"No sabemos por qué se hace tan tarde y lo interesante es descubrir por qué no se continuó con este procedimiento, quién ordenó archivarlo, porque no hay ninguna razón para que haya estado cuatro años archivado". Son las palabras de José Ignacio Escobar, el abogado que representó a la familia de dos alumnas del Colegio Cumbres, que fueron víctimas de los abusos del sacerdote irlandés John O'Reilly.

 

En 2014, el clérigo fue condenado por la justicia civil a cuatro años de libertad vigilada por abusos reiterados contra menores de edad. A siete meses de que cumpla la condena, Escobar confirmó a La Segunda que la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano decidió retomar el juicio canónico contra el sacerdote en abril pasado.

 

"La familia hizo una serie de consultas bastante extensas, tanto al Arzobispado de Santiago como a las autoridades de la Congregación en Roma. Durante estos años se enviaron una serie de cartas dirigidas a monseñor Ezzati y la Congregación. Probablemente una de esas comunicaciones surtió el efecto esperado", explicó al abogado al vespertino.

 

Los detalles del procedimiento canónico El sacerdote elegido para conducir el procedimiento canónico fue el vicario judicial, Jaime Ortiz de Lazcano, quien empezó a reunir los antecedentes previos a la revisión de los jueces, quienes serán designados desde Roma. Según Escobar, las familias de las alumnas han prestado colaboración con Ortiz, con quien tuvieron una audiencia el viernes pasado.

 

"Todo lo que se nos ha ido solicitando lo hemos ido entregando, son antecedentes que fueron de público conocimiento, algunos se ventilaron durante el juicio oral, como informes psicológicos u otros, pero no son de fácil acceso para el padre que investiga", explicó el jurista.

 

A dichos datos se sumaría la indagatoria previa que realizó el sacerdote Marcelo Gidi en 2013. Adicionalmente, antes de enviar la información a Roma, Ortiz deberá reunir testimonios y otros documentos que sirvan para desarrollar el juicio canónico. Ortiz es el mismo sacerdote que investigó las denuncias contra Cristián Precht, declarado culpable de conductas abusivas con mayores y menores de edad en 2012, y el mismo que resolvió la nulidad del matrimonio de James Hamilton, celebrado por Fernando Karadima.