La economía sigue estancada y según las proyecciones del Banco Central se cerraría el 2023 con nulo crecimiento -cero por ciento- y los datos del mercado laboral muestran una débil creación de empleos en el sector privado y creciendo -preocupantemente- la informalidad laboral y los empleos en la administración pública-, llegando a una tasa de desocupación de 8,7%, que significa un incremento de 0,8% en 12 meses.

La buena noticia del año es la baja de la inflación que este año cerrará en 4,5% o cifras cercanas, saliendo de la compleja situación de una inflación de 2 digitos impactando fuerte a los alimentos, escenario que caracterizó el año 2022 y parte del 2021.

 El desafío económico del gobierno es que la economía empiece a recuperarse y tengamos años de crecimiento de la actividad productiva y empecemos a dejar atrás la década de estancamiento económico que partió entre 2012-2014.

 Eso requiere darle prioridad al crecimiento y a la generación de empleos con medidas que tengan efecto en el mediano plazo como fue la asociación público-privada anunciada esta semana por Codelco y SQM, que significará aumentos de producción y también de la recaudación fiscal. En ese desafío es clave que se acelere la ejecución de la inversión pública no solo la del MINVU que tiene un buen ritmo de ejecución, sino también la del MOP y MINEDUC que este 2023 han presentado preocupantes retrasos.

También es clave acelerar la ejecución de la inversión pública en la Diversificación Productiva, se requiere reforzar innovaciones productivas que signifiquen tener nuevos motores del crecimiento de la actividad. Es muy preocupante que programa CORFO sobre Desarrollo Productivo Sostenible lleve solo ejecutado 20% de los US$ 185,0 millones. Sin innovación productiva, sin acelerar la agenda de la diversificación no habran nuevos motores del crecimiento y eso no está ocurriendo.

Entonces, hay miles de chilenos/as buscando empleos y no los encuentran porque no hay innovación, no hay inversión; lo que acentuará la molestia ciudadana con el régimen democrático.

Es urgente poner el foco en el crecimiento y en el empleo y el 2023 en estos rubros fue un mal año.

También importa la seguridad de las familias, de vivir alejados del miedo que está generando las bandas del crimen organizado. Está claro que las familias de comunas populares y de clases medias viven atemorizadas, se encierran en sus casas o departamentos al oscurecer, en las últimas semanas hemos vivido “una ola de homicidios” en la RM y las mayorías viven atemorizadas. Se requiere más presencia policial en las comunas, trabajo más coordinados entre las instituciones policiales y el gobierno local y regional.

Pero lo principal es que exista unidad política para combatir el crimen organizado en los barrios y aún falta mucho por hacer en una tarea que debiera encabezar el gobierno junto al resto de la sociedad civil para luchar contra la delincuencia, para tener una migración ordenada y segura, para tener organismos policiales más modernos en la lucha contra la delincuencia.

En materia educativa se ha vivido la crisis de los SLEPS, especialmente en Atacama, pero que en diversas zonas es sinónimo de mala gestión, bajos resultados educativos, excesiva violencia en la convivencia escolar, infraestructura escolar fuertemente deteriorada y ahora se conocen despidos docentes.

Estamos en una época de cambios educativos que requieren fortalecer los liderazgos en los colegios y no debilitarlos como ha ocurrido en el último año.

Post pandemia diversas voces pidieron un Plan de recuperación educativa, se formó una Comisión a inicios de año y nada se conoce de un potente Plan de reactivación educativa que mejore los deteriorados aprendizajes en lectura y matemáticas, que promueva una convivencia escolar tolerante y pacifica en los colegios.

Nada de eso tan básico ha ocurrido y el año que se va en materia educativa no pasó nada, estuvimos de crisis en crisis y no sólo fue Atacama.

Hay un desafío fuerte para el gobierno en modificar este escenario; pero no puede caer en el error de leer que el resultado del Plebiscito del 17/D fue un respaldo político a su agenda de reformas y que vuelve a tener el control del timing político.

Los chilenos/as comunes siguieron sufriendo las pensiones miserables de las AFP’s, la mala atención hospitalaria, las largas listas de espera, la falta de resolutividad de un sistema público de salud que tiene insatisfecho a muchas/os; pero este año; reapareció con fuerza la corrupción vía Caso Fundaciones con Democracia Viva, ProCultura, Fundación Participa, ya no solo en Antofagasta, sino también en Gobiernos regionales de Bío Bío, Araucanía, Los Lagos por nombrar aquellos donde la Fiscalía ha puesto su ojo investigativo.

 Pero también el sector privado mostró los falsos emprendimientos de algunos factoring como FactTop y otras industrias basadas en la generación miles de “facturas falsas” que muestra las debilidades del sistema tributario.

Ha sido un complejo año, pero se terminó el momento constituyente, 4 años de divisiones y peleas, que debieran dar paso a un ciclo de acuerdos transversales que levanten al país y que permitan reencontrarnos con un período de buena política, crecimiento económico y más equidad social.