Buscar como país las principales medidas para lograr una reinserción laboral efectiva en mujeres que estuvieron privadas de libertad es un tema que se encuentra pendiente en nuestras políticas de Estado.

 

Esto además se suma al trabajo de potenciar el objetivo de resguardar la unidad familiar y el lazo materno-filial.

 

En la Región Metropolitana, un 89% de las mujeres privadas de libertad tiene al menos un hijo y en promedio alcanzan a los tres niños por mujer. Esto puede tener consecuencias graves en la relación familiar dejando truncado el proceso de crianza, en especial cuando no hay otra figura que se pueda hacer cargo de los niños.

 

 

Desde la Fundación San Carlos de Maipo identificaron una serie de puntos que contribuirían a facilitar la inserción y mejorarían los tiempos de condena de las mujeres. Algunos de los principales ejes de acción son:

 

Ejecución de un programa de preparación y acompañamiento al egreso y a la inserción en el medio libre; eliminación automática de antecedentes tras cumplir condena por falta o simples delitos; modificación horario para tránsito al medio libre y un sistema unificado de información de prontuario entre Registro Civil, Gendarmería y Tribunales de Justicia.

 

Marcelo Sánchez, gerente de la Fundación, aclara que “el horario de egreso por cumplimiento de condena (entre las 23:00 y las 02:00 horas) expone a las mujeres en una nueva situación de vulnerabilidad, sumado a que al salir no cuentan con documentación mínima, como es la cédula de identidad. Incluso, pueden sumar una falta por encontrarse en condición de vagancia o no contar con su documento de identificación ante un control de identidad preventivo”, comentó.

 

Las propuestas buscan no sólo disminuir el riesgo de reincidencia delictual de estas personas, esto porque “por sobre todas las cosas, creemos que este grupo de la sociedad sufre graves condiciones de exclusión, antes y después de cumplida su condena, que requieren ser abordadas por la sociedad en su conjunto para rescatar el potencial humano que hay detrás de cada mujer. Se hace necesario acompañarlas en un proceso efectivo de inserción social que les permita alcanzar la mejor versión de sí mismas, tanto por ellas como por cada uno de sus hijos”, enfatiza Marcelo Sánchez.

 

“Es necesario avanzar en facilitar los procesos de inserción social y laboral, con especial atención en reducir obstáculos como lo es el proceso para la omisión y eliminación de antecedentes, decreto 409, y otros cuerpos legales, que en la práctica se transforman en una condena accesoria”, advirtió.

 

 

“Debemos comprender que en la medida que generamos mejores condiciones para obtener un trabajo o reunificar una familia hacemos posible no sólo la reinserción efectiva, sino que reducimos aquéllos factores de riesgo a la base de la transmisión intergeneracional del delito”, explicó.

 

Una de las investigadoras del proyecto, Pilar Larroulet, comentó algunos de los puntos relevantes del mismo.

 

“El tema de la maternidad también es relevante en términos de reinserción, donde la literatura apunta a la doble carga que sufre la mujer que egresa, que no solo debe hacerse cargo de sí misma y su proceso de abandono delictual, sino que además debe asumir rápidamente su rol de jefa de hogar aportando económica y emocionalmente al desarrollo de sus hijos y otros familiares dependientes”, dijo.

 

“Debe existir una mirada diversificada con enfoque de género, de lo contrario, se seguirá perpetuando un modelo que tiende a favorecer la intervención de mujeres que tienen condenas más altas, mejor conducta al interior de la unidad, menores índices de reincidencia y, por lo tanto, mayores oportunidades para reinsertarse en la sociedad”, comenta.

 

“La importancia de que el Estado sea capaz de visibilizar estos distintos perfiles que componen la población penal femenina radica no solamente en la necesidad de articular una oferta programática diferenciada según el tiempo de condena, sino sobre todo en visualizar distintas necesidades”, concluye Pilar Larroulet.