La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes al Estado de Chile a pagar una indemnización a 271 exinternos del Servicio Nacional de Menores (Sename), luego de determinar que estos sufrieron graves vulneraciones a sus derechos.

En concreto, el Estado deberá pagar un total de aproximadamente $538 millones (US$ 565.500) como parte de la compensación por los abusos sufridos.

El tribunal destacó que, a pesar del reconocimiento parcial del Estado chileno en las audiencias de juicio celebradas en Brasilia el año pasado, no se cumplió con varias de las obligaciones dictadas por el derecho interamericano.

En el fallo, la corte subraya que Chile tiene “responsabilidad internacional” sobre la muerte de diez adolescentes ocurrida el 21 de octubre de 2007, quienes perecieron en un incendio en el centro de internación Tiempo de Crecer, en Puerto Montt, como resultado de una protesta por las precarias condiciones de detención.

La resolución también establece que el Estado chileno es responsable de la vulneración del derecho a la integridad personal de los familiares de los jóvenes fallecidos.

Además, el tribunal documentó graves violaciones a los derechos de los adolescentes recluidos en centros de internamiento entre 2006 y 2009, en lugares como Lihuén, Antuhue, San Bernardo (San Miguel) y Tiempo de Crecer (Puerto Montt).

Entre los derechos vulnerados a este grupo de personas se encuentran el derecho a una vida digna, la integridad personal, los derechos de la niñez, el acceso a la educación, así como el derecho al agua y saneamiento.

Pago de indemnizaciones
En cuanto a las indemnizaciones, el fallo ordena una compensación económica para la madre de uno de los jóvenes fallecidos en el incendio de Puerto Montt, Mirsia Isabel Almonacid, quien no había recibido una reparación adecuada.

Esta compensación será de US$ 15.000 (alrededor de $14 millones).

Los otros 271 exinternos recibirán una indemnización proporcional al tiempo que pasaron en los centros de reclusión. Aquellos que estuvieron menos de tres meses recibirán 1.500 dólares, quienes estuvieron entre tres meses y un año recibirán 2.500 dólares, y quienes permanecieron más de un año serán compensados con 3.500 dólares.

Como parte de la sentencia, la Corte también instruyó al Estado a crear una “comisión de verdad, justicia y reparación” sobre casos de violencia institucional ocurridos desde la creación del Sename, una medida que ya está siendo implementada por el gobierno actual.

Adicionalmente, el Estado deberá proporcionar tratamiento psicológico y psiquiátrico a las víctimas y asegurarse de incorporar los estándares internacionales de derechos humanos en la formación continua de los actores involucrados en el sistema de responsabilidad penal adolescente.

La Corte exigió que se informe públicamente sobre el cumplimiento de la sentencia y se presente un informe de avances al cabo de un año.