El grave caso de fraude al Fisco de la inventada fundación Democracia Viva -en la antesala a la petición de desafuero de la diputada ántofagastina Catalina Pérez- ha develado que las malas prácticas siguen en los partidos políticos, en algunos personajes que desde el frente amplismo llegaron a cargos gubernamentales y que por tanto, estas situaciones ligadas a la corrupción no terminaron con el ascenso de las nuevas generaciones políticas que encabezaron el presidente Boric y el Frente Amplio como lo prometieron en su programa.

El caso Democracia Viva y los convenios con el Ministerio de la Vivienda que se conocieron en el año 2023 ha seguido impactando a la opinión pública y abrió nuevas aristas en sobre Convenios de otras Fundaciones con diversos Gobiernos Regionales como la Araucanía, Los Lagos, Bíobio, Antofagasta y otras. Ya le fue pedida la renuncia a una subsecretaria del Minvu y otras autoridades también están en la justicia.

En el caso de la Araucanía ya está desaforado un diputado de extrema derecha. En las elecciones de Gobernadores Regionales las autoridades de la época de los Gobiernos regionales involucrados no postularon o perdieron las elecciones producto del rechazo que provocó en la ciudadanía estas malas prácticas de los Convenios para desarrollar actividades truchas o que derechamente no se realizaron y donde no hubo un claro control del buen uso de los recursos públicos.

Lamentablemente este caso y otros más han instalado en la ciudadanía la percepción de que los órganos políticos electos hay un alto nivel de corrupción -como lo reitera reciente encuesta UDP/Feedback- y eso ha deteriorado la confianza ciudadana en la democracia.

La nueva generación política que ascendió al poder con la elección presidencial en 2021 promovió “su superioridad moral” y prometió que con ellos en el poder, estas prácticas corruptas terminarían, lo que claramente no ha ocurrido.

El caso Democracia Viva y otras situaciones conocidas en el último año han revelado que lamentablemente la corrupción, el pituto y la falta de apego a respetar las reglas de la democracia se han acentuado con esta nueva generación política y la gran debilidad democrática es el incremento de la corrupción lo que ha generado una fuerte desconfianza del mundo popular y las clases medias en lo que realicen los servicios públicos.

En el caso Convenios se vio que no hubo las licitaciones públicas, sino que la nueva Administración prefirió el Trato Directo, que la selección de instituciones se hacía en los asados del fin de semana con los amigos de la red frenteamplista y que en el caso de los gobiernos regionales se eludía la información y aprobación de los CORES.  En las leyes de presupuesto 2024 y 2025 se reforzaron los controles y la transparencia en el uso de los recursos regionales para que no se repitieran esas malas prácticas y lo que generó una ralentización en la ejecución, pero no se han repetido situaciones de corrupción con recursos regionales.

Las nuevas revelaciones del caso Democracia Viva muestran que la diputada Catalina Pérez mintió cuando en 2023 dijo que no sabía nada del caso y que los tratos directos de Democracia Viva eran materia de hombres adultos y esa versión fue parte de una estrategia para sacarla del conflicto.

Hoy la opinión pública sabe que la parlamentaria no dijo la verdad, que cooperó activamente en la estrategia política y comunicacional, que intentó encubrir lo ocurrido, que diseñaron un esquema en que ella no apareciera como responsable, que se inculpará a “los dos hombres adultos” (su expareja Andrade y su exjefe de gabinete Contreras, los tres en foto de portada) y puso en conocimiento al asesor presidencial Miguel Crispi (FA) sobre los posibles efectos del caso convenios con Democracia Viva.

Claramente tuvo un rol de encubridora y además, en los chats con su expareja Daniel Andrade se develó el modus operandi para copar los cargos públicos por parte del frente amplismo donde claramente no primó la excelencia, ni buscar a los mejores para los cargos públicos sino que ha sido una estrategia de copamiento político que explica porqué se han inflado el número de personal sin la experiencia y capacidad para hacer una buena gestión de los servicios públicos.

Una gestión pública que descanse en “operadores políticos” sin capacidad, ni cultura de trabajo de servicio público sólo genera errores constantes de gestión y pobres resultados en beneficio de los sectores vulnerables que son el foco de las políticas públicas. Esto explica los pobres resultados de esta administración ya sea en educación pública, en seguridad, en generación de empleos, en apoyo a los sectores vulnerables; nada se ha cumplido ni ha mejorado la condición de vida de las mayorías.

Este episodio revela que los servicios públicos están copados de “operadores de la política” que atienden a su red clientelar -lo que explica su incombustible apoyo del 25%-; pero que no trabajan para las mayorías las que han sufrido estos años el estancamiento de su calidad de vida producto de la mala gestión imperante.