El artículo 60 de la Constitución, que establece tajantemente y sin interpretaciones que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebre o caucione contratos con el Estado”

La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de cesar del cargo a la senadora Isabel Allende (PS), ha encendido una alarma política e institucional de alto impacto. El hecho, que para el Gobierno representa un “precedente grave”, ha motivado un análisis más profundo sobre otros casos similares que podrían derivar en nuevas acciones legales o incluso destituciones.

El centro del conflicto es el artículo 60 de la Constitución, que establece que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”. En el caso de Allende, se cuestionó la venta de la casa de su padre —propiedad familiar— al Estado, lo que derivó en el requerimiento acogido por el TC.

Un reportaje de The Clinic reveló una serie de nombres que podrían verse afectados por esa misma norma. Si bien, se trata de información pública y no todos los antecedentes contractuales ni societarios son de acceso abierto, el listado abre una puerta a nuevas indagaciones.

Entre los mencionados está el senador Juan Castro Prieto (IND- Partido Social Cristiano), vinculado a la Constructora Indemma, que ha recibido más de $3.000 millones desde organismos públicos, según datos del Mercado Público.

También figura el senador Fidel Espinoza (PS), quien hasta 2018 aparecía como socio en Difusora Fresia Limitada, empresa que obtuvo recursos desde municipios de Los Lagos. Espinoza aseguró que “jamás he recibido un peso” y que su retiro formal se retrasó por un error en el Registro de Comercio.

En tanto, Jaime Mulet (FRVS), diputado y precandidato presidencial, dejó la sociedad Rodríguez y Compañía Limitada un mes después de asumir su escaño. Sin embargo, su esposa Flavia Torrealba quedó como contralora de la firma, que recibió pagos estatales por una radio local. Esta conexión podría ser revisada por el TC.

La diputada Ximena Ossandón (RN) también aparece en el foco. Es socia en una empresa con acciones en Cumplo Chile Spa, que ha recibido más de $28 mil millones de Corfo y la Tesorería General desde su ingreso a la sociedad. Además, su empresa familiar prestó servicios al SEP en 2010. Sobre esto, explicó que "realizó efectivamente hace varios años una asesoría (...) en materia de Gobiernos Corporativos”.

Por último, se menciona al senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quien arrendó una propiedad a la Junji por $4 millones mensuales hasta 2020, en un trato que comenzó antes de que asumiera como parlamentario.

Los ministros del TC manejan dos posibles escenarios: que se abran nuevos requerimientos que desencadenen más destituciones o que se revierta el fallo contra Allende, el cual —hasta ahora— no ha sido publicado oficialmente por el tribunal y solo se conoció por filtraciones.

Cualquiera sea el desenlace, lo ocurrido marca un hito que podría tener consecuencias profundas para varios legisladores, más allá del color político.