La Sala de la Cámara de Diputados respaldó el informe de la comisión investigadora sobre el acuerdo para la explotación del litio entre Codelco y SQM. Al respecto, solicita dejar sin efecto el acuerdo de asociación suscrito.

El documento tuvo 96 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones.

Entre sus principales conclusiones, el informe de la instancia fiscalizadora considera que este acuerdo “representa un perjuicio gigantesco a las arcas fiscales” del país. 

Esto, debido a la decisión gubernamental de desechar la realización de una licitación pública, abierta y competitiva a nivel internacional y optar por un trato directo con SQM. 

Al respecto, se señala que considerando operaciones de mercado similares, el Estado debió recibir al menos unos US$6.700 millones de dólares en forma inmediata. En cambio, en este trato directo se acordaron utilidades sujetas a las ventas y al precio internacional del litio.

El informe también indica que existen cuestionamientos fundados respecto a la conveniencia y legalidad del procedimiento utilizado, así como la falta de criterios técnicos y económicos transparentes que respalden la elección de la vía directa.

Asimismo, se consideró que el argumento del posible “valle productivo” -periodo sin producción entre el fin del contrato con SQM y la llegada de un nuevo operador- esgrimido para justificar el trato directo, sería “una mentira y una mala fe pública de Corfo, SQM y Codelco” que la comisión investigadora “expresamente condena”.

En cuanto a recomendaciones y propuestas, el informe aprobado por la Sala solicita dejar sin efecto el acuerdo suscrito para la explotación del litio en el Salar de Atacama y la compra de la mina Salar Blanco, en Maricunga.

Añade que el proceso se realizó sin entregar información clara, oportuna y suficiente al Congreso y a la ciudadanía, con omisión de detalles esenciales, ausencia de auditorías técnicas y financieras independientes.

Además, plantea ampliar y revisar la consulta indígena, considerada parcial y meramente formal, sin garantizar la participación real de las comunidades afectadas.  

Igualmente, el informe propone efectuar una licitación internacional, pública, abierta y transparente, que se adjudique a quien presente la mejor oferta social, ambiental y económica para el Estado de Chile.

Se recuerda que el presente acuerdo aún no está cerrado y existe espacio de corrección para repensar la forma en que se va a explotar las pertenencias del fisco ubicadas en la mayor reserva mundial de litio en beneficio del interés público.

Por último, se debe establecer un régimen de sanciones claras y efectivas para los funcionarios y directivos que incurran en prácticas opacas, oculten información o incumplan los estándares de transparencia y rendición de cuentas. La ausencia de sanciones ha perpetuado la impunidad y la repetición de errores en la gestión de recursos estratégicos.