Académicos de la Universidad de Chile, Católica y Andreś Bello entregaron los resultados de un estudio interdisciplinario cuya propuesta es subir el impuesto a los alimentos con nutrientes dañinos para salud, es decir aquellos ricos en grasas, sodio y azúcar.
La investigación, que fue encargada por los ministerios de Salud y Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet, pretende afrontar los altos niveles de obesidad que sufre Chile, especialmente en los estratos socioeconómicos bajos.
En la última Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 se reveló que el 74 por ciento de la población tiene exceso de peso y el 3,2 por ciento vive con obesidad mórbida. Cifras muy altas a nivel mundial, similares a las de la diabetes.
“Multiplicar por $1,9 cada gramo de azúcar que contenga un alimento, por $31 cada gramo de grasa y por $23 cada gramo de sodio, y al total agregarle el IVA”, sería la fórmula propuesta por el conjunto de académicos que integraron el estudio de Evaluación y Aplicación de Impuestos a los Alimentos con Nutrientes Dañinos para la Salud en Chile.
Una vez aplicado este impuesto sus efectos se harían notar de manera drástica, por ejemplo, un kilo de vienesas que hoy ronda los $2 mil pasaría a costar cerca de $10 mil, y una mayonesa de 800 gramos que hoy cuesta alrededor de $1.800 llegaría a costar casi $4 mil.
¿Medida radical?
Luego de reuniones con el SII y organismos que cargarían la ejecución de este impuesto, los investigadores no detectaron imposibilidad práctica en su aplicación y recomendaron hacerlo de manera simultánea para el sodio, el azúcar y las grasas.
La medida, radical para muchos, cuenta con experiencia internacional -México, Dinamarca, Hungría, entre otros- y se sustenta en el exceso de enfermedades o de mortalidad debido al consumo excesivo de productos ultraprocesados, lo que implica para el país costos en hospitalizaciones, tratamientos y pensiones de invalidez prematuras. Los impuestos irían dirigidos a costear estos gastos y disminuir estos malos hábitos.
“Tuvimos que ser capaces de diferenciar qué porcentaje de obesidad son prevenibles, si es que modificáramos los patrones alimentarios de la población, y a partir de esa estimación, establecer cuál sería el tamaño de un impuesto necesario para poder reducir el consumo que genera impacto negativo”, explicó Cristóbal Cuadrado, uno de los investigadores de la Universidad de Chile.
“El precio que los consumidores pagan por esos alimentos no está considerando hoy las consecuencias que tienen para la salud que pagamos entre todos. Eso se llama externalidad. Con este impuesto se pagaría el gasto en salud, y las pensiones de invalidez que se producen por enfermedades prematuras”, agregó el doctor.
“¿Y qué quieren que comamos?”
Camila Corvalán, investigadora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, desmitificó la extendida creencia de que comer saludable es más caro que comer chatarra en Chile.
“Si uno va a países como Colombia o Brasil, comer saludable es mucho más barato que comer ultraprocesado, por el contrario si uno va a países como Estados Unidos o Canadá es mucho más barato comer chatarra, y Chile se encuentra en una posición intermedia todavía y hay que tomar esa oportunidad. Hoy todavía podemos hacer una inflexión y volver a que haya más alimentación a partir de alimentos naturales, antes que los precios de la comida ultraprocesadas sean más baratas que los alimentos naturales”, afirmó Corvalán.
