La Corte Suprema confirmó la remoción del director y subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Ricardo Guzmán Sanza y Zvonimir Koporcic Alfaro, respectivamente, luego de una investigación interna que concluyó con sanciones por su rol en la fallida compra de una lujosa flota de vehículos para los ministros del máximo tribunal.

La medida, aprobada por mayoría del Pleno, incluye la suspensión por un mes de ambos funcionarios y su posterior salida definitiva por “pérdida de confianza”.

La decisión se basó en el artículo 513 del Código Orgánico de Tribunales, que permite destituir a funcionarios de exclusiva confianza del Poder Judicial.

El Pleno fue encabezado por la ministra Andrea Muñoz, una de las voces críticas del proceso de compra, e integrado por otros ministros titulares y suplentes de la Suprema.

El origen de la polémica
La crisis se remonta a febrero del año pasado, cuando se reveló que el Pleno de la Corte Suprema había aprobado la compra de 22 vehículos de alta gama marca Lexus, con un valor total que superaba los $50 millones por unidad.

La noticia generó una ola de críticas públicas y presiones políticas, lo que llevó finalmente a anular la adquisición.

De los 13 jueces que votaron en esa ocasión, 11 estuvieron a favor de la compra. Solo dos ministros se opusieron: la propia Andrea Muñoz, actual presidenta del Pleno, y el entonces presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco.

El proceso disciplinario iniciado tras la polémica apuntó a la responsabilidad administrativa de Guzmán y Koporcic, quienes lideraban la CAPJ, el organismo técnico y financiero que gestiona los recursos del Poder Judicial.

Según fuentes del tribunal, la decisión busca “restablecer la confianza en los procesos internos y asegurar una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos”.

Hasta el momento, no se han anunciado reemplazos para los cargos vacantes en la CAPJ.