La Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam) se sumó a los cuestionamientos y al desacuerdo a la modificación del protocolo de objeción de conciencia en la ley de aborto en tres causales.

El presidente de la organización sindical, Esteban Maturana, consideró que es inaceptable que se pretenda vía administrativa desconocer en ciertos sectores el derecho que la normativa otorga a las mujeres del país, explicando que el rechazo es mayor porque produce que las instituciones que se niegan a aplicar la normativa en cuestión, reciban recursos del Estado.

"La objeción de conciencia institucional en el sector privado suponía que el establecimiento privado objetor no podría celebrar convenios que le signifique recibir recursos públicos, condición mínimamente lógica en el entendido que los recursos que administra el estado deben estar en función de financiar políticas públicas y no utilidad privada, criterio de suyo razonable en la implementación de programas del ámbito de los derechos sociales más relevantes, como salud y educación", sostuvo.

"Lamentablemente, en una decisión que es merecedora del más categórico rechazo, la actual administración modifica, vía resolución exenta, los criterios en relación con la objeción institucional, posibilitando la entrega de recursos públicos a instituciones privadas que hacen de la salud un negocio, aunque se nieguen a realizar las acciones definidas en los programas objeto de convenio", agregó.

El dirigente dijo que desde su organización hacen un llamado al Gobierno a reconsiderar su decisión para permitir que la normativa aprobada en el Congreso se aplique en toda su expresión. "Nuestra intención de hacer uso de todas las herramientas legales y políticas para lograr que la mujer chilena, en lo público y en lo privado, sea quien decida", remató.