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Capítulo nuevo en la telenovela de crisis en Ministerio Público: Consejo de Defensa del Estado se querellará contra el fiscal Emiliano Arias

El suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, enfrentará una querella del Consejo de Defensa del Estado por las denuncias que hizo en su contra el fiscal Sergio Moya. Así fue resuelto por el CDE en la reunión ordinaria del viernes recién pasado.

Así lo confirmó la propia presidenta del organismo, María Eugenia Manaud, quien consideró de gravedad los antecedentes que se tuvieron a la vista.

La abogada no quiso referirse a los presuntos ilícitos y explicó que el libelo será interpuesto en los próximos días.

La querella es por los delitos de violación de secreto e ilícitos informáticos, tras la denuncia de abril pasado que hizo el subalterno de Arias, el fiscal Sergio Moya.

Se trata de uno de los cuatro hechos que reveló el persecutor, precisamente el relativo a la presunta filtración de antecedentes de la fiscalía regional de Rancagua a un sobrino del fiscal Arias que enfrentaba un proceso por tráfico de drogas en Puerto Montt.

Moya también se encuentra suspendido de sus funciones, pero por mantener en su hogar evidencias del caso de los tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua investigados por tráfico de influencias.

El fiscal que actualmente indaga ese caso, Héctor Barros, confirmó en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que fue él quien pidió abrir un sumario por la violación del protocolo en las pruebas.

La presidenta de la Comisión, la diputada Alejandra Sepúlveda, le pidió al fiscal Barros acelerar la investigación a los jueces de Rancagua.

La fiscalía metropolitana Sur se encuentra desarrollando múltiples diligencias en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Entre ellas, interrogatorios en calidad de imputados y testigos a funcionarios de ese tribunal, como secretarios y relatores, según señala radio Biobío.

Además se han recopilado nuevos antecedentes respecto a los ministros Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, quienes aún no han sido formalizados, a diferencia del caso de Emilio Elgueta que recibirá nuevos cargos por enriquecimiento ilícito y prevaricación el próximo 19 de julio.