Foto: Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles

La empresa estatal Codelco presentó una querella criminal contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles, en prisión preventiva quien fuera imputado este último fin de semana por el llamado caso "Muñeca bielorrusa".

La cuprífera apunta a Vivanco y Migueles en calidad de autores de los delitos de cohecho agravado y lavado de activos; acusa a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas –también en prisión preventiva- por soborno y lavado de activos; y a los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto y Chillán, Sergio Yáber y Yamil Anton, y el dueño de una casa de cambios, Harold Pizarro, de lavado de activos en su modalidad culposa.

La acción, presentada el sábado 15 de noviembre ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago –y declarada admisible este martes-, se funda en la exposición de antecedentes por parte del Ministerio Público en la formalización de los abogados Vargas y Lagos, y del contador Migueles, respecto de la tramitación irregular de la demanda de la estatal contra el consorcio Belaz Movitec (CBM).

El escrito sostiene que las intervenciones descritas por la Fiscalía coinciden con las irregularidades advertidas desde 2023 y que derivaron en sentencias que obligaron a la empresa a desembolsar más de $17.000 millones en favor de CBM.

La querella describe lo ocurrido como un "patrón de comportamiento", en el que la exministra Vivanco habría intervenido reiteradamente para acelerar resoluciones y favorecer los intereses del consorcio.

Codelco asegura que, de acuerdo con la evidencia presentada en la formalización, la entonces magistrada "efectuó gestiones para que la Sala conociera de la orden de no innovar y del fondo del recurso (...) sin que el presidente de la Corte Suprema hubiese dictado la resolución respectiva", e incluso ordenó "la dictación de una resolución intentando validar el conocimiento del fondo del asunto sin el previo decreto que ordenaba dar cuenta".

El texto agrega que las actuaciones de la exministra constituyen "infracciones a los deberes de su cargo ejecutadas a cambio de beneficios económicos entregados a ella y/o a su pareja".
La acción también recoge episodios que la Fiscalía calificó de decisivos para acreditar los delitos de cohecho y soborno, como los depósitos en efectivo que recibió Migueles, inmediatamente después de que Codelco pagara miles de millones de pesos al consorcio.

En concreto, traza los pagos efectuados por Belaz Movitec al estudio Lagos y Vargas en fechas coincidentes con las resoluciones perjudiciales a Codelco y describe cómo una parte de ellos llegó a la cuenta corriente de Migueles a través de operaciones atribuidas a Yáber, Naile y Pizarro.

Asimismo, la presentación recuerda que Codelco fue reconocida como víctima en la investigación abierta de oficio por el fiscal nacional en septiembre de 2024, y subraya su colaboración activa con el Ministerio Público, aportando antecedentes, solicitando diligencias y compareciendo en cada instancia.

Con la querella, explica la estatal, se busca seguir participando en la investigación con el objeto de que se determinen las responsabilidades penales por los delitos de cohecho agravado, soborno y lavado de activos, así como otros que puedan surgir durante la investigación.

Al cierre, la compañía enfatiza que actuará con el máximo rigor para la defensa de la fe pública y la protección de los recursos que pertenecen a todos los chilenos.