29 de junio de 2023, y que tampoco se atendiera a los funcionarios que visitaron con insistencia los domicilios que habían registrado.
Dado lo anterior, el órgano infirió que "la Fundación ha destinado sus esfuerzos y patrimonio a actividades distintas a aquellas para las cuales fue creada, descuidando por tanto su objeto social; y, se determinó, una desproporción de los gastos en personal y honorarios respecto de actividades vinculadas directamente con el objeto social de esta".
Con ello, el Ministerio de Justicia considera que ProCultura "ha infringido gravemente sus estatutos, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 557 y 559 letra c) número 1) y 2) del Código Civil, se solicita al Consejo de Defensa del Estado ejercer la acción destinada a disolver por sentencia judicial la asociación denominada "Fundación ProCultura", cuya personalidad jurídica fue obtenida mediante Decreto de Justicia N° 3.031, de 14 de mayo de 2010".
