Después de largos meses de debate interno en el Gobierno, el presidente Boric mediante una cadena nacional presentó la estrategia nacional para el Litio.

En su discurso reiteró la importancia estratégica que tiene el litio en la transición energética y su mayor demanda en los mercados globales, instaló una meta-país ambiciosa como es convertir a Chile “en el principal productor de litio del mundo” y para eso planteó diversos ejes estratégicos como darle al Estado “un rol protagónico en todo el proceso productivo”, fomentar la colaboración pública/privada en la exploración, explotación y agregación de valor; añadió que “todo este desarrollo se hará con la participación e involucramiento de las comunidades aledañas a las faenas mineras”.

Entrando en los detalles, añadió el anuncio que copará el debate político, económico y técnico de los próximos meses, al informar que había encomendado a “Codelco la búsqueda de los mejores caminos para lograr, desde ya, la participación del Estado chileno en la extracción de litio en el Salar de Atacama”; salar donde vía contratos CORFO -que incluyen altos royaltys que en 2022 significaron una mayor recaudación fiscal de US$ 5.000 millones- operan hace años dos empresas privadas como son SQM y Albemarle.

 Lo principal de esta nueva política del Litio es darle más protagonismo al Estado en esta colaboración pública-privada, donde desde ya se define que la participación del Estado será siempre mayoritaria 51% y la de los privados no superará 49%; entonces la pregunta que ronda en todas las conversaciones es si esa definición ex ante es un adecuado incentivo para los inversionistas considerando que Estado en esta sociedad no tiene know-how tecnológico, productivo y comercial, ni tampoco aportará capitales sustantivos.

Lo complejo del anuncio gubernamental es que se dibuja un modus operandi poco atractivo, pero que aparece más como una decisión política de “cumplir el Programa” como señaló vicepresidente CORFO. Lo que se propone es que un inversionista que explora, tiene resultados favorables, incluso que ya logró RCA -como ocurre en salar de Maricunga- y busca asociarse con Codelco, pero solo podrá participar como Socio Minoritario en una nueva empresa que se desempeñe en salares inconcesionables.

Además, este camino hacia control estatal en un sector en que Estado concesionaba y cobraba altos royaltys (que la prensa extranjera ha leído distorsionadamente como “nacionalización”) es largo, ya que Codelco y ENAMI no tienen la expertise en litio, no tienen aún los recursos humanos y técnicos para impulsar una operación productiva y los que lo tienen -por ejemplo los actores productivos del Salar de Atacama-, a los cuales -a priori- no les resultará atractivo estar en un proyecto en que su participación solo llega al 49%.

Todo este panorama muestra una importante ralentización producto de una negociación compleja y revela que esta política gubernamental no tiene un sentido de urgencia que acelere una mayor producción de litio en el país.

Ya como país se perdió el primer lugar de la producción mundial -superados por Australia-, el boom de precios actual no durará para siempre, ya hay signos de caída de precios y esta política -probablemente- no generara que nuevos actores productivos ingresen al corto plazo. Sería bueno para la decisión política que Gobierno informará de los actores productivos extranjeros interesados en invertir con estas reglas del juego de ser socio minoritario, ayudaría a tener un debate más pragmático.

Esta definición estratégica sobre el Litio requería más diálogo previo, construcción de acuerdos transversales con otros actores políticos, económicos y ciertamente con las comunidades locales atacameñas. Se requería construir una política nacional del litio que reflejara diálogos y consensos previos amplios y no solo está propuesta que refleja solo la visión gubernamental.

Este necesario diálogo previo no se hizo y ahora vendrá ahora un largo debate político en los medios de comunicación, probablemente en el Parlamento cuando se envíe el proyecto de ley sobre la Empresa Nacional del Litio y habrá un alto componente de debate ideologizado entre los partidarios del control estatal versus los promotores del protagonismo privado que ahondará la actual polarización social.

Esto generará un escenario complejo de largas negociaciones, probablemente de ralentización en la meta-país de ser primer productor mundial y se cumplirá -lamentablemente- la predicción de la consultora JP Morgan quién señaló que Chile al 2030 caería drásticamente al cuarto lugar de los productores de litio en el mundo, con lo cual la meta de liderar la producción mundial se verá amagada por este mal diseño.

El desarrollo productivo del litio requería diálogos y acuerdos transversales, que ya no se hicieron en la fase de preparación de esta política gubernamental, es de esperar que ahora se genere un espacio institucional para construir acuerdos sustantivos que permitan tener de verdad una política nacional que movilice al conjunto de la sociedad para aprovechar esta oportunidad que nos da la historia y no repetir los errores del siglo XIX con el salitre.

Pero el debate polarizado que vemos en los medios de comunicación nos habla más de tensiones, divisiones y poco diálogo conducente a un acuerdo. Mala señal que damos como país si queremos liderar la producción del Litio altamente demandado en los mercados mundiales.