Con menos de la mitad de los 5 años y 1 día de pena cumplida, por el delito de tráfico de municiones, la Corte de Apelaciones de Concepción concedió la libertad condicional a un comunero que estaba en huelga de hambre en la cárcel de Lebu, en la región del Bío Bío.

Robinson Parra Sáez fue detenido en Tirúa, en mayo de 2022, tras encontrar Carabineros en su vehículo 20 cajas con un total de 500 cartuchos de escopeta, siendo condenado 11 meses después, en abril de 2023, por el delito de tráfico de municiones.

Con 23 meses de la pena cumplida y en medio de la huelga de hambre, Gendarmería envió en abril pasado la solicitud de libertad condicional para el comunero a la Comisión de la Corte de Apelaciones.

Los jueces sólo pudieron evaluar los antecedentes, tras considerar para Parra 9 meses de una prisión preventiva que el condenado había cumplido por otra investigación del año 2020 y en la que resultó absuelto, medida conocida en el sistema como abono por causa diversa.


El beneficio fue concedido, pero con el voto en contra del ministro Waldemar Koch y del magistrado Rodrigo González-Fuente, tras no observar un total arrepentimiento por el ilícito perpetrado, e incluso justificándolo como un medio para la obtención de recursos, y considerando además el escaso tiempo de cumplimiento y no haber tenido algún beneficio previo como la salida domincal.

La libertad condicional fue comunicada al comunero mapuche el 12 de abril pasado, el mismo día en que a través de un manuscrito al jefe del penal de Lebu depuso la huelga de hambre y abandonó la cárcel.