Como imputado por presunto fraude fiscal, el exministro de Justicia, José Antonio Gómez deberá responder ante las posibles irregularidades en el uso de fondos de un programa para mejorar la calidad de vida de niños y niñas en hogares del Sename.

En mayo pasado, la Contraloría General de la República cifró en cerca de $400 millones los gastos cuestionados en la implementación del plan conocido como ASCAR, Aseguramiento de la Calidad de las Residencias del Sename.

Las presuntas irregularidades, que tienen que ver con pagos desde este programa para otros objetivos, las descubrió el fiscal que investiga las muertes y abusos en hogares del Sename, Marcos Emilfork.

El 11 de septiembre pasado, el exministro Gómez debía declarar en calidad de imputado de presunto fraude fiscal en dependencias de la PDI.

Si bien el propio exsecretario de Estado había solicitado declarar como testigo, el persecutor le cambió esa calidad por lo que pidió conocer el expediente antes de la diligencia que se reagendó para este lunes.