Iniciadas las movilizaciones, el gobierno, en sintonía con su inconsciente cultural autoritario y socialmente jerárquico reaccionó con  la inmediata descalificación y categorización de las manifestaciones como actos vandálicos y de delincuencia.  Exhibía el repertorio propio de su desprecio e incomprensión de las razones que gatillaban las protestas. 

Es claro que, la inmensa  mayoría de los chilenos,  rechazan y condenan la violencia y la delincuencia que es absolutamente ajena a la movilización ciudadana y conspira contra la comprensión de la legitimidad de sus reivindicaciones.

Pero, es igualmente inaceptable la pretensión de  radicar, en ese elemento,  las causas del estallido social. Y eso es lo que se observó en las primeras declaraciones de ministras y ministros del gobierno. A la pulsión autoritaria y clasista, se suma un razonamiento,  inescrupuloso  y mezquino, con el afán de distorsionar la realidad.

Luego, se instaló una línea discursiva que busca situar, en todos los actores políticos por igual, la responsabilidad respecto de los abusos y la desigualdad imperantes en el país. Se pretende diluir tales responsabilidades en la “clase política” y acotar los problemas al periodo de reconstrucción democrática, que tuvo como preludio el triunfo de los demócratas  en el plebiscito de 1988.

La evidencia histórica muestra que eso no es así. Las causas estructurales, del orden  imperante, tienen su origen en los intereses de clase que motivaron e indujeron la traición del golpe de estado.  La dictadura fue el marco para implementar las llamadas “modernizaciones” que llevó adelante  José Piñera. Allí surgen, entre otras, las contrarreformas  en materias laborales y previsionales consagradas en los decretos 2200 y 3500 respectivamente.

Fue en ese mismo régimen en que se privatizaron, con mecanismos espurios, las empresas de propiedad de todos los chilenos,  lo que implicó mercantilizar la producción y gestión de bienes públicos fundamentales.  Fue en un contexto de persecución, tortura y muerte de cientos y miles de chilenos en que se impuso una Constitución ilegítima por su origen y  su contenido.

Renovación Nacional y la  UDI apoyaron la continuidad de Pinochet por 8 años más en el poder y luego han asumido con esmero el encargo del riquerío de proteger lo esencial de un orden institucional cuya característica,  y función fundamental,    fue dejar todo “atado y bien atado”, para recordar las palabras de Don Clodomiro Almeyda.

Así, se opusieron y frenaron las reformas   al sistema binominal, que solo se logró más de  20 años después. Jamás aceptaron cambiar los quorum para reformar la Constitución. Atesoraron la institución de senadores designados, se opusieron tenazmente a  las reformas laborales y cuando perdieron en el Parlamento buscaron refugio  en un excedido y mal concebido Tribunal Constitucional. Cuando no fueron los “políticos” representantes de las clases patronales,  lo hicieron directamente estas,  recurriendo,  como lo hizo, en el  2014,  la Cámara Nacional de Comercio, para cercenar la ampliación de las funciones fiscalizadoras   del SERNAC, aprobadas en el Congreso.

La derecha se jugó a fondo para rechazar  o desdibujar las propuestas de reformas en materias tributaria y  educacional,   planteadas por Michelle Bachelet. En términos gráficos, es el propio Piñera quién, consecuentemente con su visión, se refiere a la educación designándola como “industria”.

Ha sido el actual gobierno quien han defendido con dientes y muelas la conservación y restauración plena de lo esencial del sistema dominante. Lo han hecho, con impudicia y total desaprehensión, como lo demuestran las frases ofensivas de personeros del gobierno que contribuyeron, aún más, a la crispación de la ciudadanía.

Sería necesario y oportuno exponer un registro del sinnúmero de iniciativas para alterar el orden socio-económico y las argumentaciones  opuestas  por los representantes de  la  derecha.

En la línea comunicacional adoptada se inscribe el abuso de expresiones impropias como las de “clase política”.   Esta noción se originó en la teoría de las elites de Gaetano Mosca, en su libro “Elementi di scienza politica” publicado en 1896, en el que sostiene, que en las sociedades existen dos clases de personas: “las de los gobernantes y las de los gobernados”. La clase de los gobernantes sería una minoría organizada, una “clase especial”, con intereses económicos y sociales comunes. Con esto solo se pretende desviar la atención de los verdaderos intereses en pugna, que son, por un lado,  los de una minoría acaudalada y los de la inmensa mayoría de la sociedad, por el otro.  

En democracia no existe la “clase de los gobernantes” porque ellos son representantes electos por la ciudadanía y su permanencia está sujeta a la aprobación de los gobernados. Expresan pluralidad de intereses y ocupan una determinada posición institucional acotada a un tiempo de mandato otorgado. No existe una división rígida e inamovible. Simplemente no existe tal, mal llamada, “clase política”. Afortunadamente, es evidente que, en Chile hoy, no hay condiciones para teorías oligarquizantes en que la apelación al pueblo sea solo una invocación formal. 

Justamente por todo esto, deberá quedar efectivamente establecido, en una nueva Constitución, que el pueblo es el poseedor de la soberanía y sus representantes solo depositarios de la misma..  Ello debe consagrase tanto en mecanismos participativos, que refuercen la democracia representativa, como en la cultura política de las futuras generaciones de chilenas y chilenos.   

Un proceso constituyente participativo es una gran oportunidad para corregir errores, superar las tendencias tecnocráticas, las prácticas clientelares  y en definitiva para sacar a la política de la autoreferencia y de la dimensión elitista, en que a veces se ha sumido, y que facilitan los discursos distorsionadores de la derecha acerca de las reales causas de los conflictos sociales. En estos aspectos sí existe una gran responsabilidad de quienes iniciaron el proceso de reconstrucción democrática de Chile.