Firma en una comisaría policial y arraigo nacional fueron las dos medidas cautelares que el 8° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó para los diplomáticos Frank Sinclair y Gustavo Cantuarias, en el marco de una indagatoria por tráfico de 196 inmigrantes indios y nepaleses.

Hace poco menos de un mes, la Fiscalía Metropolitana Oriente dio a conocer el caso que afectaba al cónsul de Córdoba y ex director del servicio consular –Sinclair- y el excónsul en Nueva Delhi –Cantuarias-. Según el ente persecutor, el delito se habría gestado desde 2014, cuando el primero de estos constituyó la entidad MC Institute, la cual facilitaba el intercambio y la venida de extranjeros a Chile para realizar cursos en un instituto de Providencia y los cuales le permitirían trabajar en el país.

En promedio, el servicio costaba cerca de 6.500 dólares que, en algunos casos, incluía transporte desde el aeropuerto y alojamiento por tres días en hostales de Providencia.

Según indicó en audiencia el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Carlos Ramírez, "para consumar de delito, se valieron de la experiencia" de un ciudadano indio que conocía su país y situación educacional, y de Sinclair, como director de política consular. Así, indicó, la empresa se certificó falsamente y funcionaba con timbres facilitados por la posición del diplomático.

De acuerdo al persecutor, se ofrecía la posibilidad de acceder a trabajos bien remunerados y que, “luego de dos años podrían optar a nacionalidad permanente lo que les permitiría acceso a otros países”. Por ello, “muchos compraron pasajes solo de ida”. La empresa, continuó la fiscalía, promocionaba sus servicios en internet y el extranjero, asegurando estar acreditado por el Ministerio de Educación (Mineduc), lo cual era falso. Ante la molestia de los extranjeros, la empresa comprometió la entrega de certificados de la Universidad SEK, los cuales eran imposibles de obtener.

Frente a los hechos, el tribunal decretó la medida cautelar de arraigo nacional para los cinco formalizados que, de ser condenados, arriesgan una pena que va desde los 541 días a los 5 años de privación de libertad. Así también, firma semanal para Sinclair y Cantuarias; y mensual para el resto.

Para solicitar un plazo de indagación de 365 días, la fiscalía indicó la realización de algunas diligencias pendientes, como solicitar el levantamiento del secreto bancario respecto la institución y la toma de declaración de funcionarios de esta. Pese a ello, el tribunal estableció que este fuese de 6 meses.