Por Mario López M.

Al cumplirse dos años y diez meses del estallido del caso, aún quedan muchas interrogantes sin respuesta, sin embargo subsiste una certeza que ha rodeado todo la trama: manos oscuras derechistas están detrás de la conjura. También queda claro que la ambición y la torpeza, no tienen fronteras.

Febrero de 2015 fue un mes tan ardiente como el del presente verano, solo que por razones muy distintas. Hace dos años comenzó a fraguarse una de las operaciones políticas-económicas más oscuras de que se tenga memoria en el país, una extraña mezcla de conspiraciones, ambiciones, intrigas y hasta bajos instintos.

La prensa, La Moneda, tribunales y la sede de la UDI han sido parte de la confabulación.

La última formalización en esta causa, la del yerno de Joaquín Lavín, le viene a poner la guinda a la torta. El caso Caval debiera llamarse UDI-Caval. Salvo la nuera, todos los demás integrantes de la trama son militantes u operadores de la UDI. Incluso excompañeros de universidad de Compagnon aseguran que esas eran sus ideas antes de casarse con el hijo de la Presidenta. Vaya usted a saber.

Malas juntas

Bastaron solo unos meses para descubrir que tras el cuestionado negocio de Caval no solo estaba la nuera de la Presidenta y su socio, un oscuro Mauricio Valero, relacionado con personajes que habían pertenecido a los servicios de seguridad de la dictadura. Aparecieron los nombres de connotados militantes y dirigentes de la UDI quienes fueron los operadores que llevaron al síndico de quiebras Herman Chadwick la venta de la propiedad y fueron los mismos que alertaron a Valero de la existencia de este apetitoso negocio y que los relacionaron.

No solo hicieron eso, convencieron a todos que el verdadero lucro estaba en cambiar el uso de suelo, fueron quienes llegaron a la Municipalidad a efectuar lobby, permearon a funcionaros públicos, los mezclaron en el negocio, ganaron suculentas sumas de dinero, partieron las ganancias y son los titiriteros de todo este entuerto. Al final son también UDI quienes reúnen a quien hizo la denuncia del caso –Sergio Bustos- con la revista Qué Pasa, que lo hizo público.

Resulta imposible soslayar el hecho indiscutible que el entorno que rodeaba a Natalia Compagnon –la nuera-, era de baja ralea. No solo su socio poseía malas juntas, varios de ellos mitómanos que inventaban socios mexicanos inexistentes, sino que existieron otros siniestros personajes -vinculados todos al gremialismo- que aparecen mezclados en una seguidilla de operaciones cuestionadas, sobornos y otras acciones de dudosa factura. Tampoco se puede eludir la responsabilidad de Sebastián Dávalos, a lo menos imprudente al asistir a la mentada reunión con Andrónico Luksic en que se aprobó un crédito que, sin su intervención, parece imposible de conseguir a cualquier chileno de a pie.

El “agente” Sergio Bustos

Fue quien participó en la trama como operador ante bancos y quien destapó el caso en una demanda por no pago de supuestos honorarios por su intervención en la obtención del crédito por $6.500 millones que sirvió para adquirir las propiedades. No solo perdió el juicio laboral sino que su exposición pública le terminó pasando la cuenta en causas de derechos humanos que tenía pendientes y en las que aparecía como un agente de los servicios de seguridad. En realidad era un ex ayudista de la DINA que trabajó bajo las órdenes de Manuel Contreras. Su nombre aparece en una de las fichas rescatadas desde Colonia Dignidad.

Fue declarado reo por la muerte de tres militantes del MIR en la localidad de San Carlos, al sur del país en el año 1974. En aquel entonces Bustos era un connotado militante de Patria y Libertad, grupo paramilitar que tras el golpe de Estado participaba activamente en la detención de partidarios del gobierno derrocado e incluso en torturas y crímenes, como se ha denunciado en innumerables causas de DDHH. Tras ser detenido en Chillán, fue llevado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Carlos, donde quedó en prisión preventiva.

Bustos habría mandado el 2 de enero de 2015 un correo a Qué Pasa advirtiéndoles que “Tengo valiosa información (…) de alguien que trabaja cercano a la Presidenta”, lo que despertó el interés del medio opositor que lo contactó. El resto es materia conocida, salvo por la aparición de otro personaje, un ex parlamentario que fue el encargado de contactar a Dávalos con la revista. ¿El mensajero? Marcelo Forni, exdiputado de la UDI, quien fue el encargado por el medio de informar al hijo de la Presidenta, sin obtener ninguna reacción. Forni es hoy gerente de asuntos corporativos de CorpGroup, eje de inversiones de Álvaro Saieh, controlador de Copesa, a la cual pertenecen La Tercera y Qué Pasa y varias empresas financieras, entre ellas CorpBanca, ligada a financiamiento ilegal de la política.

Juan Díaz Sepúlveda, el articulador

Se trata de un relevante operador de la UDI, que es un eje central en toda la operación Caval. De hecho fue acusado por otro militante de ese partido -y también parte del entuerto-, Patricio Cordero, de ser quien era el pagador de los sobornos y además el nexo con el síndico a quien también habrían llevado en el “negocio”. No es la única de Díaz, conocido por haber sido quien operó a favor de Jovino Novoa en el caso Spiniak buscando desacreditar a los testigos que lo inculpaban.

Cordero declaró en la Fiscalía que Díaz le habría asegurado que “al menos 400 millones iban a corresponder a Herman Chadwick”, el síndico, lo que sería ilegal. También el nombre de Díaz está tras el “cuento del tío” que daba cuenta de la existencia de un eventual comprador de los terrenos, un “socio mexicano” que daba a entender que era nada menos que Carlos Slim -en algún momento el hombre más rico del mundo-. “Hablaba de esos mexicanos curiosamente, comentaba que estaba metido Slim y otros mexicanos”, aseguró Patricio Cordero al fiscal haciendo referencia a las mentiras de Díaz. A este también acusó de haber inventado la participación de Cencosud, interesado en instalar sus tiendas Jumbo en el lugar.

Díaz ha usado su derecho a guardar silencio en las declaraciones ante el fiscal Toledo, no así ante a la prensa. Díaz trabajó con Herman Chadwick como “gestor inmobiliario”, encargado de cambiar el plan regulador intercomunal de rural a urbano y así aumentar el valor de los terrenos de Machalí. Por ello trabajó codo a codo con Cynthia Ross, ex asesora de la municipalidad de Machalí y sobrina de quien vendió los predios y también se reunió en diversas oportunidades con Jorge Silva Menares, ex director de Obras de Machalí.

“Gatito” de campo

Según las declaraciones de Natalia Compagnon, Díaz fue la persona que le llevó el negocio de los terrenos de la familia Wiesner –dueños de los predios de Machalí- a Caval. Por esa razón, tanto él como Patricio Cordero tenían “derecho” a dividirse el 50% de las ganancias. Está formalizado como autor del delito de soborno (pagos a funcionarios de la Municipalidad de Machalí), cómplice del delito de ventajas indebidas del síndico y facilitación de boletas maliciosamente falsas (cuando Chadwick le pagó los $ 415 millones, Díaz extendió una boleta de la sociedad Consultores Ges Limitada –de propiedad de Isaac Givovich, el yerno de Joaquín Lavín-, la que fue anulada por ser falsa).

“Todo el negocio lo llevaron adelante Valero y Díaz”, declaró Cordero ante el fiscal Toledo. Pero también Díaz tuvo negocios privados con Compagnon que incluso llegaron a La Moneda: Una disputa por $44 millones, llevó a este a recurrir al entonces administrador de Palacio, Cristián Riquelme. “El señor Díaz me relató su situación y me dijo si yo tenía alguna posibilidad de poder resolver su problema (...). El contrato que tenían (Díaz y Compagnon) era de $300 millones, más $40 millones que él le había prestado a la señora Natalia Compagnon”, declaró más tarde Riquelme.

“Hacia el segundo semestre de 2014,  hacen Natalia (Compagnon) y Juan Díaz las asesorías a CCU –obtenidas de Andrónico Luksic- y generaron un íntima relación. Incluso Natalia le dijo que estaba muy apurada de plata, que no tenía trabajo, ante lo cual Juan Díaz le pasó $ 44 millones, lo cual ocurre el segundo semestre, lo que se sumó a su asesoría de $ 300 millones a CCU”, declaró Cordero judicialmente. Compagnon desmintió que Caval hiciera negocios con CCU. “A mí no me pagaron nada”, aseguró.

Díaz dejó formalmente de ser militante UDI después de haber sido condenado por estafa en 2008 por una compra de terrenos. De la sentencia, varios aspectos retratan al personaje. Se vanaglorió de ser amigo de senadores y diputados, también de síndicos, incluso señaló tener guardado un galvano de agradecimiento que le habría regalado quien fuera Presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz.  También destacó haber sido quien llevó al asesinado senador Jaime Guzmán a la UDI, mientras agonizaba y que incluso “murió en mis brazos”. Igualmente destacó sus vínculos con la defensa de Jovino Novoa por abusos sexuales.

Patricio Cordero, el acusador acusado

Se trata del operador de Joaquín Lavín y quien fuera su administrador mientras el actual edil de Las Condes y excandidato presidencial fuera alcalde de Santiago. Por sus contactos, Cordero reconoce haber estado ligado al caso Luminarias que consistía en groseras estafas cometidas en distintos municipios ligados a la UDI en donde aparecen querellados el diputado homónimo e hijo de Joaquín Lavín, su otra hija María Asunción, recientemente condenada por giro doloso de cheques y cónyuge, Isaac Givovich, un oscuro y  cuestionado personaje que más adelante se vinculará al caso Caval.

Cordero posee muchas vinculaciones con Caval. Desde luego conoce a todos los partícipes de la UDI, incluso llevando al negocio a algunos de ellos, como a Díaz o Givovich. No solo eso, es investigado por el Ministerio Público por 13 facturas de Inversiones Lo Beltrán Limitada (una sociedad que le pertenece) y que fueron incorporadas en la contabilidad de Caval entre 2012 y 2014. Las facturas corresponderían a trabajos no realizados o ideológicamente falsos y que en total suman $305 millones y tendrían un perjuicio fiscal de $ 118.872.912.

Para el Ministerio Público el ex administrador electoral de Lavín fue el contacto con el socio de Compagnon, Mauricio Valero, y es considerado como uno de los más importantes intermediarios en el negocio de Machalí. Participó directamente de las negociaciones y junto a Díaz se llevaría el 50% del negocio. Ambos se hicieron íntimos como militantes UDI. Fue formalizado por facilitación de documentos tributarios falsos, junto a su cónyuge Pauline Besserer quien es también representante legal de Lo Beltrán.

Isaac Givovich, el yernísimo

Si de negociados se trata y en que aparezcan militantes UDI de por medio, no podía estar ausente el yerno de Joaquín Lavín, Isaac Givovich, casado con María Asunción. Un peritaje contable dio cuenta de un documento que no cuadraba en la operación Caval. Emanaba de la empresa Asesorías en Gestión, Evaluación y Ejecución de Proyectos GES Consultores Ltda., por $300.354.524, supuestamente para realizar trabajos similares “de proyectos de cambio de uso de suelo”. ¿El dueño? El yerno de Lavín.

No pasó inadvertido para el Servicio de Impuestos Internos (SII), que determinó que el documento era ideológicamente falso al corresponder a trabajos que no se realizaron. De hecho, el mismo fue anulado meses después. Esto resultó sustancial en la formalización del síndico Herman Chadwick y su asesor, el ex militante de la UDI, Juan Díaz. Givovich declaró posteriormente a conocerse los hechos “sentir miedo por él y su familia”. Alegó que “tengo un fundado temor por mí y por mi familia respecto a eventuales represalias que puedan ser tomadas, especialmente por Juan Díaz o por Herman Chadwick, pues conozco muy bien sus redes de contacto y no sé lo que son capaces de hacer”, denunció.

Bien sabe de estas turbiedades Givovich, quien se ha visto mezclado en estafas por el tema de las luminarias truchas vendidas en municipios controlados por la UDI y hasta un intento de asesinato, denunciado a Cambio21 por Michell Amiot, quien lo acusó de haber usado ese medio para quedarse con un restaurante de su propiedad en el sector alto de Santiago. No hubo pruebas suficientes para condenar a Givovich por este hecho, cometido por un sicario -Pedro Pablo Norambuena Yáñez-, presuntamente contratado por él o que al menos era empleado en el restaurante de que se apropió el yerno de Lavín.

Todo calza, pollo

La participación en la trama de Givovich llegó a figurar incluso en la cuenta pública de administración del síndico de quiebras, Herman Chadwick Larraín, en la causa de Wiesner S.A. Givovich era contacto principal de Cordero. También era conocido de Valero,  cuando este era gerente general de Tech Data -de la cual fue despedido por graves irregularidades-.

Se remiten los contactos a 2009, cuando Cordero acompañó a Isaac Givovich, quien pretendía desarrollar proyectos de salas de clases computarizadas. “La vida nos volvió a reunir una vez que Valero dejó la empresa Tech Data, ya que según él había jubilado. El proyecto de Isaac Givovich nunca funcionó. No obstante, igual nos mantuvimos en contacto”, confesó Cordero al fiscal Toledo.

Givovich se relaciona además con Caval por unas extrañas declaraciones prestadas ante el Ministerio Público: allí señaló que Juan Díaz le dijo que “tenía información importante y correos electrónicos falsos que acreditaban que Natalia Compagnon había extorsionado a Gonzalo Vial Concha y que ella también tenía correos que vinculaban a personeros de la UDI en una red de espionaje”. Delirio total. Ello lo llevó a transformarse en el último de los UDI formalizados.

Otros rostros de la maquinación

Otro que aparece vinculado a la UDI –aunque no militante- es Victorino Arrepol. Valero lo llevó a Caval y Arrepol llevó a Bustos, quien le construyó un bunker como medio de protección. Un mitómano de marca mayor, según la policía.

Un supuesto correo que se aseguraba correspondía a un ministro, hizo conocido a Arrepol, otro de los operadores del negocio. El famoso correo resultó ser falso absolutamente y fue parte de las charadas e invenciones para darle “espaldas” a la operación comercial tras los inmuebles de Caval. Reconocido derechista, Arrepol tiene en su prontuario un auto secuestro que denunció en 2009, el cual, obviamente solo estaba en su imaginación.

Dentro de las declaraciones judiciales, Arrepol es quien aseguró a los fiscales que un parlamentario y a un ex ministro UDI estaban implicados con la repartición posterior de las utilidades que dejaría el negocio Caval. También es autor del famoso correo falso que intentó vincular a la actual Presidenta: “tranquilo, mami llamó al Andrónico”. Victorino ha reconocido que el correo fue parte de una estrategia para calmar a Bustos. “El viejo era un hinchapelotas de lo peor. Hablaba tonteras, estaba loco”, confesó. La locura era colectiva.

La extraña relación de Nibaldo Mora

Mora se estrena en la investigación Caval al ser nombrado por el otro operador de la UDI, Patricio Cordero. Este aseguró que el socio de Caval, Mauricio Valero, le pagó a Mora 25 millones de pesos para beneficiar a Saydex –empresa especializada en servicios informáticos en el área de salud y que fuera cliente de Caval en las distintas licitaciones del Ministerio de Salud-.

Mora, fundador de la UDI y ex concejal en Peñalolén por ese partido, es un reconocido operador político del equipo de Pablo Longueira. En Dicom, Mora figura con domicilio laboral en Suecia 286, la sede de la UDI. Este personaje fue director del Servicio de Salud Metropolitana, bajo la administración Piñera. Diversos correos lo ligan a Valero y Cordero y dicen relación con pagos exigidos por NM (iniciales de Nibaldo Mora), por proyectos adjudicados presuntamente de manera ilegal. Los correos datan entre el 18 de octubre de 2012 al 6 de diciembre de 2013, siendo ministro Jaime Mañalich.

Cordero, una vez más, resultó ser el nexo entre Valero y Mora. De hecho Cordero confesó que el socio de Caval sabía que se le estaban realizando pagos al militante de la UDI. “Le estaba pagando a un funcionario público para que desarrolle acciones propias del ámbito de su gestión”, todo lo cual ha sido desmentido por Mora, quien ha afirmado que del caso Caval “se enteró por la prensa”, aunque no niega conocer a Valero y Cordero, “por razones políticas”. Tampoco niega haberse reunido “un par de veces” y discutido sobre los procesos de concesión al interior del Minsal, pero afirma que “sólo fueron preguntas genéricas”.

El doble estándar

Jamás se escuchó un reclamo desde la derecha o de su prensa adicta en casos similares que han tenido a otros connotados personajes de ese sector detrás. Se trata de operaciones de ganancia fácil que se basan en la compra de terrenos agrícolas, para luego provocar el cambio de uso de suelo y así transformarlas en urbanas, generando una pingüe ganancia a sus autores. Estas operaciones son recurrentes en Chile, originadas por la colusión entre privados interesados y funcionarios públicos débiles de carácter o gran apego a dádivas, quienes por lenidad o por compromisos de alto nivel, generalmente acceden a las peticiones de los primeros.

“Hay cientos de ejemplos”, señala Patricio Herman a Cambio21. “Sin ir más lejos, porque es de reciente data, tenemos el caso del fundo Las Cenizas de 2.000 hectáreas localizado en Curauma, V Región de Valparaíso, extenso territorio rural del conocido hombre de negocios Manuel Cruzat, quien se vio favorecido con el nuevo Plan Regulador Intercomunal de esa región porque ahora las mismas son urbanas, es decir, aumentaron sus precios de mercado en unas 6 veces”. 

No es el único caso, asegura Herman: “En 1997 el Minvu y el Gobierno Regional Metropolitano benefició a los privados Juan Carlos Latorre, Sergio Reiss (QEPD) y Sergio de Castro, quienes anteriormente habían adquirido más de 1.000 hectáreas rurales en Colina a precio de huevo y esos terrenos ahora son urbanos sino que, más adelante, para que se pudieran vender fácilmente las viviendas allí edificadas, el MOP decidió licitar una autopista concesionada -Radial Nororiente- con lo cual se solucionó en un dos por tres el problema que tenían esos empresarios con la conectividad vial. Como vemos, otros obsequios a particulares”.

Nadie dijo nada

También recuerda un caso en la pasada administración. En “el gobierno de Piñera, con la vital asistencia del entonces intendente Fernando Echeverría, se sacó adelante un cambio de uso de suelo de 10.000 hectáreas rurales que ahora son urbanas en 8 comunas periféricas de la región metropolitana de Santiago. Ello, con el mentiroso argumento de que al interior del límite urbano ya no quedaban terrenos para construir viviendas, materia que ha sido desmentida por el académico Pablo Trivelli, quien es experto en catastro de suelos”.

Los críticos de Caval callaron cuando la misma revista “Qué Pasa”, en su edición del 19/09/08 publicó en una nota periodística titulada “Pudahuel: ¿Luz verde para Hurtado Vicuña?”, dando cuenta que los grupos Hurtado Vicuña, Santa Cruz Yaconi y Manso de Velasco, brazo inmobiliario de Enersis, estaban detrás del lobby para el cambio de uso de suelo de 4.000 hectáreas rurales en la comuna de Pudahuel, que si se transformaban en urbanos iba ser posible un estupendo negocio inmobiliario para esos 3 grupos, los que contemplaban la construcción de 40.000 viviendas de hasta UF 4.500.

Y sin ir más lejos ese mismo medio poco tiempo antes promocionaba la idea del empresario Manuel Cruzat, dueño en aquel entonces de los terrenos rurales situados en Pudahuel, que hoy en día le pertenecen a Hurtado Vicuña, para que, mediante modificaciones reglamentarias, se le permitiera edificar una especie de ciudadela para lo cual era indispensable cambiar las reglas del juego contenidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), vigente desde noviembre de 1994. Claro que en aquellas épocas tal revista no vociferaba con esas operaciones comerciales y el resto de la prensa nacional ni se inmutaba con la práctica especulativa. Son solo algunos casos. Como en el poema de Carlos Pezoa Véliz, “nadie dijo nada”.